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Narcomenudeo en Tucumán: más detenidos, menos investigaciones y solo caen peces chicos

La lucha contra el narcotráfico en Tucumán atraviesa una etapa delicada. La ley de narcomenudeo, presentada como una herramienta central para golpear a las redes de venta de drogas, empieza a exhibir señales de desgaste en un contexto marcado por estadísticas contradictorias, escasez de recursos y una estrategia que, por ahora, parece concentrarse más en los vendedores callejeros que en las estructuras que sostienen el negocio.

Caen los secuestros de cocaína y suben los decomisos de marihuana

Los datos del primer trimestre de 2026 encendieron una alarma entre los investigadores. Mientras el secuestro de cocaína cayó más de un 30% en comparación con el mismo período del año pasado, el decomiso de marihuana creció más de un 150%. Para los especialistas, el fenómeno no es casual: entienden que las organizaciones criminales encontraron nuevos mecanismos para mover cocaína y, al mismo tiempo, avanzan en la producción regional de cannabis.

En paralelo, desde la Nación se destacó el impacto del Operativo Güemes en Salta, con énfasis en la cantidad de droga incautada. Sin embargo, persisten dudas sobre la eficacia real de los controles. Aunque se informó que en la región operan seis radares para vigilar los cielos, hasta ahora no se detectó oficialmente ningún vuelo narco. Los casos conocidos surgieron por accidentes de avionetas y no por tareas de prevención o inteligencia.

Más procedimientos, pero enfocados en los eslabones más débiles

El crecimiento del narcomenudeo en Tucumán también se refleja en otro indicador: el promedio de detenidos por comercializar drogas pasó de 10 por día el año pasado a 12 diarios en los primeros tres meses de este año. A simple vista, la cifra podría interpretarse como una mayor eficacia en la persecución penal. Pero el análisis fino revela un problema más profundo.

La mayoría de las causas no nace de investigaciones complejas, sino de detenciones en flagrancia. Sobre unas 1.100 causas que se habrían abierto en el primer trimestre, apenas alrededor de 90 surgieron de pesquisas. El resto se originó cuando los sospechosos fueron sorprendidos con drogas o cuando en allanamientos por otros delitos aparecieron estupefacientes. En otras palabras, el sistema atrapa al vendedor de calle, pero rara vez llega a quienes organizan la distribución.

Incluso desde el área oficial admiten esa limitación. La Policía logra actuar sobre quienes venden, pero encuentra dificultades para avanzar sobre los grupos que controlan el negocio. El resultado es un esquema de persecución que golpea al último eslabón, mientras las organizaciones logran adaptarse, mudar la venta desde los “quioscos” a las calles y reducir el riesgo de perder grandes cantidades de droga.

Fiscalías saturadas y una política criminal en riesgo

Uno de los principales cuellos de botella está en el Ministerio Público. Desde la entrada en vigencia de la ley de narcomenudeo en diciembre de 2022, sólo funcionan dos fiscalías especializadas, pese a que la norma habilitaba hasta seis. Una concentra los casos de la capital y otra los del sur provincial. Ambas trabajan con recursos limitados y planteles reducidos.

Según fuentes judiciales, cada una cuenta con apenas ocho empleados. Con el volumen de expedientes actuales, cada oficina habría debido absorber unas 550 causas en sólo tres meses. Esa sobrecarga, sumada a las investigaciones de años anteriores y al hecho de que estas unidades deben cubrir guardias durante todo el año, dificulta cualquier posibilidad de desarrollar pesquisas profundas contra bandas estructuradas.

En ese escenario, crece la preocupación por un eventual fracaso de la política contra el narcomenudeo. Los especialistas advierten que, si el sistema no se fortalece, el impacto podría sentirse rápidamente en el aumento de robos, homicidios y conflictos territoriales entre grupos criminales. También en el plano social, donde el consumo problemático ya aparece vinculado a buena parte de los episodios de violencia familiar. La sensación que deja el cuadro actual es inquietante: la respuesta estatal existe, pero sigue siendo insuficiente frente a un fenómeno que no deja de expandirse.

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