La designación de Agustín Fernández al frente de la Defensoría del Pueblo de Tucumán reabrió una discusión sensible: cuánto cuesta sostener un organismo pensado para proteger a los ciudadanos y cuánto de ese dinero termina efectivamente en servicios, programas o respuestas concretas para la gente.
Un informe impulsado por el legislador José Seleme, del bloque Avanza Tucumán, puso números sobre la mesa. Según ese relevamiento, la Defensoría cuenta con un presupuesto anual que ronda los $10.000 millones, casi 500 empleados de planta, entre 250 y 300 contratados, más de 60 cargos jerárquicos y una estructura con áreas que, de acuerdo con la oposición, se superponen entre sí.
El dato más fuerte es presupuestario: alrededor del 97% de los fondos se destinaría al pago de salarios. En términos prácticos, sobre un presupuesto anual de $10.000 millones, eso implica unos $9.700 millones para sueldos. Traducido al mes, la Defensoría demandaría cerca de $833 millones, de los cuales aproximadamente $808 millones irían a gastos salariales.
Un organismo caro en una provincia golpeada
El cuestionamiento político se vuelve más delicado cuando se lo mira en el contexto social de Tucumán. Según los últimos datos del INDEC para el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo, 220.127 personas viven bajo la línea de pobreza y 29.634 se encuentran en situación de indigencia.
Ese contraste es el centro de la crítica opositora: mientras miles de familias tucumanas no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, un organismo de control consume miles de millones al año y destina casi todos sus recursos a sostener su propia estructura.
Seleme fue directo al cuestionar el volumen del gasto. “Estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos. En una provincia con pobreza, con problemas de infraestructura y con servicios que no funcionan, es un despropósito total”, planteó el legislador.
El informe también apunta a una discusión de fondo: si la Defensoría del Pueblo conserva su razón de ser como herramienta ciudadana o si terminó convertida en una estructura burocrática de alto costo. En teoría, el organismo debe intervenir frente a abusos de la administración pública, deficiencias en servicios, problemas de consumidores y vulneraciones de derechos. En la práctica, la oposición denuncia que el peso de los sueldos deja poco margen para políticas activas.
Casi 800 empleados y más de 60 cargos jerárquicos
Uno de los puntos más cuestionados es el tamaño de la planta de personal. El informe habla de 486 empleados de planta permanente y de entre 250 y 300 contratados. Es decir, una dotación que se acerca a las 800 personas.
A eso se suma una estructura de más de 60 oficinas, secretarías, direcciones, coordinaciones y jefaturas. Según la mirada opositora, esa expansión no necesariamente se tradujo en una mejor atención a los tucumanos, sino en una mayor fragmentación interna.
El relevamiento compara organigramas de gestiones anteriores, especialmente las de Fernando Juri Debo y Eduardo Cobos. De acuerdo con esa comparación, la conducción de Juri Debo mantenía una estructura más compacta, con áreas centrales como Relatores, Legal y Técnica, Relaciones Institucionales, Desarrollo y Monitoreo Institucional y Despacho.
Durante la gestión de Cobos, siempre según el informe, el esquema se volvió más amplio y segmentado. Aparecieron o se fortalecieron dependencias vinculadas a Políticas Sociales, Defensa del Consumidor, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Comunicación Institucional, Informática, Transparencia, Atención al Usuario y distintas áreas administrativas.
La crítica no está puesta sólo en la existencia de esas áreas, sino en la posible duplicación de funciones. Para Seleme, el problema es que se multiplicaron oficinas y cargos sin que quede claro cuál es el impacto real en la defensa de los ciudadanos. “Los tucumanos necesitan soluciones, no oficinas”, resumió.
El debate: reformar, achicar o eliminar
El planteo opositor llega en un momento de fuerte presión sobre el gasto público. En la Provincia se habla de austeridad, equilibrio fiscal y control de recursos, pero la Defensoría aparece ahora como un caso testigo de las estructuras estatales que crecieron durante años sin una revisión profunda.
Seleme fue más allá de la crítica y planteó dos caminos: reformar de raíz el organismo o directamente eliminarlo. “O se elimina la Defensoría o se la reformula. Porque con mucha menos gente y menos gasto, este organismo podría funcionar y estar realmente al servicio de los tucumanos”, sostuvo.
La designación de Fernández también sumó tensión política. Para la oposición, que un dirigente con trayectoria dentro del peronismo quede al frente de un organismo que debe controlar al poder provincial pone en duda la independencia institucional de la Defensoría.
El debate recién empieza, pero el informe ya instaló una pregunta incómoda: cuánto está dispuesta a pagar Tucumán por una Defensoría del Pueblo cuya mayor parte del presupuesto se va en sueldos. En una provincia donde más de 220.000 personas siguen siendo pobres, el costo de cada estructura estatal dejó de ser una discusión administrativa para convertirse en una discusión social y política.
