Un médico fue procesado judicialmente acusado de utilizar los datos de un afiliado para registrar prestaciones médicas que nunca se habrían realizado en el sistema informático del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. Según la investigación, la maniobra habría generado un perjuicio económico tanto para la obra social provincial como para el paciente.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila. El profesional imputado, cuya identidad no fue informada, fue acusado por el delito de defraudación agravada por ser víctima la administración pública.
El afiliado descubrió la maniobra al pedir un nuevo turno
De acuerdo con la teoría del caso, a principios de 2024 A.A., un afiliado al Subsidio de Salud de 69 años, asistió a una consulta médica en el Sanatorio del Sur con el profesional investigado. Después de ese primer encuentro, no volvió a atenderse con él.
Sin embargo, en julio de ese mismo año, cuando intentó solicitar un nuevo turno médico, advirtió que en el sistema figuraban varias consultas como ya “realizadas”. Por ese motivo, no pudo utilizar la cobertura por la que había realizado sus aportes y debió pagar de manera particular la atención con otros profesionales.
Consultas cargadas sin autorización
A partir de la denuncia, se detectó que el médico habría usado los datos del afiliado para ingresar al sistema informático de la obra social provincial y cargar falsas prestaciones. Según la acusación, las consultas fueron registradas los días 3 de febrero, 9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo de 2024.
La investigación interna permitió constatar que el paciente no se había atendido nuevamente con el profesional y que tampoco había autorizado esos registros. Para la fiscalía, el objetivo de la maniobra habría sido lograr que el Ipsst efectuara pagos indebidos por prestaciones inexistentes.
El auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto sostuvo en audiencia que esta no sería la primera vez que el imputado actuaba de manera irregular. Según una resolución del Subsidio de Salud, en agosto de 2024 ya había sido sancionado después de que dos afiliados denunciaran que no lo conocían ni habían recibido prestaciones facturadas por él. En esa oportunidad, fue suspendido como prestador durante 60 días.
La Justicia dictó medidas por tres meses
A raíz de esta nueva denuncia, el médico fue suspendido por segunda vez, esta vez por 120 días. Desde la administración del Ipsst indicaron que actualmente no registra fecha de baja de la obra social, aunque su última facturación fue en junio de 2025.
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad por cuatro meses para asegurar que el imputado continúe sujeto al proceso y evitar posibles entorpecimientos en la recolección de pruebas informáticas.
Entre las medidas pendientes, Rodríguez del Busto señaló que aún se espera que el Ipsst informe cuál fue el monto cobrado por las supuestas prestaciones. También resta que el afiliado damnificado entregue los comprobantes de las consultas particulares que debió pagar, con el fin de calcular el perjuicio económico total.
Luego de analizar los elementos presentados, la jueza Eliana Gómez Moreira hizo lugar al pedido fiscal, aunque dispuso que las medidas se mantengan por el plazo de tres meses.
