La Municipalidad de San Miguel de Tucumán encontró una nueva herramienta para contar su gestión: un periódico impreso que llega directamente a los hogares. Bajo el nombre de “El Sanmiguelino”, la administración de Rossana Chahla distribuye unos 10.000 ejemplares y reivindica el regreso al papel como una forma de acercar contenidos históricos, culturales y municipales a los vecinos.
El problema aparece cuando la pregunta deja de ser qué comunica el municipio y pasa a ser cuánto cuesta hacerlo.
Funcionarios responsables de la estrategia comunicacional municipal explicaron públicamente las características de la publicación, su tirada y su modalidad de distribución, pero no precisaron el costo de producción y reparto. La respuesta cobra especial relevancia porque el periódico se financia en el marco de una administración pública y porque, paralelamente, un informe presentado ante el Consejo Económico y Social de la Capital detectó dificultades concretas para que cualquier ciudadano pueda seguir el destino del dinero municipal.
La contradicción es política y administrativa: mientras la gestión de Chahla despliega recursos para hacer llegar su relato a las casas, conocer adjudicaciones, proveedores, montos finales de contrataciones o el avance financiero de determinados proyectos continúa siendo una tarea mucho más compleja.
El informe “Hacia una Soberanía Ciudadana”, elaborado por eltucumano.com y presentado ante la Comisión de Gobierno Abierto e Innovación Tecnológica del Consejo Económico y Social, reconoce avances digitales de la actual administración. Pero también describe una brecha profunda entre disponer de plataformas y garantizar que esas herramientas permitan controlar efectivamente al Estado.
10.000 ejemplares, distribución puerta a puerta y una cifra que sigue sin conocerse
“El Sanmiguelino” nació por decisión de la gestión municipal con el objetivo declarado de divulgar el patrimonio histórico y cultural de San Miguel de Tucumán. Su primera edición estuvo dedicada a la restauración de las esculturas del Parque 9 de Julio y la publicación utiliza papel biodegradable.
La tirada ronda los 10.000 ejemplares. Su distribución se realiza mediante un acuerdo con el sindicato de canillitas, encabezado por Juan Álvarez, y contempla la entrega puerta a puerta en sectores de la ciudad.
Silvana Firpo, directora de Comunicación Estratégica, y Humberto Ponce de León, subsecretario de Gestión Estratégica, defendieron públicamente la iniciativa y destacaron las posibilidades del formato impreso en momentos en que buena parte de la comunicación gubernamental se concentra en redes sociales.
Cuando se les preguntó cuánto cuesta producir y distribuir cada edición, sin embargo, no apareció una cifra concreta. Ponce de León sostuvo que el gasto había sido llevado “al mínimo”, pero no precisó el monto.
Ese vacío es el primer cuestionamiento hacia la administración de Chahla. No se discute solamente si un municipio puede o no editar una publicación propia. La pregunta central es cuánto dinero público demanda, quién imprime los ejemplares, bajo qué mecanismo se contrata el servicio, cuánto cuesta distribuirlos y cuál es el costo total anual si la publicación mantiene su periodicidad.
Son datos básicos para determinar la dimensión real de una política comunicacional financiada por los contribuyentes.
El contraste resulta todavía más evidente porque la Municipalidad tiene una estructura de comunicación con fuerte presencia pública y digital. La gestión construyó alrededor de Chahla una exposición que consiguió niveles de alcance poco habituales para dirigentes locales. Según los datos incorporados al informe presentado ante el CES, algunas publicaciones personales de la intendenta alcanzaron millones de reproducciones.
La comunicación es, de hecho, uno de los activos políticos más visibles de Chahla. Sus recorridas, intervenciones espontáneas, videos junto a funcionarios y piezas sobre obras o servicios consiguieron instalar una marca personal alrededor de su administración.
Pero esa capacidad para comunicar abre inevitablemente otra discusión: si el municipio puede desarrollar un aparato sofisticado para mostrar lo que hace, también debería poder informar con la misma facilidad cuánto cuesta hacerlo.
Licitaciones sin adjudicaciones visibles y un Boletín Oficial difícil de consultar
El cuestionamiento por el periódico municipal es apenas la puerta de entrada a un problema más amplio.
El relevamiento realizado entre junio y julio de 2026 sobre las plataformas oficiales de San Miguel de Tucumán detectó que existe información pública disponible, pero que llegar hasta ella puede exigir conocimientos previos que un vecino común no necesariamente posee.
Uno de los ejemplos es el Boletín Oficial municipal.
Para acceder a determinada documentación, el ciudadano debe pasar previamente por CiDiTuc. Además, el sistema de búsqueda relevado no permite localizar información mediante palabras o temas específicos.
Esto significa que un vecino interesado, por ejemplo, en conocer una contratación vinculada con una plaza, una obra de bacheo, la compra de alimentos o cualquier otro gasto no puede simplemente introducir esos términos y acceder a los documentos relacionados. Necesita conocer previamente el número del boletín o la fecha en que el acto administrativo fue publicado.
En la práctica, el ciudadano debe saber parte de la respuesta antes de comenzar la búsqueda.
Algo similar ocurre con las licitaciones.
El portal permite acceder a llamados, resoluciones, pliegos, bases y condiciones. El problema detectado aparece en la etapa posterior: las adjudicaciones no se encuentran expuestas con la misma claridad. De acuerdo con el relevamiento, no existe un recorrido sencillo que permita conocer quién terminó ganando una contratación, cuál fue el monto final y mediante qué acto administrativo se concretó.
