La gestión de Lautaro Hugo Apestey en la Comuna Rural de Gobernador Piedrabuena vuelve a quedar en el centro de la polémica. Tres acuerdos recientes del Tribunal de Cuentas exponen un cuadro administrativo grave: documentación no regularizada, sumarios de cuentas y una declaración de rebeldía en un juicio iniciado por observaciones millonarias.
El primer expediente apunta a comprobantes observados del quinto y sexto bimestre de 2024 por $62 millones y $85.411.192,62, respectivamente. Es decir, más de $147 millones que no fueron regularizados pese a la intimación del organismo de control.
A eso se suma otro sumario por el primer bimestre de 2025, por $61.302.288,26. Y, en paralelo, un juicio de cuentas correspondiente al tercer y cuarto bimestre de 2024, por observaciones de $37.565.251,82 y $58.007.479,83. En ese expediente, el Tribunal declaró la rebeldía de Apestey y del secretario habilitado Carlos Enrique Ríos, al señalar que no se presentaron pese a estar debidamente notificados.
En total, entre los expedientes mencionados, la gestión comunal aparece bajo la lupa por más de $304 millones.
Un apellido que se reparte la comuna y el Estado
El caso no se agota en un problema contable. En Piedrabuena, el apellido Apestey se repite desde hace años en lugares clave del poder local. Sergio Apestey ya había sido señalado en 2018 por el Tribunal de Cuentas, cuando se lo multó por no presentar informes vinculados al Fondo Fiduciario 2015. Luego, Estela Lucena de Apestey también figuró como comisionada comunal de la localidad. Ahora, la comuna está en manos de Lautaro Apestey.
El esquema familiar despierta malestar en vecinos que ven una continuidad política más parecida a una administración hereditaria que a una gestión abierta al control ciudadano. Mientras el Tribunal de Cuentas acumula expedientes, Sergio Apestey continúa ocupando un cargo provincial como director general de Transporte, según la guía oficial del Gobierno tucumano.
La postal es incómoda: un clan con presencia simultánea en la estructura comunal y provincial, mientras los organismos de control reclaman papeles y los vecinos reclaman respuestas básicas.
Inundaciones, caminos rotos y derecho a protestar
Las denuncias públicas de vecinos de zonas como La Tuna, Tala Pozo, Virginia, Santa Rosa y La Soledad agregan otra dimensión al conflicto. No se trata solamente de números en expedientes: se trata de caminos intransitables, familias afectadas por inundaciones y pobladores que aseguran no haber recibido asistencia suficiente.
En publicaciones vecinales y medios locales, los reclamos apuntan directamente contra la comuna y contra Lautaro Apestey. La bronca creció con las lluvias, el barro y la sensación de abandono. En algunos casos, los vecinos denunciaron que, cuando intentaron visibilizar la situación, la respuesta no fue una solución de fondo sino la presencia policial.
Ese punto conecta Piedrabuena con una discusión más amplia en Tucumán: qué hace el Estado cuando los inundados salen a reclamar. En La Madrid, el 13 de abril, vecinos que pedían obras tras las inundaciones denunciaron represión policial, golpes, balas de goma y detenciones durante una protesta sobre la ruta 157.
En Piedrabuena, donde el malestar por caminos e inundaciones también se hizo visible, el reclamo es concreto: que la comuna rinda cuentas, que se expliquen las observaciones millonarias y que el derecho a protestar no sea respondido con intimidación.
Porque cuando una comunidad pide caminos, ayuda y transparencia, enviar policías no resuelve el problema: lo agrava. Y cuando una familia política se perpetúa en el manejo de una comuna mientras el Tribunal de Cuentas acumula expedientes, la pregunta deja de ser administrativa y pasa a ser política: quién controla realmente a los que gobiernan en el interior tucumano.
