La posible rescisión del contrato para la obra del Acceso Sur volvió a encender la polémica en Tucumán. El proyecto, presentado en su momento como una solución estratégica para ordenar el tránsito en uno de los ingresos más importantes a la capital, atraviesa un escenario de incertidumbre y podría quedar definitivamente truncado.
El legislador Manuel Courel cuestionó la falta de gestión en torno a la obra y advirtió sobre las consecuencias que la paralización genera en la vida cotidiana de miles de vecinos, trabajadores y automovilistas.
Courel aseguró que sigue el tema “desde hace varios meses” y recordó que recorrió la zona junto a vecinos de San Andrés para visibilizar el problema. Según indicó, los avances concretos fueron escasos. “Sabía que esta obra estaba parada hace mucho tiempo. Lo que se hizo hasta ahora es mínimo: algunas columnas y tareas de expropiación”, señaló.
Críticas a la gestión provincial y nacional
El proyecto comenzó a gestarse en 2020, fue licitado en 2021 y adjudicado en 2022, con un plazo previsto de ejecución de 24 meses y un presupuesto cercano a los 20 millones de dólares. Sin embargo, el legislador afirmó que “no se hizo ni un 15% de la obra”.
Entre los factores que habrían incidido en la demora mencionó la inflación, los problemas de costos, las trabas en las expropiaciones y dificultades técnicas que, según sostuvo, “la provincia no supo resolver”.
En ese punto, Courel rechazó que la paralización pueda atribuirse únicamente al freno de la obra pública nacional. “Esto ya estaba detenido durante la gestión de Alberto Fernández. Cuando Osvaldo Jaldo asumió como gobernador, la obra ya estaba parada”, remarcó.
También apuntó contra la falta de definiciones entre jurisdicciones. Según planteó, Vialidad provincial sostiene que el sector corresponde a la órbita nacional, mientras que desde Nación no habría respuestas concretas. “Pero al mismo tiempo se colocan semáforos y se cobran multas. Es un sinsentido”, criticó.
El caos diario en San Andrés
El punto más conflictivo es el nudo vial donde confluyen la ruta nacional 9 y la provincial 306. Por ese sector circulan unos 30.000 vehículos por día, entre camiones, colectivos, autos particulares y transporte de larga distancia.
Courel describió la situación como un colapso permanente. “Es el principal acceso a Tucumán. Los turistas llegan y se encuentran con un caos tremendo. Camiones, colectivos, autos particulares… todo colapsa en ese punto”, expresó.
El legislador también relató casos concretos que reflejan el impacto cotidiano de la demora. Indicó que un chofer le contó que el viaje entre Tucumán y Santiago del Estero aumentó unos 20 minutos únicamente por el semáforo instalado en la zona. También mencionó el caso de una vecina que tarda cerca de una hora para recorrer apenas entre cinco y siete kilómetros.
Ante la posibilidad de que la empresa concesionaria haya solicitado la rescisión del contrato, Courel advirtió que Tucumán no puede resignarse a dejar inconclusa una obra considerada central para la conectividad provincial.
Como salida provisoria, propuso la construcción de una rotonda o derivador que permita ordenar el tránsito hasta que se retome el proyecto original. Según estimó, esa alternativa demandaría alrededor del 10% del presupuesto inicial, unos dos millones de dólares.
“Esto lo anunciaron las autoridades provinciales y no se hizo. Tucumán no puede resignarse a tener un acceso en estas condiciones. Es una vergüenza y alguien tiene que hacerse cargo”, concluyó.
