El Tribunal de Cuentas de Tucumán observó con carácter de “formal oposición” una contratación impulsada por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública para pautar publicidad oficial en un sitio web vinculado al abogado penalista Gabriel Iezzi, con actividad en la Ciudad de Buenos Aires.
La operación había sido dispuesta mediante la Resolución N° 1817/1 de la Secretaría de Comunicación Pública y contemplaba contratar a la firma Iezzi & Varone Abogados Consultores S.R.L. para la realización de publicidad oficial durante junio de 2026. El monto previsto era de $900.000.
Un sitio sin alcance acreditado en Tucumán
El organismo de control puso bajo la lupa la idoneidad del soporte elegido para difundir actos de gobierno de la Provincia. Según el informe técnico citado en el acuerdo, el sitio analizado no funcionaría como un medio de comunicación con alcance provincial, sino como una página personal y profesional vinculada a un estudio jurídico.
El Tribunal también advirtió que las publicaciones serían esporádicas y estarían relacionadas, principalmente, con temas del partido de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. Además, remarcó que no se acompañaron datos de audiencia, estadísticas de visitas, tráfico ni indicadores que permitan acreditar que la publicidad oficial tendría un impacto real entre los tucumanos.
Falta de causa y dudas sobre la contratación
Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la falta de sustento para justificar el gasto público. El Tribunal recordó que la publicidad oficial debe estar orientada a difundir actos de gobierno, información pública o acciones estatales de interés general.
En ese sentido, consideró que contratar un banner en el sitio cuestionado no cumple con esa finalidad. El organismo sostuvo que la existencia de una página en internet no alcanza para convertirla automáticamente en un soporte apto para publicidad oficial.
También se señalaron inconsistencias documentales. Entre ellas, diferencias de domicilios registrados por la firma y dudas sobre la titularidad o disponibilidad del dominio utilizado para ofrecer el espacio publicitario.
Una advertencia sobre el uso de fondos públicos
El acuerdo remarcó que el expediente no contiene antecedentes suficientes para justificar la modalidad de contratación ni la utilidad concreta de la pauta. Para el Tribunal, la resolución presenta un vicio en la causa del acto administrativo y una falta de correspondencia entre el objeto contratado y la finalidad legal de la publicidad oficial.
Por ese motivo, el organismo resolvió observar la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública con carácter de formal oposición. La decisión funciona como una advertencia institucional sobre el uso de fondos públicos en contrataciones de pauta que no acrediten alcance, finalidad pública ni aptitud comunicacional.
