La eventual renuncia de Humberto Salazar al frente del Ente Cultural de Tucumán podría convertirse en el nuevo capítulo de una crisis que ya no entra debajo de la alfombra. Aunque hasta el momento no habría una confirmación oficial sobre su salida, la versión de un recambio en la conducción llega después de semanas de tensión pública, reclamos de trabajadores y un evidente desgaste político en un área que el Gobierno provincial suele mostrar en actos, agendas y fotos, pero que desde adentro viene denunciando abandono.
Una renuncia que llegaría después del estallido público
Salazar había asumido en 2024 con el respaldo político del gobernador Osvaldo Jaldo y de la ministra de Educación, Susana Montaldo, bajo la promesa de ampliar el trabajo cultural en el territorio y sostener la identidad tucumana. Dos años después, su posible salida no aparecería como un simple movimiento administrativo, sino como la consecuencia de una gestión golpeada por conflictos acumulados.
El punto de quiebre se habría producido tras la protesta de integrantes de los cuerpos estables durante una función por el Día de la Memoria en el Teatro San Martín. Allí, artistas, técnicos y trabajadores denunciaron vaciamiento, falta de gestión, precarización y problemas edilicios. La escena fue incómoda para el poder: la cultura tucumana, tantas veces usada como postal institucional, decidió hablar desde el escenario.
El reclamo no es sólo contra un funcionario
El Gobierno podría cambiar el nombre del presidente del Ente, pero el problema seguiría siendo más profundo. Los trabajadores denunciaron falta de climatización en el Teatro San Martín desde hace más de dos años, vacantes sin cubrir, planteles reducidos, sobrecarga laboral y deterioro en salas, museos y edificios. También señalaron que la Sala Orestes Caviglia, un espacio histórico para el teatro tucumano, no estaría en condiciones adecuadas para el trabajo artístico.
La respuesta oficial del Ente, lejos de descomprimir, pareció agrandar la distancia. El organismo calificó la protesta como un hecho de gravedad y cuestionó que se hubiera realizado en una conmemoración vinculada a la memoria histórica. Pero el reclamo de fondo quedó intacto: ¿cómo se defiende la memoria cultural de Tucumán si los espacios donde esa memoria se produce, se ensaya y se comparte están deteriorados?
El presupuesto también habla
La crisis cultural no puede separarse del modo en que la Provincia administra sus prioridades. El Presupuesto 2026 de Tucumán prevé casi $4,98 billones en gastos y un aumento respecto del presupuesto original anterior, pero distintos análisis advierten que la mayor parte de los recursos se concentra en gastos corrientes, mientras la inversión de capital sigue relegada. En términos concretos: mucho funcionamiento, poca transformación.
Ese esquema golpea especialmente a Cultura, un área cuya misión oficial incluye preservar el patrimonio, sostener museos, salas, cuerpos artísticos, bibliotecas, programas de estímulo, becas y subsidios. Si el Ente debe cumplir todo eso sin infraestructura adecuada, sin cargos cubiertos y con expedientes demorados, el discurso de “defender la identidad tucumana” queda reducido a una frase de acto.
La eventual salida de Salazar podría servir para oxigenar una conducción agotada, pero no alcanzaría si el Gobierno de Jaldo no revisa el problema completo: presupuesto real, mantenimiento edilicio, transparencia en la ejecución de fondos, cobertura de vacantes y una mesa de diálogo que no sea apenas una formalidad. La cultura tucumana no necesita sólo un reemplazo de nombres; necesita gestión, inversión y respeto por quienes la sostienen todos los días.
