Cuatro policías separados de la fuerza serán llevados a juicio acusados de haber secuestrado a un joven que, según la investigación, habría estado vinculado a la venta de marihuana. El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2024 y quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un tribunal.
Los acusados son Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz, Frando Javier Jiménez y el comisario Gustavo Ezequiel Morales. También aparece mencionado el civil Facundo Nahuel Amaya, quien no será juzgado en este proceso porque permaneció prófugo durante varios meses y afrontará otra instancia judicial.
El traslado a una dependencia policial
De acuerdo con la acusación, Gómez, Díaz, Jiménez y Amaya, bajo las órdenes de Morales, se presentaron en un barrio cerrado ubicado en Silvano Bores al 300 y se llevaron por la fuerza a L.G. La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane, propiedad de Díaz, y trasladada hasta la oficina de la Jefatura de Zona III, en el sur de San Miguel de Tucumán.
Durante el trayecto, el joven habría sido golpeado en distintas partes del cuerpo. Según la investigación, las agresiones continuaron una vez que llegó a la dependencia policial. En paralelo, Amaya habría ido hasta el barrio donde vivía la víctima para obtener, a través de un familiar, un número de teléfono que luego sería utilizado para negociar su liberación.
El pedido de dinero y las pruebas reunidas
Los investigadores sostienen que los acusados se comunicaron con la madre del joven, identificada como S.F.O., y le exigieron dinero para dejarlo en libertad. Según el expediente, le habrían dicho que contaban con elementos para vincular a su hijo con el tráfico de estupefacientes y que, si pagaba, no volvería a tener problemas.
La mujer se presentó en la dependencia y entregó $240.000. Luego, las víctimas realizaron la denuncia y la causa comenzó a ser investigada por el fiscal federal Agustín Chit.
Entre las pruebas incorporadas al expediente se mencionó que los acusados habrían pactado por Telegram una compra de marihuana para concretar el encuentro con la víctima. También se determinó que los policías llegaron al domicilio sin orden judicial y que no existía una causa previa contra el joven.
Otro dato considerado clave fue el testimonio del guardia de la dependencia, quien confirmó que los acusados estuvieron esa noche con el secuestrado. Además, señaló que esa base no tenía lugar de arrestos, por lo que no podía haber sido alojado allí como parte de un procedimiento legal. Tampoco quedó registrado su ingreso en los libros oficiales.
La causa irá a juicio
Al analizar los celulares secuestrados, el fiscal detectó la creación de un grupo de WhatsApp el mismo día del hecho. Según la acusación, allí Díaz y Gómez hablaron de realizar “un trabajo de merca”, de sumar a Jiménez y de “apurar a la vieja” para que pagara el rescate. También se mencionó que habrían pedido autorización a Morales para trasladar al joven hasta la dependencia que estaba bajo su jefatura.
Las defensas negaron la acusación y sostuvieron que se trató de un operativo policial vinculado a un presunto ilícito por drogas. Sin embargo, el fiscal Chit consideró que esa versión no se correspondía con las pruebas reunidas.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó los planteos de las defensas y dispuso que Díaz, Gómez y Jiménez sean juzgados por secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales. A Morales le atribuyó el mismo delito, pero en carácter de partícipe.
En la resolución, el magistrado también habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios.
