La marcha docente de este lunes frente a la Casa de Gobierno no fue sólo un reclamo salarial: fue un reproche directo a las prioridades del Estado provincial. En la calle se escuchó una frase que sintetizó el hartazgo: “sabemos que hay plata”, porque mientras a las escuelas les piden paciencia, en otros sectores del Estado los números se mueven con otra velocidad.
Carla Rodríguez, profesora de física y biología, contó que cobra $540.000 por trabajar en tres turnos y hacer múltiples traslados. Y puso en duda el sentido de un aumento de $70.000 cuando —según planteó— no alcanza ni para acercarse a la canasta básica. El reclamo, además, no se limita al bolsillo: en la movilización también se denunció violencia en las aulas, tareas de contención social que exceden lo pedagógico y riesgos legales y físicos sin respaldo suficiente de equipos interdisciplinarios. «Nosotros sabemos que plata hay. Para dar los sueldos de la Legislatura, para pagar dobles sueldos y para poner a dedo como secretarios a personas que no tienen estudios, sí hay plata», dijo.
El costo real de la política: no es la dieta, es toda la estructura
Cuando se habla de “cuánto cobra un legislador” se suele mirar sólo la dieta. Pero el verdadero peso fiscal está en el funcionamiento completo del Poder Legislativo: personal, estructura administrativa, bloques, asesores, servicios, logística y el edificio.
Según un informe que toma los presupuestos provinciales 2025, Tucumán destinó $134.036.885.000 a la “función legislativa”. Dividido entre los 49 legisladores, el costo presupuestario por cada banca asciende a $2.735.446.633 al año.
Llevado a la escala cotidiana, la cuenta es todavía más cruda:
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Toda la Legislatura: unos $11.169 millones por mes.
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Cada legislador, prorrateado: unos $228 millones por mes.
En otras palabras: aunque nadie “se lleve” esos $228 millones al bolsillo, ese es el tamaño del Estado que se sostiene alrededor de cada banca. Y ahí es donde la protesta docente encuentra sustento: si existe margen para financiar una estructura legislativa de ese volumen, también debería existir para recomponer salarios y condiciones de trabajo en las escuelas.
Opacidad, personal y “gastos invisibles”: el punto que enciende la bronca
El mismo informe advierte que, cuando se logra acceder al dato, en promedio el 86% del gasto legislativo se va en personal: no sólo legisladores, sino secretarías, asesores y empleados permanentes y transitorios. Ese es el corazón del gasto, el que explica por qué una Legislatura puede costar mucho más que la suma de las dietas.
En Tucumán, además, el problema se agrava por la falta de transparencia. Investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles vienen señalando que el Poder Legislativo provincial no publica información clave —como la nómina completa de personal o el detalle de ciertos fondos— y que incluso pedidos formales de acceso a la información han quedado sin respuesta.
En ese marco, la frase “sabemos que hay plata” no suena a eslogan: suena a conclusión. Los docentes no están discutiendo sólo un porcentaje de aumento. Están discutiendo qué Estado se decide financiar primero.
