El caso de Víctor Gabriel Autalán desnuda algo más grave que un crimen en La Costanera. Expone una decisión judicial de altísimo riesgo: permitir que un hombre con condena por drogas, con un nuevo expediente por el mismo delito y con pedido de revocación de la libertad condicional estuviera en su casa sin tobillera electrónica ni consigna policial permanente. No se trató de un detalle administrativo. Fue, lisa y llanamente, una mala evaluación del peligro.
Porque cuando el Estado decide morigerar una detención, no sólo concede un beneficio: también asume la responsabilidad de controlar que esa persona cumpla la medida. Si no hay vigilancia real, el arresto domiciliario deja de ser una alternativa a la cárcel y se convierte en una ficción. Y en este caso, esa ficción terminó de la peor manera: con un hombre asesinado de cuatro disparos en plena tarde tucumana.
Un acusado con antecedentes no pedía confianza, pedía control
La defensa del arresto domiciliario suele apoyarse en una idea razonable: no todos los acusados o condenados deben estar presos en una unidad penitenciaria. Pero esa lógica exige algo básico, que es discriminar perfiles. No es lo mismo una persona sin antecedentes, con arraigo y bajo riesgo procesal, que alguien que ya había sido condenado por comercialización de drogas, que volvió a caer por un expediente similar y que además debía tener revocado un beneficio anterior.
Ahí aparece el corazón del problema. A Autalán no sólo le habían dado una salida menos gravosa. Se la dieron, según lo conocido hasta ahora, sin un dispositivo que alertara si salía de su domicilio y sin una custodia que verificara el cumplimiento. Es decir, se eligió una de las variantes más blandas para un imputado que, por su historial, exigía exactamente lo contrario. No fue un vacío legal: fue una combinación equivocada entre flexibilidad judicial y ausencia de control efectivo.
El crimen de La Costanera también interpela al sistema
Después del homicidio será fácil concentrar toda la atención en el tirador. Pero el caso obliga a mirar también a quienes tomaron decisiones previas. Si la Justicia ya sabía que estaba frente a una persona reincidente en causas de drogas, con un beneficio en discusión y en un contexto barrial atravesado por violencia y narcomenudeo, entonces concederle arresto domiciliario sin monitoreo no puede leerse como un simple trámite. Fue una apuesta riesgosa que salió mal.
Lo más inquietante es que la provincia sí cuenta con herramientas para un control más estricto. Existen dispositivos de monitoreo electrónico y protocolos de seguimiento. Por eso, el debate de fondo no pasa sólo por preguntarse si había recursos, sino por qué no se utilizaron en un caso que mostraba señales de alarma. En esa omisión está la verdadera gravedad del episodio. La muerte de Cristian Esteban Cardozo no sólo deja otro expediente por homicidio: deja además la sensación de que el sistema llegó tarde porque antes decidió mirar con demasiada indulgencia.
