Un informe reveló que Juan Federico Petraglia figura como titular registral de ocho inmuebles ubicados en distintos puntos de Tucumán, en el marco de una investigación que también menciona al dirigente bancario y diputado nacional Carlos Cisneros.
De acuerdo con la publicación, los datos surgen de informes de dominio del Registro Inmobiliario de Tucumán, solicitados en el marco de una denuncia presentada ante la Justicia Federal por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de instrumento público.
Según ese relevamiento, los bienes inscriptos a nombre de Petraglia incluyen cuatro unidades habitables, dos cocheras de subsuelo y dos terrenos. Las propiedades estarían ubicadas en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí del Valle y Cevil Redondo.
Las operaciones mencionadas en el informe
El detalle publicado señala que Petraglia figura como titular de un departamento en Rivadavia al 600, tres unidades en un edificio de General Paz al 500, dos unidades en Yerba Buena, un terreno en La Quebradita, Tafí del Valle, y un lote en el barrio cerrado Alto Verde, en Cevil Redondo.
Uno de los puntos centrales del informe está puesto en tres operaciones realizadas en 2024 en el edificio de calle General Paz. Según la documentación citada, esas compras habrían sido realizadas bajo la figura de “compra en comisión”, mecanismo mediante el cual una persona adquiere un bien para un tercero cuyo nombre puede reservarse temporalmente.
La publicación sostiene que, pese a esa modalidad, las inscripciones definitivas quedaron a nombre de Petraglia. También señala que algunas de las operaciones registran valores declarados llamativamente bajos en relación con la ubicación y características de los inmuebles.
La causa y los planteos judiciales
El caso se enmarca en una denuncia presentada en abril ante el Juzgado Federal de Tucumán N° 2, en la que se pidió investigar el origen de los fondos y el patrimonio de las personas mencionadas.
El informe también recuerda que Petraglia inició una demanda contra medios de comunicación por 55 millones de pesos, en la que reclama por presuntos daños a su honor y solicita que se retiren publicaciones vinculadas con su persona.
La situación podría derivar en nuevas medidas dentro del expediente federal, especialmente si la Justicia decide requerir información registral, patrimonial y financiera para determinar si los bienes fueron adquiridos con fondos propios o si existió la intervención de terceros.
Las personas mencionadas en la investigación conservan su derecho a réplica y será la Justicia la que deberá determinar si existieron maniobras irregulares o si las operaciones se realizaron dentro del marco legal correspondiente.
