Diego Gerardo Ovejero, abogado que se presentaba como empresario vinculado a la actividad azucarera, fue denunciado por una presunta maniobra que habría provocado pérdidas superiores a los $740 millones a, por lo menos, nueve personas.
De acuerdo con las presentaciones incorporadas al expediente, el acusado habría comenzado a captar inversores durante 2024. Les ofrecía participar en operaciones de compra y venta de grandes volúmenes de azúcar, supuestamente adquiridos a precios de hasta un 14% por debajo de los valores del mercado.
Para respaldar la propuesta, Ovejero aseguraba contar con importantes contactos dentro de los principales ingenios de Tucumán. También afirmaba que su padre se desempeñaba en tareas de control de calidad, circunstancia que, según sostenía, le permitía acceder al producto y comercializarlo posteriormente.
Prometía rendimientos mensuales de hasta el 15%
Los interesados debían entregar sumas en pesos o dólares para financiar la compra de azúcar. A cambio, recibían la promesa de obtener rendimientos mensuales de entre el 12% y el 15% durante un período determinado, además de recuperar el capital al finalizar el acuerdo.
“En tiempos de crisis, esos porcentajes resultan muy tentadores para las personas que buscan preservar sus ahorros frente a la inflación”, señaló Candelaria Hernández, representante legal de uno de los denunciantes.
Fuentes judiciales indicaron que las inversiones habrían sido canalizadas mediante las firmas Food Trading Dos SAS, Miyagi SA, El Marqués SAS y Bellamar Estancias SA. Sin embargo, las operaciones no habrían sido registradas de manera adecuada.
Esa situación llevó al fiscal Diego López Ávila a declararse incompetente para continuar con la causa. El funcionario consideró que podrían existir indicios de lavado de activos y evasión tributaria, delitos que deben ser investigados por la Justicia Federal.
Por el momento, Ovejero no fue formalmente imputado y decidió no realizar declaraciones públicas sobre las acusaciones.
Una imagen de éxito para captar nuevos inversores
Según los denunciantes, Ovejero proyectaba en las redes sociales la imagen de un empresario exitoso. Publicaba fotografías de viajes al exterior, vehículos de alta gama y propiedades ubicadas en barrios privados y en Tafí del Valle.
“Es otra de las estrategias que utilizan estas personas para captar inversores. Se muestran exitosos para que la gente crea que el negocio realmente funciona”, expresó el abogado José María Molina, representante de uno de los damnificados.
Los testimonios sostienen que, durante los primeros meses, el acusado cumplía con los pagos prometidos. Esa conducta le habría permitido ganar confianza y sumar nuevos aportantes al supuesto negocio.
Para Molina, la operatoria presenta características compatibles con una estafa piramidal. El abogado explicó que los fondos aportados por nuevos inversores habrían sido utilizados para afrontar los primeros compromisos, hasta que el esquema dejó de ser sostenible.
Los denunciantes también afirmaron que Ovejero enviaba fotografías y videos de cargamentos de azúcar para justificar demoras y demostrar que las operaciones comerciales se encontraban en marcha.
“El problema es que creó una red de engaños para sostener el esquema. Primero decía que las compras estaban demoradas y enviaba videos y fotografías para mostrar que estaba solucionando los inconvenientes”, manifestó Ariel Lezcano, abogado de otro de los denunciantes.
Acuerdos incumplidos, cheques sin respaldo y nuevas denuncias
Cuando comenzaron los reclamos, Ovejero habría intentado evitar las demandas mediante acuerdos privados con los inversores. En uno de los casos, firmó un acta en el Ministerio Público en la que se comprometía a devolver más de $280 millones a dos personas, aunque no habría cumplido con el pago.
Lezcano relató que, en otra oportunidad, el acusado aseguró que recibiría una importante suma proveniente de un juicio y citó a uno de los damnificados en una entidad bancaria ubicada frente a Tribunales. Sin embargo, nunca se presentó.
Posteriormente, los abogados habrían descubierto que otras personas recibieron promesas similares.
También se firmaron convenios en escribanías para devolver los fondos. En algunos casos, Ovejero habría entregado cheques y documentación de vehículos como garantía o forma de pago.
“Después se descubrió que los cheques carecían de respaldo y que los mismos bienes habían sido ofrecidos a distintas personas. No hay manera de desvincularlo de esas operaciones porque todos los documentos tienen su firma”, indicó el abogado Alejandro García Biagosch.
Mientras la investigación avanza hacia el fuero federal, el denunciado fue objeto de escraches en redes sociales y en distintos puntos de Yerba Buena, donde aparecieron carteles con su fotografía y mensajes acusatorios.
Los representantes legales de los damnificados anticiparon que podrían presentarse más casos. Según Hernández, varias personas estarían advirtiendo recién ahora que los compromisos asumidos no serían cumplidos y analizan recurrir a la Justicia para intentar recuperar sus fondos.
