El Tribunal de Cuentas declaró patrimonialmente responsable a Mauricio Formoso, director del medio Enterate Noticias, propiedad del Diputado Carlos Cisneros, por haber percibido remuneraciones del Estado provincial sin que pudiera demostrarse una contraprestación laboral efectiva.
El organismo le formuló un cargo fiscal por $34.028.849,13, actualizado al 30 de abril de 2026, y ordenó avanzar con el cobro de esa suma. Además, remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública.
El expediente no sólo expone la situación del agente. También deja al descubierto una extensa cadena de controles fallidos dentro del Ministerio de Educación y la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento. Durante años se liquidaron haberes sin planillas de asistencia, registros biométricos, informes detallados ni constancias concretas sobre las tareas realizadas.
Cinco años cobrando como auxiliar docente sin registros
Formoso fue designado auxiliar docente del Ministerio de Educación en octubre de 2019. Permaneció en ese cargo hasta noviembre de 2024, cuando el Poder Ejecutivo declaró nulo su nombramiento porque no había intervenido la Junta de Clasificación, un paso obligatorio para acceder a esa función.
Durante ese período, también revistó como empleado categoría 19 de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento. Es decir, figuró simultáneamente en dos cargos remunerados por el Estado provincial.
La investigación determinó que no existían elementos capaces de demostrar su desempeño durante los cinco años en los que cobró como auxiliar docente. No había registros de asistencia, informes de tareas, compañeros que pudieran acreditar una labor conjunta, superiores responsables ni documentación sobre los resultados de su trabajo.
Los responsables administrativos del área tampoco pudieron precisar dónde cumplía funciones. Desde el CIIDEPT informaron que Formoso no figuraba entre el personal habitual, no tenía oficina asignada y no firmaba planillas.
La defensa sostuvo que la falta de documentación podía responder a deficiencias de los organismos encargados de registrar y conservar esos antecedentes. También planteó que la ausencia de controles no demostraba por sí sola que el agente no hubiera trabajado.
El Tribunal rechazó ese argumento. Consideró que no se trataba de algunos papeles extraviados, sino de la inexistencia de rastros verificables sobre cinco años de supuesta actividad laboral. Lo único que aparecía con claridad era la resolución de designación, el alta en el sistema y la liquidación regular de los salarios.
De la Provincia al despacho de Cisneros, sin controles reales
La segunda parte del caso involucra la afectación de Formoso al despacho del diputado nacional Carlos Cisneros. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el agente continuó cobrando su sueldo provincial mientras supuestamente prestaba servicios para el legislador en el Congreso.
El propio Tribunal advirtió que la figura utilizada para ese traslado, denominada “afectación de servicios”, no se encuentra contemplada en el Estatuto del Empleado Público provincial.
La irregularidad no fue solamente formal. La Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento recibía correos electrónicos mensuales enviados desde el despacho de Cisneros, pero no verificaba su contenido ni exigía documentación adicional.
No existían planillas de asistencia, fichadas biométricas, certificaciones firmadas, informes detallados, horarios, productos de gestión o constancias sobre las tareas concretas que Formoso habría realizado para el diputado.
Los correos eran recibidos como justificativo suficiente para continuar pagando el salario con fondos tucumanos. Así, un empleado provincial fue enviado al despacho de un legislador nacional sin que la repartición que abonaba sus haberes controlara efectivamente qué hacía, dónde trabajaba o qué resultados producía.
El caso abre interrogantes que van más allá de la conducta individual. ¿Quién autorizó esa afectación? ¿Por qué el Estado provincial financiaba personal destinado a un despacho político nacional? ¿Quién debía certificar el cumplimiento de las tareas? ¿Por qué los pagos continuaron con controles meramente formales?
Cisneros no fue declarado responsable patrimonial en este expediente. Sin embargo, su despacho aparece como el destino de una afectación que el Tribunal consideró irregular y cuya prestación laboral tampoco pudo ser acreditada.
Una deuda de $34 millones y una investigación penal
El cargo fiscal aplicado contra Formoso está compuesto por tres conceptos. Más de $25,2 millones corresponden a los haberes cobrados como auxiliar docente, incluidos capital e intereses. Otros $7,4 millones derivan de los salarios percibidos durante su afectación al despacho de Cisneros, mientras que alrededor de $1,3 millones corresponden al incentivo docente.
El Tribunal ordenó que el Departamento Judicial avance con el cobro o, en caso de ser necesario, ejecute la deuda. El monto deberá seguir actualizándose hasta su cancelación total.
Además, puso el acuerdo en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. La Justicia penal deberá determinar ahora si la percepción de haberes sin tareas acreditadas configura algún delito contra la administración pública.
La resolución representa un avance administrativo, pero todavía quedan responsabilidades por establecer. Durante cinco años, diferentes áreas estatales liquidaron salarios sin poder demostrar que existiera una prestación efectiva. El sistema permitió la acumulación de cargos, una designación posteriormente declarada nula y el envío de un empleado provincial a un despacho político sin mecanismos serios de supervisión.
El expediente muestra que no alcanzaba con firmar una resolución y depositar los haberes todos los meses. Mientras los sueldos se pagaban con regularidad, los controles sobre el trabajo que debía justificar ese dinero directamente no aparecían.
