La investigación por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán abrió un nuevo capítulo, esta vez puertas adentro del penal de Villa Urquiza. Marcos Nacif, uno de los seis procesados por el millonario cargamento de droga, denunció que habría sido víctima de una extorsión mientras permanecía detenido.
Según la presentación, tres integrantes del clan Caro le habrían exigido U$S 25.000 y una camioneta Renault Oroch a cambio de garantizar que no sufriera represalias dentro de la cárcel.
Los señalados son los hermanos Walter, Emanuel y Marcos Caro. La denuncia sostiene además que Denise Lobo, madre de los tres, habría sido la persona indicada para recibir tanto el dinero como el vehículo.
La acusación activó una nueva investigación judicial y derivó en un allanamiento dentro del propio penal.
U$S 25.000 y una camioneta para evitar represalias
La denuncia fue canalizada a través de los hijos de Nacif por sus abogados defensores, Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), y quedó bajo análisis del fiscal Mariano Fernández.
El planteo es grave: los denunciados habrían aprovechado la situación de encierro para exigir bienes a cambio de brindar seguridad al acusado o, en sentido contrario, evitar que fuera víctima de represalias mientras permaneciera alojado en Villa Urquiza.
La Justicia busca ahora reconstruir cómo habría funcionado la presunta maniobra, establecer quiénes intervinieron y determinar si existieron comunicaciones entre los involucrados.
Para avanzar en esa línea se ordenó un procedimiento dentro del establecimiento penitenciario.
Allanaron el penal y encontraron celulares en una celda
Durante el allanamiento realizado en Villa Urquiza, los investigadores secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
El objetivo será determinar si esos dispositivos contienen mensajes, llamadas u otros registros que permitan vincularlos con las amenazas y las exigencias económicas denunciadas.
Pero el procedimiento dejó además otro dato llamativo.
Según trascendió de la investigación, los acusados se encontraban alojados en una celda con características consideradas privilegiadas, donde también fueron hallados distintos elementos que los internos no deberían tener en su poder.
Ese hallazgo abre interrogantes que van más allá de la presunta extorsión. La presencia de teléfonos dentro de una cárcel vuelve a poner bajo la lupa los controles penitenciarios, especialmente si esos dispositivos terminaron siendo utilizados para organizar o ejecutar maniobras delictivas desde el interior del penal.
Las pericias sobre los aparatos serán claves para determinar si la denuncia puede ser respaldada con evidencia digital.
El vínculo con el cargamento de cocaína de U$S 2,3 millones
Nacif no es un detenido ajeno a una causa de alto impacto. Está procesado en la investigación por el secuestro de unos 470 kilos de cocaína, un cargamento valuado en aproximadamente U$S 2,3 millones.
El operativo se inició cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron una Toyota Hilux y descubrieron la droga.
Nacif fue señalado como el conductor del vehículo. En su defensa sostuvo que desconocía qué transportaba, pero el juez federal José Manuel Díaz Vélez consideró poco creíble esa explicación y puso especialmente en duda que, por su experiencia como remisero, no hubiera advertido las características particulares del viaje.
Junto con él también fueron procesados Rodrigo “Icha” Chávez, propietario registral de la camioneta; Pablo Abraham Pérez, señalado como presunto organizador; Matías Díaz, Enrique Santos Catulo y Ernesto Catulo Chamás.
La Justicia Federal dispuso la prisión preventiva de los seis por transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas, además de embargos por $5.000 millones.
Mientras continúa la investigación para establecer de dónde salió la cocaína, quién la proveyó y quién era el verdadero dueño del cargamento, el expediente sumó ahora una ramificación inesperada.
Lo que comenzó con uno de los mayores secuestros recientes de droga en Tucumán llegó hasta el interior de Villa Urquiza, donde la Justicia intenta determinar si un acusado terminó siendo víctima de una extorsión desde la misma cárcel en la que permanece detenido.
