Tras una sucesión de siniestros fatales que volvió a conmocionar a Tucumán, referentes de la oposición salieron a exigirle al gobernador Osvaldo Jaldo que declare la emergencia vial en la provincia. El planteo se produce luego de que se registraran ocho muertes en rutas tucumanas en apenas seis días, una cifra que encendió las alarmas y dejó al descubierto el deterioro de la infraestructura caminera.
El reclamo opositor no se limita a un pedido administrativo. Busca instalar una discusión política de fondo: si el Gobierno provincial está llegando tarde frente a un problema que se repite desde hace años y que, cada vez con mayor frecuencia, termina en tragedias.
La oposición sostiene que la seguridad vial debe convertirse en una política de Estado y que el Ejecutivo no puede seguir respondiendo sólo después de los hechos consumados.
Rutas deterioradas y una agenda que incomoda
Los dirigentes opositores apuntaron contra el estado de las rutas provinciales y reclamaron un plan de infraestructura que incluya obras concretas. Entre los pedidos aparecen la modernización de la Ruta 38 hasta el límite con Catamarca, la repavimentación de las rutas 303, 307 y 157, y la instalación masiva de radares para controlar los excesos de velocidad.
Detrás del reclamo hay una crítica directa a la gestión de Jaldo: la provincia convive con una red vial envejecida, con tramos deteriorados y con una infraestructura que no acompaña el crecimiento del tránsito ni las necesidades actuales del interior.
La oposición intenta así correr el debate del terreno de la fatalidad al de la responsabilidad política. Las muertes en las rutas, advierten, no pueden ser leídas como hechos aislados cuando se producen sobre caminos con problemas estructurales, falta de mantenimiento y controles insuficientes.
Un desafío para Jaldo
El pedido de emergencia vial coloca al Gobierno provincial frente a una presión incómoda. Declarar la emergencia implicaría admitir la gravedad del cuadro y habilitar una respuesta más rápida, con fondos, obras y controles específicos. No hacerlo, en cambio, puede alimentar la crítica de que la Casa de Gobierno minimiza un problema que afecta a miles de tucumanos todos los días.
La oposición encontró en la crisis vial un tema sensible, transversal y difícil de esquivar. No se trata sólo de rutas: se trata de familias que viajan al trabajo, productores que dependen de caminos seguros, estudiantes que se trasladan entre localidades y vecinos del interior que conocen de cerca el abandono de la infraestructura.
Jaldo deberá decidir si toma el reclamo como una presión partidaria o como una advertencia política frente a una demanda real. Porque después de una semana marcada por la muerte en las rutas, el costo de no hacer nada también empieza a tener responsables.
