A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como la autoridad encargada de penalizar las actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina. La normativa apunta a castigar la exploración o explotación de hidrocarburos.
A partir de ahora, todos los organismos públicos tendrán la obligación de denunciar cualquier irregularidad ante la Cancillería en un plazo de cinco días.
El decreto también establece el procedimiento para investigar, abrir sumarios y multar a las empresas infractoras, amparándose en el mandato constitucional de defender la soberanía nacional sobre el archipiélago.
