Un grave episodio de violencia escolar encendió la alarma en Banda del Río Salí. Un estudiante resultó herido en el rostro luego de que un compañero utilizara un aerosol y un encendedor para provocar una llamarada dentro de una institución educativa del este tucumano. El hecho, que la familia de la víctima denunció públicamente, reabrió la discusión sobre los controles dentro de las escuelas, la responsabilidad de los adultos y la aplicación de protocolos ante situaciones que pueden terminar con consecuencias severas.
El caso fue dado a conocer por Francisco Risso, padre del adolescente lesionado, quien compartió en redes sociales imágenes de su hijo con curaciones en la cara. Según su relato, el ataque ocurrió el jueves 30 de abril, cuando otro alumno, de entre 16 y 17 años, manipulaba elementos inflamables como parte de un supuesto “juego” que terminó impactando directamente sobre el rostro de su hijo.
El “juego” que terminó en una agresión
De acuerdo con la denuncia pública realizada por la familia, el adolescente señalado habría usado un aerosol junto a una fuente de fuego para generar una llamarada similar a un “lanzallamas” casero. La práctica, que algunos jóvenes suelen presentar como una broma o una demostración dentro de grupos de pares, implica un riesgo evidente: la expansión del fuego puede alcanzar en segundos la cara, los ojos, el cabello, la ropa o las vías respiratorias de quien esté cerca.
En este caso, la llamarada habría alcanzado al alumno en el rostro. Las imágenes difundidas por el padre mostraban al joven con curaciones, lo que generó preocupación entre familiares, compañeros y vecinos de la zona. La familia habló de heridas de consideración y apuntó no sólo contra el estudiante involucrado, sino también contra la respuesta institucional posterior.
El dato más inquietante es que todo habría ocurrido dentro del ámbito escolar, un espacio donde los alumnos permanecen bajo la responsabilidad de las autoridades educativas durante la jornada de clases. Por eso, el episodio dejó de ser leído únicamente como una conducta individual peligrosa y pasó a formar parte de una discusión más amplia: qué controles existen, cómo se detectan estos riesgos y qué medidas se toman cuando un estudiante introduce o manipula elementos capaces de provocar lesiones.
El enojo de la familia y el cuestionamiento a la escuela
Risso sostuvo que el alumno involucrado ya tendría antecedentes de conducta conflictiva y expresó su malestar por la forma en que, según él, actuó la institución. El padre afirmó que la madre del adolescente señalado no habría sido informada debidamente sobre la gravedad de lo ocurrido.
Según su descargo, al estudiante le habrían hecho firmar un papel y luego lo enviaron a su casa. Esa respuesta fue considerada insuficiente por la familia de la víctima, que reclamó una intervención más firme y una comunicación clara con los adultos responsables del menor involucrado.
El padre también advirtió que, si se repite una situación similar, avanzará con una denuncia penal contra los padres del adolescente señalado, por considerar que existe una falta de control y responsabilidad familiar. Su frase más fuerte fue dirigida a otros padres: “Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el tuyo”.
Ese mensaje resume el temor que suele aparecer después de este tipo de episodios: que un hecho presentado como una broma termine provocando lesiones graves, y que la comunidad educativa recién tome dimensión del riesgo cuando ya hay un alumno herido.
Un caso que se suma al debate por la violencia escolar
El episodio ocurre en un contexto en el que el Gobierno provincial viene reforzando discursos y medidas frente a hechos de violencia en escuelas. En abril, el Poder Ejecutivo firmó un decreto para endurecer controles y sanciones ante amenazas, agresiones y alteraciones del orden en establecimientos educativos. Esa norma fijó responsabilidades para directivos, familias y alumnos, e instruyó a las áreas de Seguridad y Educación a intervenir ante situaciones de riesgo.
También está vigente una guía provincial para el abordaje de situaciones problemáticas complejas, aprobada en octubre de 2025, que establece pautas de actuación para escuelas públicas y privadas. Allí se insiste en la necesidad de activar protocolos, reforzar controles, acompañar a los estudiantes y comunicar a las familias cuando ocurre un hecho que afecta la convivencia o la seguridad.
La preocupación no es aislada. En los últimos meses, Educación informó intervenciones por distintos hechos graves: un estudiante detectado con un arma de fuego en una escuela de la capital, una agresión con arma blanca en Alderetes y denuncias por bullying en establecimientos de la provincia. En esos casos, la cartera educativa comunicó la intervención de equipos técnicos, supervisores, gabinetes pedagógicos y servicios de asistencia escolar.
El caso de Banda del Río Salí incorpora un elemento particular: el uso de fuego dentro de una escuela. No se trató de una pelea común ni de una amenaza verbal, sino de una acción con capacidad real de producir quemaduras, afectar la visión o generar daños mayores. Por eso, la respuesta institucional será clave para determinar si hubo actuación inmediata, si se informó correctamente a las familias, si se aplicó el acuerdo escolar de convivencia y si corresponde la intervención del Ministerio de Educación.
Más allá de la eventual sanción, el hecho deja una advertencia concreta para toda la comunidad educativa: los elementos cotidianos también pueden transformarse en objetos peligrosos cuando se usan de manera irresponsable. En una escuela, esa frontera entre “broma” y agresión puede cruzarse en segundos.