La diferencia no es menor. Publicar que el Estado pretende gastar dinero es sólo una parte de la transparencia. Para completar el circuito también hace falta saber quién recibió ese dinero y cuánto terminó pagando efectivamente el municipio.
Incluso el asistente virtual “Migue”, incorporado a la estructura digital municipal, mostró limitaciones cuando fue consultado durante el relevamiento. Según el informe, no pudo proporcionar datos sobre expedientes, proveedores, montos, fechas o estado de determinadas licitaciones y terminó derivando nuevamente a los canales institucionales.
También fueron observados problemas en el denominado portal de Transparencia. El sitio está identificado visualmente con la Contaduría General y, al momento del estudio, algunos filtros del Presupuesto Abierto no permitían avanzar hacia un detalle fácilmente accesible del destino de los fondos por áreas.
El Presupuesto Participativo ofrece otro ejemplo de la misma paradoja.
La gestión de Chahla consiguió poner en funcionamiento un mecanismo previsto por una ordenanza de 2019 que había permanecido durante años sin implementación completa. El informe reconoce ese proceso como uno de los principales logros participativos de la administración.
En octubre de 2025 los vecinos votaron proyectos y posteriormente fueron seleccionadas 20 iniciativas por un monto global de $5.700 millones.
Sin embargo, el portal relevado no permitía seguir con claridad qué ocurrió después con cada propuesta: si ya había sido licitada, cuándo comenzaría su ejecución o qué empresa había resultado adjudicataria.
Es decir, el municipio abrió la puerta para que el vecino eligiera dónde gastar una parte del presupuesto, pero todavía no le ofrece con la misma facilidad la posibilidad de controlar qué pasó después con aquello que eligió.
Una gestión eficaz para mostrar y con dificultades para responder
La crítica más profunda del informe no está vinculada con una página web determinada sino con el modelo general de comunicación de la administración de Chahla.
El diagnóstico sostiene que la Municipalidad desarrolló una enorme capacidad de emisión pero todavía presenta debilidades para escuchar, derivar y responder demandas ciudadanas.
Durante el período analizado, la cuenta institucional del municipio mostró una actividad importante y altos niveles de interacción. Sin embargo, en una muestra examinada por los autores del reporte aparecieron reclamos ciudadanos con cientos de adhesiones que no tuvieron una respuesta institucional observable.
Uno de ellos estaba relacionado con una denuncia contra un agente de tránsito por un presunto cobro irregular y reunió 494 adhesiones. Otro cuestionaba el estado de las cloacas y acumuló 849. El relevamiento no encontró respuestas o derivaciones visibles del municipio ante esos planteos.
La administración demuestra así una eficacia mucho mayor para colocar mensajes que para transformar la conversación digital en un sistema formal de atención y seguimiento.
El informe también plantea una personalización de la comunicación alrededor de Chahla. Algunas de las publicaciones protagonizadas por la intendenta alcanzaron 4,5 millones, 3 millones o más de un millón de reproducciones, cifras ampliamente superiores a las obtenidas por varios canales institucionales.
Ese éxito constituye una fortaleza política para la jefa municipal, pero también entraña un riesgo: que la información pública termine confundida con la promoción de la figura que conduce el Ejecutivo.
La observación resulta especialmente pertinente frente a “El Sanmiguelino”. Si la publicación mensual se financia con recursos municipales, la administración tiene la oportunidad de despejar cualquier sospecha con una medida elemental: publicar de manera accesible cuánto cuesta, cómo se contrató su producción, quiénes son los proveedores involucrados y cuál es el costo del acuerdo de distribución.
El reporte incluso reconoce avances importantes de la actual gestión. Destaca el Portal de Datos Abiertos, la digitalización de trámites, los 134.827 usuarios registrados informados oficialmente hasta junio, el desarrollo del Presupuesto Participativo y la creación de una Dirección de Inteligencia Artificial.
Precisamente por eso la crítica adquiere mayor peso. El problema ya no parece ser la ausencia absoluta de infraestructura, sino que esa infraestructura todavía no garantiza una trazabilidad sencilla del gasto ni un derecho de acceso suficientemente institucionalizado.
Tucumán continúa además con un atraso normativo en materia de acceso a la información pública. El proyecto provincial enviado a la Legislatura permanece sin resolución, pero esa situación no impide que la Capital avance con reglas propias.
Entre las recomendaciones planteadas al Consejo Económico y Social aparecen una ordenanza municipal integral de acceso a la información, la publicación completa de las adjudicaciones, mejoras al buscador del Boletín Oficial, mecanismos obligatorios de respuesta ciudadana y la creación de un Observatorio de Transparencia Municipal.
Varias de esas correcciones, sostiene el estudio, podrían implementarse sin una erogación significativa porque utilizan herramientas que la Municipalidad ya posee.
Ahí aparece el principal desafío para Chahla. Su administración construyó una maquinaria comunicacional capaz de contar la transformación de la ciudad, consiguió millones de visualizaciones y ahora incluso lleva una publicación impresa hasta la puerta de miles de vecinos. Pero esa misma capacidad todavía no tiene un correlato equivalente cuando un contribuyente pretende seguir el recorrido de cada peso público.
La discusión sobre “El Sanmiguelino” termina, entonces, excediendo al periódico. La pregunta que queda abierta es mucho más sencilla: si el municipio puede llegar a la casa del vecino para contarle lo que hace, ¿por qué el vecino todavía debe atravesar tantas barreras para saber cuánto cuesta?
