La gestión de Rossana Chahla al frente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán enfrenta un problema que comienza a repetirse: los anuncios avanzan mucho más rápido que las obras. El Presupuesto Participativo, presentado como una de las principales herramientas para transformar la ciudad y acercar las decisiones a los vecinos, se convirtió en un ejemplo de la distancia que existe entre el discurso oficial y la ejecución concreta de los proyectos.
Los números son contundentes. De las 20 obras elegidas por los vecinos para realizarse durante 2026, solamente una se encuentra en ejecución. Se trata de la remodelación de la plaza Urquiza, que comenzó en agosto y registra un avance cercano al 20%, según los datos proporcionados por el propio municipio.
Las otras 19 iniciativas siguen pendientes, pese a que fueron seleccionadas por los ciudadanos durante 2025 y aprobadas por el Concejo Deliberante en junio de este año.
El programa cuenta con una asignación presupuestaria de aproximadamente $8.700 millones, pero hasta ahora el balance de su implementación está marcado principalmente por expedientes, licitaciones y explicaciones oficiales.
De la participación ciudadana a la frustración de los vecinos
El Presupuesto Participativo fue presentado por la administración de Chahla como un avance en materia de democracia directa. La propuesta era sencilla: que los habitantes de los distintos barrios pudieran elegir las obras más necesarias para mejorar su calidad de vida.
Para ello, la Capital fue dividida en 20 distritos y se realizó una votación en octubre de 2025, de la que participaron 2.709 vecinos e instituciones.
La iniciativa, establecida originalmente mediante una ordenanza de 2019 y reglamentada durante la actual gestión en 2024, generó expectativas entre quienes se involucraron en la elección de los proyectos.
Sin embargo, la participación ciudadana pierde buena parte de su sentido cuando las decisiones adoptadas por los vecinos no se traducen oportunamente en resultados.
En julio, desde el municipio se había anunciado que las obras comenzarían de manera escalonada a partir de septiembre. Pero noviembre encontró a la mayoría de los proyectos todavía sin iniciar.
La situación resulta especialmente incómoda para una administración que ha convertido la planificación, la modernización del Estado y la cercanía con los ciudadanos en algunos de sus principales argumentos políticos.
Porque convocar a los vecinos, organizar votaciones y presentar proyectos no equivale a realizar las obras. La participación debe tener consecuencias concretas para que no termine reducida a una herramienta de promoción de la gestión.
La burocracia, la explicación que contradice el discurso de Chahla
Ante las demoras, el secretario General municipal, Rodrigo Gómez Tortosa, explicó que las obras pendientes deben completar diferentes procedimientos técnicos y administrativos antes de comenzar.
De acuerdo con la información oficial, 12 de los 20 proyectos ya atravesaron la apertura de sobres de sus respectivas licitaciones. Sin embargo, todavía restan adjudicaciones y otras instancias necesarias para iniciar los trabajos.
Entre las iniciativas pendientes figuran intervenciones en las plazas Pedro Cossio y Los Plátanos, el barrio Lincoln, el Complejo Muñoz, Viluco y Los Chañaritos.
El propio concejal Emiliano Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, reconoció las demoras y sostuvo que todas las obras deberían comenzar antes de finalizar 2026.
La explicación administrativa adquiere una dimensión política particular cuando se recuerda que, en julio, la propia Chahla cuestionó el funcionamiento del aparato estatal y aseguró que el Estado burocrático ya no resultaba útil.
Ahora, precisamente los procesos burocráticos aparecen como el principal argumento de su administración para explicar por qué 19 de las 20 obras todavía no comenzaron.
Es cierto que las contrataciones públicas deben respetar procedimientos legales, controles y plazos. Pero también es responsabilidad de una gestión municipal preverlos, planificar los tiempos y evitar anuncios que después no puede cumplir según el calendario difundido.
Las exigencias administrativas no surgieron de manera imprevista. Forman parte del funcionamiento habitual del Estado.
Por eso, el problema no parece limitarse a la existencia de trámites, sino también a la capacidad de planificación y ejecución de quienes tienen la responsabilidad de conducir el municipio.
Muchas promesas, pocas concreciones y menos fondos para 2027
La demora de las obras del Presupuesto Participativo se suma a otros anuncios de la administración municipal que todavía enfrentan interrogantes sobre sus plazos de concreción.
Uno de ellos es la reforma del transporte público, presentada a fines de julio. A comienzos de noviembre, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos reclamaron explicaciones oficiales ante la falta de precisiones sobre el avance del proyecto y el cumplimiento de los plazos anunciados.
El denominador común es una gestión que demuestra capacidad para comunicar iniciativas, pero cuya ejecución presenta demoras que merecen explicaciones públicas.
En el caso del Presupuesto Participativo, el panorama incorpora además una preocupación adicional: los recursos previstos para 2027 serán menores.
En septiembre, el Concejo Deliberante aprobó una modificación de la ordenanza que regula el programa. A partir del cambio, los fondos mínimos dejarán de calcularse sobre el presupuesto total del municipio y pasarán a determinarse sobre partidas específicas de Obras Públicas y Servicios Públicos.
La modificación reducirá los recursos mínimos destinados a esta herramienta. Vargas Aignasse vinculó la decisión con la caída de la recaudación municipal.
Así, mientras los proyectos correspondientes a 2026 todavía esperan su ejecución, el programa ya enfrenta un escenario de menores recursos para el próximo año.
La paradoja es evidente: se impulsa la participación de los vecinos para decidir obras, pero la administración no consigue iniciar la gran mayoría de los proyectos aprobados y, al mismo tiempo, se reduce el financiamiento mínimo previsto para futuras ediciones.
Chahla ha manifestado su intención de buscar la reelección en 2027 y sostiene que su gestión trabaja para modernizar San Miguel de Tucumán. Pero el balance de una administración no puede medirse únicamente por la cantidad de anuncios, presentaciones o iniciativas difundidas.
Gobernar es transformar las promesas en resultados verificables.
La remodelación de la plaza Urquiza demuestra que al menos uno de los proyectos pudo ponerse en marcha. La pregunta es por qué los otros 19 no siguieron el mismo camino.
Los vecinos que participaron del Presupuesto Participativo no votaron expedientes, pliegos ni licitaciones. Votaron obras para sus barrios.
Y mientras esas obras sigan pendientes, la administración de Rossana Chahla tendrá dificultades para despejar una crítica cada vez más concreta: una gestión con abundancia de promesas, pero con resultados que, al menos en este programa, todavía están lejos de lo anunciado.
