La Provincia de Tucumán debió desistir de una expropiación en El Espinillo, en el departamento Burruyacu, después de que quedara cancelado un proyecto energético valuado en más de USD 100 millones. La obra contemplaba la construcción de una nueva estación transformadora de extra alta tensión, pero el freno a los aportes nacionales terminó por volver inviable una inversión que la Casa de Gobierno consideró imposible de afrontar con recursos propios.
La medida quedó plasmada en el Decreto 563/1, con el que la administración de Osvaldo Jaldo resolvió dejar sin efecto el avance sobre casi 80 hectáreas que habían sido declaradas de utilidad pública por la Ley 9.476. El fundamento oficial fue claro: sin financiamiento federal y con el plan energético paralizado, continuar con la adquisición de esas tierras implicaba cargar al Estado con un gasto sin destino concreto.
Una expropiación avanzada, pero sin condiciones para completarse
El dato político y judicial más fuerte es que la Provincia no frenó un trámite incipiente, sino un proceso que ya había conseguido fallos favorables. Según la reconstrucción oficial, en marzo de 2025 la Justicia había hecho lugar a la acción expropiatoria y ordenado pagos indemnizatorios que, actualizados a marzo de 2026, ascendían a más de $1.388 millones. Incluso la Cámara había confirmado esa resolución.
Sin embargo, el procedimiento no estaba perfeccionado desde el punto de vista legal. El propio decreto recordó que la expropiación solo se completa con sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización. Como todavía seguía pendiente un recurso de casación impulsado por la misma Provincia, el dominio no había sido transferido de manera definitiva, lo que abrió la puerta para desistir de la acción y pedir el recupero de los montos depositados, una vez cubiertos los gastos correspondientes.
El impacto de un ajuste que también golpea la infraestructura
El trasfondo del caso expone algo más profundo que un expediente frenado: muestra hasta qué punto el recorte de fondos nacionales ya está afectando proyectos estructurales en Tucumán. La estación transformadora de El Espinillo no era una obra menor. Había sido pensada para reforzar el sistema provincial de transporte de energía y, de acuerdo con la información oficial, iba a beneficiar a 275.615 personas.
La decisión de dar marcha atrás con la expropiación buscó evitar que el Estado provincial siguiera avanzando sobre tierras destinadas a una obra que, hoy por hoy, no tiene horizonte de ejecución. En términos políticos, el mensaje también es directo: la Provincia intenta mostrar racionalidad en el uso de recursos en medio de la asfixia financiera, pero al mismo tiempo deja al descubierto el costo concreto que tiene el ajuste nacional sobre la infraestructura estratégica del interior.
