A casi 20 años del crimen de Paulina Lebbos, la Justicia tucumana volvió a quedar sin una respuesta definitiva sobre quién mató a la joven estudiante de Comunicación Social. En un fallo que profundiza la incertidumbre sobre uno de los asesinatos más atroces y emblemáticos de la provincia, el Tribunal de la Sala III absolvió hoy a César Soto, ex pareja de Paulina, por el beneficio de la duda.
La decisión fue adoptada por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, luego de un debate oral que se extendió durante 14 jornadas. Para los magistrados, el plexo probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal, representado por Carlos Sale, no alcanzó el grado de certeza necesario para dictar una condena a prisión perpetua.
El fallo implica que la hipótesis sostenida por la Fiscalía no logró superar el estándar exigido en un juicio penal. Sale había acusado a Soto de haber estrangulado a Paulina en su domicilio de calle Estados Unidos el 26 de febrero de 2006, día en que la joven desapareció antes de que su cuerpo fuera hallado días después en Tapia, a la vera de la ruta 341.
La absolución no necesariamente borra las sospechas, pero sí consagra judicialmente una conclusión demoledora: con las pruebas disponibles, no se pudo acreditar la responsabilidad penal de Soto. En términos concretos, el caso vuelve a quedar sin un autor material condenado.
La caída de la acusación y el retiro de cargos contra Kaleñuk
El veredicto también formalizó la absolución de Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de la Gobernación durante el alperovichismo, Alberto Kaleñuk. A diferencia de Soto, Kaleñuk llegó al final del proceso prácticamente sin acusación en su contra, luego de que el propio fiscal Sale desistiera de los cargos durante la etapa de alegatos.
El representante del Ministerio Público Fiscal admitió que no se había logrado acreditar la participación de Kaleñuk en las presuntas maniobras de descarte del cuerpo de Paulina. La acusación, en ese punto, quedó marcada por lo que el propio proceso terminó exhibiendo como una orfandad probatoria.
Esa decisión había sido duramente cuestionada por Alberto Lebbos, padre de Paulina, quien insistió con planteos de nulidad y calificó la postura fiscal como un acto de arbitrariedad. Para Lebbos, el retiro de la acusación contra Kaleñuk era una nueva muestra del deterioro del proceso y de la forma en que la causa fue perdiendo capacidad de llegar a la verdad.
Con las absoluciones de Soto y Kaleñuk, este tramo del expediente concluye con los dos imputados en libertad. El resultado es devastador para las expectativas de castigo contra los presuntos autores materiales: el juicio que debía acercar una respuesta terminó cerrando otra puerta.
Durante el debate, la defensa de Soto, encabezada por Roque Araujo, apuntó contra la debilidad estructural de la investigación. El abogado sostuvo que se pretendía condenar a un “chivo expiatorio” y calificó la teoría acusatoria como una “fábula”. Insistió, además, en la falta de pruebas directas que ubicaran a Paulina en la casa de Soto durante la noche de su desaparición.
Entre los puntos señalados por la defensa estuvieron la ausencia de mensajes de texto, testimonios concluyentes o evidencias físicas que permitieran reconstruir con certeza los últimos momentos de la joven. Esa fragilidad probatoria, derivada de una instrucción atravesada desde sus inicios por irregularidades, terminó pesando en la decisión del tribunal.
Veinte años después, la impunidad vuelve a imponerse
La sensación que deja el fallo es amarga y profunda: Paulina fue asesinada, hubo encubrimiento, hubo maniobras de ocultamiento, hubo responsables institucionales condenados en otros tramos de la causa, pero sigue sin saberse quién la mató.
El caso Lebbos ya había tenido condenas contra integrantes de la cúpula policial del alperovichismo y contra el ex fiscal Carlos Albaca por encubrimiento. Sin embargo, esas sentencias no alcanzaron para responder la pregunta central que atraviesa a la familia, a la Justicia y a la sociedad tucumana desde 2006: quién fue el autor material del crimen.
La absolución de Soto no puede leerse de manera aislada. Llega después de dos décadas de demoras, desvíos, sospechas, causas conexas, denuncias de protección política y una investigación inicial viciada por el accionar de sectores policiales y judiciales. Ese origen contaminado terminó proyectando sus consecuencias hasta el presente.
Para Alberto Lebbos, que durante 20 años encabezó una lucha incansable contra lo que definió como una “maquinaria de impunidad”, el fallo representa un golpe durísimo. Su advertencia sobre el “oscurantismo procesal” y la falta de avance en las causas conexas parece encontrar ahora una expresión concreta: el expediente llegó a juicio, pero no logró producir justicia.
El desenlace deja al caso Paulina Lebbos en una zona dolorosa de la historia criminal tucumana. No porque no haya existido un crimen, sino porque el sistema judicial no logró determinar quién lo cometió. La verdad judicial quedó atrapada entre la duda, la mala instrucción, el paso del tiempo y las responsabilidades que nunca terminaron de esclarecerse.
Así, el nombre de Paulina vuelve a quedar asociado a una palabra que su familia intentó combatir durante dos décadas: impunidad. La sentencia no cierra la herida; la agranda. Y deja una certeza social tan dura como inquietante: al final del camino, después de años de marchas, juicios, denuncias y promesas, sigue sin haber justicia.
