Una presunta diferencia de $600.000 en el pago de una multa por alcoholemia volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control del municipio conducido por Rossana Chahla. El caso, advertido por un juez del Tribunal Municipal de Faltas, plantea interrogantes sobre el manejo de dinero en efectivo, la trazabilidad de los pagos y la capacidad de la administración capitalina para prevenir posibles irregularidades.
El magistrado Gerardo Poliche Iturbe, titular de la Sala VI, pidió que se investigue si un vecino abonó $1.900.000 por una sanción que oficialmente había sido fijada en $1.300.000. La diferencia no aparecería asentada en los registros del Corralón Municipal.
Aunque la situación todavía debe ser esclarecida, el episodio revela una preocupante debilidad en los controles internos de una dependencia que administra infracciones, retenciones de vehículos y pagos de importantes sumas de dinero.
Una diferencia que el municipio debe explicar
El caso comenzó luego de que Poliche Iturbe impusiera una multa de $1.300.000 a un conductor por una infracción de alcoholemia. Tiempo después, el abogado del sancionado se presentó ante el Tribunal de Faltas y aseguró que su cliente había entregado $1.900.000.
Según esa versión, el pago se habría realizado en efectivo y directamente a un empleado que atendía en el mostrador de una dependencia municipal ubicada sobre avenida Avellaneda.
Sin embargo, en los registros oficiales solo figuraría la suma correspondiente a la multa dictada por el juez. Los otros $600.000 mencionados por el infractor no habrían quedado documentados.
La discordancia obliga a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a brindar explicaciones claras. No alcanza con determinar si el relato del vecino es verdadero: también deberá establecerse por qué sería posible entregar una suma millonaria en efectivo sin un sistema que garantice su inmediata registración y control.
Manejo de efectivo y controles insuficientes
La denuncia interna deja al descubierto la fragilidad de los procedimientos administrativos vigentes. Si los pagos pueden ser recibidos en mano por empleados municipales, sin comprobantes inmediatos ni mecanismos de verificación cruzada, el sistema queda expuesto a errores, abusos o eventuales maniobras irregulares.
El episodio también abre interrogantes sobre la existencia de cámaras de seguridad, arqueos de caja, comprobantes electrónicos, identificación del personal que recibe el dinero y protocolos para auditar cada operación.
La gestión de Rossana Chahla hizo de la modernización y el orden administrativo parte de su discurso público. Sin embargo, una situación de estas características muestra que todavía existirían áreas sensibles en las que los controles no resultan suficientes o, al menos, no ofrecen garantías claras para los ciudadanos.
La transparencia no depende únicamente de anunciar investigaciones cuando surge una denuncia. Requiere procedimientos que impidan que una diferencia de cientos de miles de pesos pueda pasar inadvertida hasta que un particular la exponga.
La gestión Chahla, ante la obligación de transparentar el caso
El juez aclaró que la versión del condenado y de su abogado no está comprobada. No obstante, consideró que la diferencia denunciada era lo suficientemente grave como para pedir una investigación formal.
A partir de ahora, las autoridades municipales deberán reconstruir el circuito del dinero, identificar a los empleados que intervinieron, revisar los registros y determinar si existió un cobro adicional.
También será necesario conocer si se trata de un hecho aislado o si existen antecedentes similares en el Corralón Municipal y en otras dependencias encargadas de percibir multas.
La administración de Chahla enfrenta así una prueba de transparencia. La respuesta no debería limitarse a una investigación reservada o a eventuales sanciones internas. El municipio deberá informar públicamente qué ocurrió, qué controles fallaron y qué medidas adoptará para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse.
Mientras esos interrogantes permanezcan sin respuesta, la sospecha no recaerá solamente sobre un empleado o una operación puntual, sino sobre todo un sistema municipal que debería garantizar seguridad, trazabilidad y claridad en el manejo de los fondos de los vecinos.
