El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, Adolfo Bottini, salió a rechazar una de las acusaciones que desde hace meses rodean a la Legislatura de Tucumán: que cada legislador tendría entre 100 y 200 asesores. “Es una falsedad total”, afirmó el dirigente gremial, y aseguró que nunca existió semejante cantidad de colaboradores por banca. La aclaración sirve para descartar, al menos desde la posición del sindicato, una cifra que se instaló en la discusión política. Pero deja abierta una pregunta mucho más sencilla y, paradójicamente, mucho más difícil de responder: si no son 200, ¿cuántos asesores tiene realmente cada uno de los 49 legisladores tucumanos?
La entrevista de Bottini aporta algunos datos sobre el funcionamiento interno de la Cámara. Explicó que existen trabajadores de planta permanente, colaboradores políticos que ingresan y se retiran con cada legislador y personal temporario de Cámara. También aseguró que todos están registrados, cobran mediante acreditación bancaria y que los 49 legisladores cuentan con la misma partida presupuestaria. Lo que no precisó fue la cifra total de empleados de cada categoría, cuántos colaboradores políticos existen actualmente, cuántos dependen de cada parlamentario ni quiénes son. Y allí aparece una discusión que excede ampliamente la polémica por si son 70, 100 o 200.
El número que nadie termina de poner sobre la mesa
Las cifras sobre el personal legislativo vienen circulando desde hace años sin que exista una nómina pública que permita comprobarlas de manera sencilla. En distintos momentos se habló de 10 o 15 contratos base por legislador, mientras dirigentes políticos opositores elevaron posteriormente sus estimaciones hasta 70, 80 o 100 colaboradores en algunos casos. Son afirmaciones realizadas en diferentes períodos y bajo estructuras presupuestarias distintas, por lo que no corresponde trasladarlas automáticamente a 2026. Justamente por eso resulta relevante conocer el dato actual.
La respuesta no debería requerir estimaciones, trascendidos ni cálculos indirectos. Bastaría con publicar cuántas personas trabajan actualmente en la Legislatura, bajo qué modalidad contractual, en qué área se desempeñan, cuántas están asignadas a cada bloque y cuántas dependen de cada legislador. No se trata necesariamente de discutir si determinado número es mucho o poco: primero habría que conocerlo.
Bottini sostuvo que “está todo transparentado y en blanco”, una afirmación que refiere a la registración laboral de los empleados. Pero registrar formalmente a un trabajador y hacer pública la estructura de personal son dos cuestiones diferentes. Que cada empleado cobre por banco y tenga recibo de sueldo demuestra una modalidad de registración; no permite por sí solo que cualquier ciudadano conozca la cantidad, distribución y costo de los colaboradores políticos.
Un presupuesto millonario, pero sin el detalle que permitiría controlar
Para 2026, el Poder Legislativo recibió una asignación cercana a los $183.820 millones, alrededor del 3,69% del Presupuesto General de la Provincia aprobado para el ejercicio. Bottini defendió el nivel de gasto y cuestionó las comparaciones que ubican a Tucumán entre las Legislaturas más costosas del país, argumentando que deben tenerse en cuenta factores como la población y el carácter unicameral del sistema provincial.
Esa discusión puede darse. También puede debatirse si una Legislatura necesita más o menos recursos, si su estructura administrativa está sobredimensionada o si el costo se justifica por las funciones que desempeña. Pero cualquier discusión seria necesita previamente información verificable.
El problema es que el presupuesto global permite conocer cuánto dinero se destina al Poder Legislativo, pero no brinda por sí mismo una fotografía accesible y actualizada sobre cómo se distribuye el personal político alrededor de las 49 bancas. El ciudadano puede conocer el monto general de la institución, pero sigue teniendo dificultades para responder una pregunta mucho más concreta: ¿cuántas personas trabajan como asesores o colaboradores de los legisladores que eligió?
La deuda de Tucumán con el acceso a la información pública
Aquí aparece un problema institucional más amplio. Tucumán continúa sin contar con una ley provincial general de acceso a la información pública equivalente al régimen nacional establecido por la Ley 27.275. Durante 2026 volvió a discutirse un proyecto en la Legislatura y en junio el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó públicamente que la iniciativa estaba siendo analizada, pero hasta comienzos de octubre no consta su sanción en los registros oficiales provinciales.
La ausencia de una norma general no significa que los actos estatales puedan considerarse secretos ni elimina otros derechos y garantías vinculados con la publicidad de los actos de gobierno. Sí implica que Tucumán carece de un procedimiento provincial integral que establezca con claridad cómo un ciudadano puede solicitar información, qué plazos tiene el Estado para responder, cuáles son las excepciones y qué mecanismos existen ante una negativa.
La diferencia con el Congreso de la Nación resulta evidente. A nivel nacional existen herramientas institucionales y normas de acceso que permiten consultar información sobre personal y realizar pedidos formales. En Tucumán, conocer la estructura real de colaboradores de un legislador puede transformarse en una búsqueda entre declaraciones políticas, versiones periodísticas y datos parciales.
Por eso, la desmentida del gremio legislativo puede cerrar una discusión pero abre otra más importante. Quizás no haya 200 asesores por legislador. Quizás tampoco haya 100, 70 o cualquier otra cifra que haya circulado durante los últimos meses. La cuestión es que el ciudadano no debería tener que creerle a quien acusa ni a quien desmiente.
Debería poder comprobarlo.
Una nómina actualizada, la modalidad contractual, el área de desempeño y la cantidad de colaboradores asignados a cada banca alcanzarían para terminar con buena parte de la polémica. Mientras esos datos no sean fácilmente accesibles, la pregunta seguirá vigente: no son 200, dicen desde la Legislatura. Entonces, ¿cuántos son?
