El diputado nacional y jefe de La Bancaria en Tucumán, Carlos Aníbal Cisneros, quedó otra vez en el centro de una ofensiva judicial que ahora avanza en dos frentes a la vez: un escrito presentado ante el fuero federal por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y otro ante el fuero provincial por presunta asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal y otros delitos. En ambos casos, el planteo no se limita a imputaciones: pide detención y, en el caso del legislador, desafuero.
La novedad cae en un momento político delicado: Cisneros y el gobernador Osvaldo Jaldo vienen de protagonizar una escalada de pases de factura que explotó con el recambio en la Caja Popular de Ahorros y con acusaciones cruzadas por “operaciones” en medios nacionales. En ese tablero, la intendenta Rossana Chahla —pieza clave del oficialismo metropolitano — queda expuesta a una pregunta incómoda: ¿se alinea con el jaldismo para blindar gestión o queda asociada a una interna donde el nombre de Cisneros hoy suma costo?
Dos pedidos en simultáneo: qué se pidió y ante quién
Los dos escritos están firmados por José Ignacio Florentín Bobadilla, uno de los futbolistas sobreseídos en la causa conocida como “Caso Vélez”, con patrocinio de María Florencia Abdala y Camilo Atim. La estrategia es doble:
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En el fuero provincial (Unidad Fiscal Regional): el documento solicita a la fiscal que requiera la “inmediata detención” de Patricia Micaela Neme, Franco Venditti, Carlos Aníbal Cisneros, Federico Petraglia y Milagros Castellote, bajo el argumento de que existirían indicios suficientes de participación en una organización que habría actuado coordinadamente para influir en funcionarios y testigos, introducir información falsa y obstaculizar el proceso. En el mismo escrito se pide que se impulse el desafuero de Cisneros por su condición de diputado nacional.
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En el fuero federal (Juzgado Federal): el planteo apunta directamente a Cisneros y pide su detención y llamado a indagatoria en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual, además del desafuero y la remisión de las actuaciones provinciales.
En cuanto a los elementos mencionados para sostener el pedido, el escrito federal cita declaraciones y actuaciones que —según la presentación— exhibirían un patrón de control y maniobras para condicionar el caso: desde la mención de una testigo que atribuye decisiones al diputado, hasta la supuesta intervención de un hombre de confianza (Petraglia) para acceder a registros del Hotel Hilton antes de que existiera denuncia formal, además de alusiones a un robo de celular y a riesgos procesales como fuga u obstrucción.
El punto político más sensible es el final del recorrido: si un juez o la fiscalía formalizan el pedido, el Congreso debe decidir si habilita el levantamiento de la inmunidad de arresto. No es un trámite administrativo: es una decisión con costo político.
Del “Caso Vélez” al golpe interno: por qué estalló la guerra Cisneros–Jaldo
Para entender el choque hay que volver a la secuencia que, en el oficialismo, muchos ya leían como inevitable:
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La causa que reconfiguró todo. El “Caso Vélez” terminó con el sobreseimiento de los jugadores y con derivaciones que apuntaron a investigar el armado de la denuncia y posibles delitos conexos. Ese giro, además de judicial, fue político: dejó a Cisneros bajo una lupa pública y le dio combustible a la interna peronista.
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La Caja Popular como frontera de poder. En enero, Jaldo ejecutó una decisión de alto voltaje: removió a las autoridades de la Caja Popular de Ahorros asociadas al esquema bancario y designó nuevos interventores. Aunque el gobernador insistió públicamente en que era una medida “institucional” y pidió no mezclar la Caja con la interna del PJ, el mensaje hacia adentro fue inequívoco: “nadie es dueño de las instituciones” y, si hay disputa política, “ya viene el 2027”.
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El episodio que aceleró la ruptura. En el peronismo tucumano circuló una lectura dominante: la publicación de fotos del gobernador de vacaciones en medios nacionales fue tomada como una operación que buscaba erosionarlo. Jaldo habló de “medios incentivados” y dejó advertencias con destinatarios internos. En ese clima, el recambio en la Caja funcionó como un corte de ruta: del “equilibrio incómodo” a la confrontación abierta.
En ese contexto, el doble frente judicial no aparece como un hecho aislado: se monta sobre una interna que ya estaba en marcha. Para el jaldismo, la ofensiva contra Cisneros refuerza el argumento de “orden institucional” y de control del tablero. Para el cisnerismo, en cambio, la lectura es la inversa: persecución y disciplinamiento en un año donde la disputa de liderazgos empieza a asomarse.
¿Cómo queda parada Chahla?: la capital, el 2027 y el riesgo de quedar pegada
Rossana Chahla queda en una posición compleja por tres razones simultáneas:
1) Porque su gestión depende de coordinación con Provincia. La intendenta necesita obras, financiamiento y logística metropolitana. En las últimas semanas, la foto pública fue de trabajo conjunto, pero el trasfondo es una interna donde cada gesto se lee como alineamiento.
2) Porque su nombre ya circula en clave 2027. Pintadas y afiches con su apellido alimentaron versiones de proyección provincial, y en política tucumana no hay casualidades: si aparece un nombre, alguien está probando reacción. En paralelo, dentro del jaldismo existe desconfianza hacia figuras que podrían convertirse en polos alternativos del PJ.
3) Porque Cisneros fue, históricamente, un aliado fuerte en la capital. No es un detalle menor: Cisneros respaldó a Chahla en su construcción política municipal y su estructura sindical tiene volumen. Pero hoy ese vínculo puede volverse un lastre: con pedidos de detención y desafuero circulando, cualquier cercanía —real o atribuida— puede transformarse en costo reputacional.
Entonces, ¿cómo queda parada? En términos políticos, en la cornisa: si se muestra demasiado cerca del gobernador, arriesga tensiones con sectores internos que la ven como opción; si se la percibe orbitando el universo Cisneros, corre el riesgo de quedar salpicada por una tormenta judicial que recién empieza. Su mejor refugio, por ahora, es el más clásico: gestión, agenda municipal y silencio fino sobre la interna. Pero en Tucumán, cuando el poder entra en modo 2027, el silencio dura poco.
