El gobernador Osvaldo Jaldo movió fichas en dos estructuras sensibles del Estado provincial: Canal 10 y el Subsidio de Salud. No se trata de áreas menores ni neutras. La televisora pública viene arrastrando cuestionamientos por su situación financiera, la necesidad de aportes millonarios, atrasos salariales y críticas opositoras a su línea editorial. La obra social estatal, en tanto, quedó en el centro de reclamos gremiales por el aumento del Plan Complementario, denuncias por el impacto en los bolsillos de los afiliados, quejas por prestaciones y una creciente judicialización de casos vinculados a coberturas médicas.
El movimiento administrativo fue formalizado con la designación del contador Pablo Gonzalo Infante como nuevo síndico titular de Televisora de Tucumán SAPEM, en reemplazo de Lucas Aníbal González. Este último, que había sido nombrado en la sindicatura de Canal 10 el año pasado, pasó ahora a ocupar un lugar dentro del Subsidio de Salud como subinterventor administrativo.
Canal 10: una sindicatura clave en una empresa bajo presión financiera
El cambio en la sindicatura de Canal 10 no es un simple reemplazo formal. El síndico cumple una función central en el esquema de control interno de una sociedad: debe fiscalizar la administración, supervisar el cumplimiento de normas legales y estatutarias y revisar la gestión económica y financiera. En una empresa con los antecedentes recientes de Televisora de Tucumán SAPEM, ese cargo adquiere un peso político y técnico mayor.
Canal 10 viene de un período marcado por números rojos y discusiones públicas sobre el uso de fondos estatales. A fines de 2024, la Universidad Nacional de Tucumán aprobó una asistencia financiera de $249.803.208 como aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital, destinada a cubrir necesidades de corto plazo y cancelar pasivos. En la resolución universitaria se describía un cuadro delicado: caída real de ventas, contracción del mercado publicitario, menor pauta del sector público, pérdida de clientes privados y un fuerte peso del costo fijo salarial.
El informe incorporado a ese expediente también planteaba objetivos concretos para intentar ordenar la empresa: reducción de costos del 24%, aumento real de ventas del 28%, análisis del mercado local y regional, revisión de la política de precios, elaboración de un plan de retiro voluntario, renegociación de convenios laborales, deterioro tecnológico y necesidad de expansión en plataformas digitales.
Luego, en 2025, la Legislatura aprobó un DNU impulsado por Jaldo para autorizar un aporte provincial superior a los $107 millones, con el argumento de preservar la participación accionaria del Estado tucumano en la televisora. Ese debate dejó expuestas las críticas. Desde la oposición se cuestionó que se exceptuara a Canal 10 de disposiciones de la Ley de Administración Financiera, se habló de falta de presupuesto aprobado, balances atrasados, denuncias por manejo institucional y una presunta línea editorial favorable al oficialismo.
La controversia se profundizó cuando se conoció que los fondos provinciales serían reasignados desde partidas destinadas a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. La cifra exacta mencionada en ese decreto fue de $107.058.517,71, redireccionada hacia aportes de capital a empresas públicas no financieras.
También hubo tensión puertas adentro. Trabajadores de Canal 10 reclamaron en 2024 por el pago de sueldos en término. Según publicaciones de ese momento, venían cobrando haberes en cuotas y analizaron medidas gremiales ante la falta de respuestas. En el debate legislativo posterior, desde el oficialismo se llegó a justificar el aporte provincial señalando que no había recursos para afrontar salarios de abril y mayo de 91 empleados.
En ese contexto, la llegada de Infante a la sindicatura aparece como un mensaje de control sobre un área cuestionada por su administración. No implica por sí sola una modificación en la conducción editorial ni en el directorio, pero sí ubica a un nuevo contador en un puesto desde el cual se revisan balances, legalidad interna y movimientos económicos.
Subsidio de Salud: González llega a una obra social atravesada por reclamos
La salida de Lucas González de Canal 10 coincide con su desembarco en el Subsidio de Salud, un organismo que en los últimos meses quedó bajo fuerte presión de los gremios estatales y de los afiliados. Su incorporación como subinterventor administrativo se da dentro de una estructura encabezada por la interventora Elena Hurtado y en medio de una discusión más amplia sobre financiamiento, prestaciones, controles y aumentos.
