Tucumán volvió a quedar por encima del promedio nacional en materia inflacionaria. En abril, el Índice de Precios al Consumidor provincial registró una suba del 2,7%, una décima más que el 2,6% informado a nivel país. El dato no sólo confirma que vivir en la provincia sigue siendo caro, sino que además vuelve a poner bajo la lupa la falta de políticas concretas del Gobierno provincial y de los municipios para aliviar el impacto sobre los hogares.
El mayor incremento se dio en Transporte, con una suba del 7,6%. La categoría sintió el impacto de los combustibles, que habían aumentado con fuerza en marzo, y de otros servicios vinculados a la movilidad. En una provincia donde miles de trabajadores dependen del traslado diario, cada aumento en el transporte se convierte rápidamente en una carga directa sobre el salario.
A esto se sumaron las tarifas de servicios públicos privatizados. El rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentó 6,1%, muy por encima del índice general. También presionaron las cuotas de colegios privados, con una variación del 4,6%, otro gasto sensible para familias que ya vienen ajustando consumos básicos.
Una provincia cara y con controles débiles
El dato de abril profundiza una crítica que se repite entre consumidores y comerciantes: Tucumán se volvió una provincia cara. No se trata solamente de la inflación nacional, sino de cómo impactan en el territorio los aumentos de servicios, transporte, impuestos, alquileres y costos urbanos.
En este escenario, el Gobierno provincial aparece con escaso margen o poca decisión política para intervenir en los rubros que más golpean. La suba de los servicios, la falta de mecanismos eficaces de control y la ausencia de una estrategia clara para contener costos dejan a los tucumanos frente a una realidad cada vez más difícil: los ingresos corren por detrás de los precios.
La crítica también alcanza a los municipios. En ciudades donde el transporte, las tasas, los servicios y la habilitación comercial forman parte del costo cotidiano, las administraciones locales no pueden quedar al margen del debate. La presión sobre vecinos y pequeños negocios se siente en cada boleta, en cada pasaje y en cada compra.
El bolsillo ajusta y el comercio siente la caída
Aunque Alimentos y Bebidas no alcohólicas subió 2,1%, por debajo del promedio general, el alivio es relativo. La inflación acumulada ya viene deteriorando el poder de compra, y muchas familias reducen consumos, postergan gastos o directamente dejan de comprar productos que antes eran habituales.
El rubro “Prendas de vestir y calzado” mostró una baja del 0,3%, pero lejos de ser una buena noticia plena, refleja otro problema: la caída de ventas. Comerciantes del sector se ven obligados a liquidar stock para cubrir costos fijos, en un contexto de consumo retraído y alta presión sobre la actividad privada.
La fotografía que deja abril es clara: Tucumán no sólo tuvo una inflación más alta que la nacional, sino que además expone una estructura de costos que castiga a trabajadores, inquilinos, familias con hijos en edad escolar y comerciantes. Frente a ese panorama, la discusión ya no pasa únicamente por cuánto suben los precios, sino por qué hacen —o dejan de hacer— el Gobierno provincial y los municipios para que vivir en Tucumán no sea cada vez más caro.
