La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada a golpes y hallada dentro de una bolsa de consorcio en un descampado de Manantial Sur, tiene hasta ahora un nombre central: Felipe “El Militar” Sosa. Sin embargo, para los investigadores, el expediente todavía no está cerrado y no se descarta que haya más personas involucradas en el crimen.
Érika había salido de su casa con destino a la vivienda de Sosa, ubicada en Yerba Buena. Dos días después, su cuerpo fue encontrado abandonado en una zona descampada. La autopsia confirmó que la joven murió como consecuencia de una golpiza.
Sosa fue el primer detenido. Lo atraparon en Buenos Aires, cuando, según la investigación, evaluaba fugarse al exterior. En un primer momento fue acusado de homicidio simple, pero con el avance de la causa el fiscal Pedro Gallo agravó la imputación a femicidio, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.
Además del principal sospechoso, Justina Gordillo, Nicolás Navarro Flores y Jorge Orlando Díaz fueron procesados por encubrimiento. Pese a ello, fuentes judiciales remarcaron que la pesquisa continúa y que aún se analizan posibles participaciones de otras personas. “La pesquisa avanza, pero no se cerró aún”, sostuvo una fuente del caso.
Las pruebas contra “El Militar” y las pericias que pueden ser claves
El Ministerio Público Fiscal cuenta con dos elementos considerados centrales para sostener la acusación contra Sosa. El primero es el recorrido que hizo Érika en Uber hasta la casa del sospechoso. El segundo, de mayor peso probatorio, es el resultado genético que determinó que los restos biológicos encontrados bajo las uñas de la víctima pertenecían a “El Militar”.
Para los investigadores, ese hallazgo permite sostener que Érika no solo estuvo con Sosa, sino que además habría intentado defenderse durante el ataque que terminó con su vida. Esa prueba se convirtió en uno de los pilares de la teoría fiscal.
Pero la causa todavía espera resultados que podrían modificar o ampliar el escenario. Una de las medidas pendientes es el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a Sosa. Según fuentes judiciales, solo uno de los aparatos pudo ser desbloqueado y peritado hasta ahora. El otro, un iPhone, continúa en proceso porque el acusado no habría aportado los datos necesarios para acceder a su contenido.
La otra medida considerada sensible es una pericia genética sobre restos de saliva hallados en la bolsa donde fue ocultado el cuerpo de Érika. Esa muestra será comparada con los perfiles de los procesados en la causa para determinar si pertenece a alguno de ellos. El resultado podría aportar información clave sobre quiénes participaron en el descarte del cuerpo o tuvieron contacto con la escena posterior al crimen.
La mujer que llegó en moto, las fiestas y la pista narco
Uno de los puntos que mantiene abiertas las dudas es la presencia de una mujer que habría llegado a la casa de Sosa la noche del crimen. Según la investigación, “El Militar” arribó a su vivienda en moto acompañado por una mujer. En un primer momento, las hermanas de Érika creyeron que podía tratarse de la víctima, pero esa versión fue descartada.
La joven, de acuerdo con los datos incorporados al expediente, llegó varias horas después en un Uber que había tomado desde su domicilio. La pregunta sobre quién era la mujer que acompañó a Sosa sigue sin respuesta y es uno de los interrogantes que más interés despierta entre los investigadores.
Los testimonios de Justina Gordillo y Nicolás Navarro Flores tampoco terminaron de aclarar ese punto. Ambos habrían aportado detalles sobre lo ocurrido después del crimen, pero no sobre la mecánica del asesinato ni sobre quiénes pudieron haber estado presentes en la escena.
En paralelo, la causa abrió otra línea vinculada al tráfico y la comercialización de drogas. Familiares de Érika afirmaron que la joven les había contado que Sosa vendía éxtasis en fiestas electrónicas y que, en oportunidades en las que estuvo en su casa, vio bolsas con pastillas. Gordillo también declaró que sabía que el acusado había estado involucrado en esa actividad, mientras que Navarro Flores dijo que le compraba cocaína y que, antes de huir, Sosa le entregó una piedra de esa sustancia y una caja donde ocultaba drogas sintéticas.
La familia Álvarez, a través de su abogado Carlos Garmendia, pidió que la Justicia Federal investigue los presuntos vínculos narcos del principal acusado. Sosa ya era investigado por el fiscal Agustín Chit por una causa anterior, luego de que años atrás se encontrara una plantación de marihuana en su vivienda.
El expediente por el femicidio de Érika Álvarez avanza con un acusado principal, tres procesados por encubrimiento y una serie de preguntas todavía abiertas. La Justicia intenta determinar si Sosa actuó solo, si hubo más personas en la escena del crimen y quiénes participaron en el ocultamiento del cuerpo. Mientras tanto, la familia de la joven espera que las pericias pendientes permitan reconstruir lo que ocurrió y evitar que el caso quede reducido a una verdad incompleta.