El principal foco de conflicto fue la actualización del Plan Complementario. Desde el Gobierno se defendió la medida con el argumento de que era necesaria para sostener prestaciones de alta complejidad, mejorar coberturas y adecuar un esquema creado en 2004 a los avances médicos y tecnológicos actuales. Las autoridades remarcaron que el plan es voluntario, que los afiliados pueden renunciar y que se mantendría un criterio escalonado para reducir el impacto en los sectores de menores ingresos y jubilados.
Entre las prestaciones que el Gobierno puso como ejemplo se mencionaron coberturas oncológicas al 100%, cirugías cardíacas en adultos y niños, internaciones con cobertura total, derivaciones a centros de alta complejidad fuera de la provincia, casos excepcionales con avión sanitario y ampliación de coberturas como prótesis de cadera.
Pero el anuncio generó una reacción inmediata. ATEP cuestionó que el aumento se aplicara sin información previa y pidió la devolución de los montos descontados. El gremio docente sostuvo que el impacto variaba según la cantidad de adherentes del grupo familiar, con descuentos que podían ir de $35.000 a $150.000 e incluso $200.000. Para el sector, el problema no era sólo el fondo del ajuste, sino la forma: el descuento ya había sido practicado sobre salarios deteriorados antes de que los afiliados pudieran decidir si continuaban o no dentro del plan.
La Unión de Gremios Estatales también intervino. Representantes de 14 gremios se reunieron con Hurtado y González luego del aumento de las cuotas. Allí solicitaron suspender el incremento hasta después de las paritarias, pidieron mejorar la información a los afiliados, combatir el plus médico y fortalecer los policonsultorios. También plantearon la necesidad de avanzar en una nueva normativa para la obra social y en una ley antiplus actualizada.
En paralelo, el Subsidio de Salud sostiene su propia agenda laboral. En marzo se firmó una recomposición salarial para trabajadores del organismo, con un aumento del 11% sobre el básico y una suma fija de $30.000, lo que elevaba el impacto aproximado al 12,5% para ese mes. El acuerdo incluyó mejoras en adicionales técnicos, administrativos, refrigerio y antigüedad, y fue firmado con gremios del sector.
El trasfondo: control político, cuentas sensibles y servicios esenciales
El reacomodamiento dispuesto por Jaldo une dos planos distintos pero conectados por un mismo problema: la necesidad de ordenar áreas donde el Estado provincial recibe cuestionamientos por el manejo de recursos y por la calidad del servicio que presta o financia.
En Canal 10, el debate gira alrededor de cuánto dinero público se destina a sostener una empresa con déficit, qué nivel de transparencia tiene su administración, si cumple su rol cultural y universitario, y si la pantalla pública representa a todos los sectores o funciona con sesgo oficialista. Allí, el cambio de síndico apunta directamente al órgano de fiscalización.
En el Subsidio de Salud, el conflicto es más social y cotidiano. Afecta a empleados públicos, jubilados, familias con tratamientos complejos y prestadores. Cada aumento, cada coseguro, cada demora o cada cobertura rechazada impacta directamente en afiliados que no discuten balances sino acceso a medicamentos, prácticas, internaciones o rehabilitación.
La judicialización también expone esa tensión. En una sentencia de amparo contra el IPSST, la Justicia Contencioso Administrativa reconoció el derecho de una afiliada a recibir cobertura integral de enfermería domiciliaria, visitas médicas mensuales y sesiones de kinesiología respiratoria, kinesiología motora, fonoaudiología y psicología, conforme a la indicación médica. Además, impuso las costas al organismo. El caso muestra que parte de las discusiones sobre prestaciones termina resolviéndose en Tribunales.
Por eso, las designaciones no deben leerse como trámites aislados. Jaldo está moviendo funcionarios en zonas de alto desgaste: una televisora pública con déficit y una obra social estatal tensionada por aumentos, reclamos gremiales, controles sobre el plus médico y demandas de cobertura. El dato político es que ambos movimientos recaen en perfiles contables o administrativos, lo que sugiere una prioridad: revisar números, ordenar circuitos y reforzar el control interno.
La pregunta que queda abierta es si estos cambios serán apenas una rotación de nombres o el inicio de una corrección más profunda. En Canal 10, el desafío será transparentar cuentas, recuperar previsibilidad salarial y justificar el uso de recursos públicos. En el Subsidio de Salud, el reto será sostener prestaciones sin trasladar todo el costo a los afiliados ni empujar a los sectores más vulnerables a judicializar cada cobertura.
