A un mes de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Raquel Graneros, el legislador Manuel Courel cuestionó la falta de avances y reclamó que la Fiscalía de Concepción actúe con la misma rapidez que mostró cuando investigó a vecinas que protestaron por las inundaciones. El planteo vuelve a instalar las sospechas sobre una posible doble vara judicial cuando los denunciados son dirigentes vinculados al poder provincial.
Un mes de escasos avances
La denuncia formal contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, fue presentada a comienzos de junio, pero hasta el momento la investigación habría registrado pocos progresos, según advirtió el legislador Manuel Courel, de Cambia Tucumán.
El parlamentario sostuvo que la lentitud de la Justicia resulta llamativa frente a la gravedad de los hechos denunciados. La presentación, realizada junto al ex concejal de Alberdi Luis Díaz Augier y al edil de Simoca Luis Escobar, apunta a determinar el origen de los fondos utilizados para la adquisición de una vivienda de grandes dimensiones en el country Las Yungas, de Yerba Buena.
Según los denunciantes, la operación inmobiliaria habría superado el millón de dólares y se habría concretado con dinero en efectivo. Courel calificó el episodio como “totalmente obsceno” y aseguró que recibieron información que podría vincular a funcionarios municipales con gastos relacionados con la propiedad.
La Fiscalía de Concepción habría solicitado informes al barrio privado y a empresas prestadoras de servicios como la SAT, EDET y Naturgy, con el objetivo de establecer la titularidad del inmueble. Sin embargo, de acuerdo con el legislador, las respuestas obtenidas hasta ahora fueron insuficientes.
Ante esa situación, existiría un pedido para avanzar con nuevas medidas de prueba e incluso disponer un allanamiento en caso de que no se entregue la documentación requerida.
Rapidez para investigar a vecinas, demora para avanzar contra el poder
Courel comparó el ritmo de esta causa con la actuación judicial desplegada contra un grupo de mujeres de Graneros que habían reclamado ante la intendenta después de sufrir inundaciones.
Según recordó, las vecinas fueron denunciadas por amenazas y procesadas en cuestión de días o semanas. Para el legislador, esa velocidad contrasta de manera evidente con la escasa evolución del expediente que involucra a la jefa municipal.
“Esperemos que el fiscal actúe con la misma celeridad”, reclamó Courel, quien pidió que se determine cómo se financió la compra de la propiedad y si los ingresos declarados por Graneros resultan compatibles con la operación.
El cuestionamiento pone bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia del sur de la provincia y alimenta las sospechas sobre un trato desigual. Mientras las personas que protestaron contra una funcionaria fueron rápidamente sometidas a un proceso penal, la denuncia patrimonial contra una dirigente del oficialismo todavía no habría generado medidas de alto impacto.
La diferencia en los tiempos judiciales resulta particularmente sensible en una provincia donde funcionarios e intendentes suelen conservar fuertes vínculos políticos y territoriales. En ese contexto, cualquier demora sin una explicación clara puede fortalecer la percepción de protección o impunidad.
Bienes millonarios y respuestas pendientes
La denuncia sostiene que Graneros habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas por una suma superior a U$S1 millón. Los denunciantes remarcaron que la intendenta no registraría otros antecedentes laborales relevantes fuera de su actividad política.
Courel también afirmó que el secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría trasladado parte del dinero en efectivo para concretar la operación en una sucursal bancaria. Esa versión deberá ser verificada por la investigación.
Como parte de la documentación presentada, se incorporó una liquidación de expensas correspondiente a junio. Según ese registro, los dos lotes posteriormente unificados tendrían cargos mensuales de $570.090 y $566.690.
El legislador señaló además que existen versiones sobre la presunta compra de otro inmueble en Tafí del Valle por unos U$S600.000. No obstante, reconoció que esa información todavía no pudo ser corroborada y que continúa siendo analizada antes de ser incorporada formalmente al expediente.
Graneros evitó realizar declaraciones públicas sobre la denuncia y derivó las consultas a su abogada, Paula Soria. La letrada tampoco había brindado una respuesta al cierre de la consulta periodística.
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo pidió no prejuzgar y sostuvo que todos son iguales ante la ley. Sin embargo, el verdadero alcance de esa igualdad dependerá de que la Justicia investigue sin privilegios, con plazos razonables y con la misma firmeza frente a ciudadanos comunes que frente a funcionarios cercanos al poder.
