Empresarios del transporte público de Tucumán mantuvieron este jueves una reunión con la intendenta Rossana Chahla y funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en medio de un escenario que el sector describe como crítico. Desde Aetat advirtieron que la combinación de mayores costos operativos, menos pasajeros y recursos insuficientes puso al sistema en una situación límite.
El vicepresidente de la entidad, Jorge Berretta, resumió la gravedad del cuadro antes del encuentro con una frase contundente: el objetivo inmediato es encontrar una salida que permita sostener el servicio y evitar que la crisis termine por quebrar a alguna empresa.
Gasoil, salarios y caída de pasajeros
Según detallaron desde el sector, uno de los principales golpes llegó por el lado del combustible. El precio del gasoil subió un 55% desde los primeros días de febrero, lo que habría generado un impacto cercano a los $2.000 millones mensuales sobre la estructura del transporte tucumano.
A eso se suma la presión de la discusión salarial con la UTA, que prevé un incremento del 18% en abril. En ese marco, Berretta reconoció que algunas compañías todavía no lograron completar el pago de los haberes de marzo. La situación financiera, afirmó, es tan delicada que gran parte de los ingresos diarios ya se destina directamente a cubrir el combustible.
Otro dato que agrava el panorama es la baja sostenida en la cantidad de usuarios. Desde octubre de 2024, el sistema arrastra una caída del 30% en pasajeros, con líneas que incluso habrían registrado descensos de hasta el 35%.
Sin recortes, pero con deuda y con el boleto bajo análisis
Pese al deterioro económico, las empresas sostienen que en Tucumán todavía no se aplicaron recortes de frecuencias ni suspensiones tempranas del servicio, como ocurrió en otras provincias. Esa decisión, remarcan, se mantiene a costa de endeudamiento.
Desde Aetat alertaron que, si una firma deja de operar por no poder pagar salarios o comprar gasoil, el impacto podría expandirse rápidamente a todo el sistema. Por eso, en la mesa de negociación aparecen distintas alternativas para evitar el colapso, entre ellas mecanismos de asistencia financiera y la posibilidad de una actualización tarifaria.
Berretta insistió en que el transporte no solo mueve trabajadores, sino también a estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, por lo que una eventual caída del sistema tendría consecuencias directas sobre la educación, la salud y la actividad comercial en toda el área metropolitana.
