El edificio de Monteagudo 120, donde una explosión seguida de incendio provocó la muerte del médico Jonathan Stisman, nunca obtuvo el certificado final de obra exigido por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La irregularidad no era desconocida para el Estado municipal. Según confirmó la directora de Edificación y Catastro, Nora Belloni, el inmueble se encuentra intimado desde 2018 y acumula actuaciones administrativas que no fueron cumplidas por sus responsables.
El edificio, construido a comienzos de este siglo, tiene ocho plantas, pese a que el proyecto habría sido autorizado para siete. Esa diferencia impidió concluir el expediente y regularizar la propiedad. Sin embargo, durante años permaneció ocupado, con departamentos alquilados y servicios públicos activos.
La falta del final de obra no puede ser señalada, por sí sola, como la causa de la explosión. Ese punto deberá determinarlo la investigación judicial. Pero la tragedia dejó expuesta una pregunta inevitable: ¿cómo pudo funcionar normalmente durante tanto tiempo un edificio que no cumplía con una de las principales certificaciones municipales?
Construyeron un piso más de lo autorizado
Belloni explicó que el expediente fue presentado, pero nunca aprobado porque la construcción se apartó de lo permitido por el Código de Planeamiento Urbano.
De acuerdo con la funcionaria, los responsables estaban autorizados a levantar siete pisos, pero finalmente construyeron ocho. Esa irregularidad impidió que Catastro emitiera el certificado final de obra.
El documento no representa una mera formalidad burocrática. Sirve para acreditar que una construcción fue terminada de acuerdo con los planos aprobados, las condiciones urbanísticas y las exigencias técnicas correspondientes.
Sin ese certificado tampoco puede completarse correctamente el régimen de propiedad horizontal, individualizarse los padrones ni regularizarse la escritura de cada departamento.
La funcionaria señaló que Catastro no tiene facultades para convalidar el piso construido por encima de lo autorizado. Los propietarios deberían recurrir a una instancia superior, posiblemente el Concejo Deliberante, para solicitar una ordenanza de excepción.
Esa gestión nunca se completó. Mientras el expediente quedaba inconcluso, el edificio continuó funcionando y alojando familias durante años.
El Municipio intimó y multó, pero el edificio siguió ocupado
La Municipalidad aseguró que intimó a los responsables en 2018 y aplicó las sanciones previstas. Belloni sostuvo que el organismo agotó las instancias administrativas y que no puede reiterar indefinidamente una misma notificación o imponer otra multa por idéntico incumplimiento.
La explicación traslada la obligación de regularizar el inmueble a sus propietarios, pero no despeja el interrogante sobre la eficacia del control estatal.
Si el edificio nunca obtuvo el final de obra y la irregularidad era conocida desde hacía ocho años, corresponde establecer qué medidas adicionales podían adoptarse para exigir el cumplimiento, qué dependencias intervinieron y por qué la situación permaneció sin resolver.
El inmueble también contaba con conexiones de gas y otros servicios. Belloni explicó que fueron otorgadas porque el edificio data de 2001 y las exigencias actuales para las habilitaciones comenzaron a aplicarse en 2004.
Ese encuadre puede explicar administrativamente la existencia de los suministros, pero no elimina el problema central: una construcción apartada del proyecto autorizado permaneció operativa y habitada pese a no contar con la certificación definitiva.
Después de la explosión, el Municipio volvió a notificar a la inmobiliaria administradora. Además de exigir las reparaciones necesarias para recuperar la habitabilidad, reclamó que se avance con la regularización pendiente desde hace años.
La reacción llegó luego de una tragedia fatal. Hasta entonces, las intimaciones y multas no habían alcanzado para modificar la situación.
Una muerte que obliga a revisar responsabilidades
La explosión ocurrió en el departamento 13, ubicado en el tercer piso, y derribó paredes divisorias de tres unidades. Stisman, de 43 años, sufrió graves quemaduras y posteriormente murió.
Las inspecciones realizadas después del siniestro determinaron que los elementos resistentes del edificio no sufrieron daños. Según la evaluación municipal, hubo desprendimientos y destrucción de muros interiores, pero la estructura principal se mantuvo estable.
El inmueble todavía no puede ser ocupado. Antes de autorizar el regreso de sus residentes deberán retirarse los escombros de los sectores de circulación, repararse los departamentos afectados y rehabilitarse los servicios bajo las condiciones que impongan las empresas prestatarias.
En paralelo, la Justicia debe determinar qué originó la explosión. La ausencia del final de obra y el piso construido fuera de la normativa no prueban una relación directa con el siniestro. Mezclar ambas cuestiones sin evidencia significaría anticipar una conclusión que todavía no existe.
Sin embargo, la investigación no debería limitarse al punto exacto donde se produjo la explosión. También corresponde revisar la historia administrativa del inmueble, sus instalaciones, las inspecciones realizadas y las responsabilidades de quienes permitieron que continuara funcionando en una situación irregular.
Los propietarios deberán explicar por qué nunca completaron la regularización. La inmobiliaria administradora tendrá que aportar la documentación sobre el mantenimiento y las condiciones de los servicios. El Municipio, por su parte, deberá precisar si realmente agotó todas las herramientas disponibles o si durante años se naturalizó el incumplimiento.
La tragedia de Monteagudo 120 reveló que el edificio no era una construcción plenamente regularizada. Estaba ocupado, tenía servicios y formaba parte de la vida cotidiana de decenas de personas, pero nunca había recibido la aprobación definitiva municipal.
Ocho años de intimaciones sin resultado muestran que detectar una irregularidad no alcanza. Un sistema de control sólo es efectivo cuando consigue que las normas se cumplan antes de que ocurra una tragedia, no cuando vuelve a reclamar los papeles después de una muerte.
