La crisis del transporte público en Tucumán volvió a instalar una discusión conocida: cómo sostener el sistema sin trasladar todo el peso al usuario. En ese escenario, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos advirtieron que el conflicto no puede desembocar, una vez más, en un incremento del boleto y reclamaron una intervención urgente del gobernador y de la intendenta capitalina.
Los ediles sostuvieron que el problema ya no puede resolverse con medidas aisladas y reclamaron una mesa de trabajo amplia, con participación del Estado provincial, el municipio, las empresas, los trabajadores y sectores técnicos. Además, insistieron en que la regularización del sistema debe comenzar con el envío de los pliegos de licitación, como paso previo para discutir frecuencias, recorridos y condiciones del servicio.
Los empresarios apuntan contra Uber y hablan de competencia desleal
Mientras se profundiza la discusión política, desde el sector empresarial sumaron otro foco de conflicto: el crecimiento de las aplicaciones de transporte. Julio Haro, titular de la línea 130, cuestionó la falta de controles sobre estas plataformas y afirmó que su expansión provocó una caída del 30% en la demanda del transporte metropolitano.
El empresario sostuvo que las apps funcionan fuera del sistema laboral formal y remarcó que el transporte público mantiene alrededor de 4.000 empleos registrados, con cobertura social y obligaciones que, según planteó, no recaen sobre esos servicios. También señaló que las plataformas no reemplazan al colectivo por su costo en determinados momentos y por el rol social que cumple el sistema para estudiantes, docentes, policías y personas con discapacidad.
Un sistema que sigue funcionando, pero cada vez más exigido
En paralelo, Haro advirtió que el deterioro económico ya impacta sobre la renovación de las unidades y sobre la sustentabilidad general del servicio. Según explicó, hoy circulan coches de hasta 20 años cuando deberían salir antes de servicio, una señal de que la ecuación económica ya no permite recomponer la flota como corresponde.
Pese a ese cuadro, aseguró que las empresas siguen prestando el servicio al 100%, sin retirar unidades, aunque a costa de postergar pagos y absorber costos crecientes. Así, el debate en Tucumán se mueve entre dos tensiones cada vez más visibles: la presión empresaria por reglas claras y alivio económico, y la advertencia política de que la crisis no puede volver a resolverse con un nuevo golpe al bolsillo de los pasajeros.
