La causa judicial que investiga el uso de detenidos para realizar trabajos en una vivienda particular de El Cadillal sumó un nuevo capítulo: dos mujeres policías que se desempeñaban como secretarias del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Javier Beltrán, fueron imputadas por encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública. Con esta decisión, ya son nueve los efectivos alcanzados por la pesquisa.
La acusación apunta al retiro de elementos clave
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las suboficiales, una cabo y una sargento ayudante, habrían actuado el 11 de noviembre de 2025, cuando se enteraron de que avanzaba una investigación por peculado contra Beltrán y Sergio Marcelo Juárez. Según la acusación expuesta por el auxiliar Federico Lizárraga, se anticiparon a la llegada del Ministerio Público Fiscal a la sede de la URN y retiraron objetos de las oficinas del jefe y del subjefe que podían resultar relevantes para la causa. El juez les impuso medidas de menor intensidad por tres meses mientras continúa la investigación.
El caso original sigue comprometiendo a la cúpula policial
La causa principal sostiene que, entre agosto y noviembre de 2025, Beltrán habría ordenado el traslado irregular de cuatro detenidos desde dependencias policiales de Chuscha y Choromoro hacia la Unidad Regional Norte, para luego enviarlos a una propiedad suya en El Cadillal. Allí, siempre según la acusación, realizaban tareas de albañilería, pintura y herrería con la colaboración de personal policial y el uso de recursos estatales. En el expediente ya están detenidos Beltrán, Juárez, Edim Roberto Nasser y Fabiana Elizabet Villagrán, mientras otros efectivos cumplen medidas menos gravosas.
