La intervención de la Caja Popular de Ahorros quedó bajo presión luego de que se conociera la explicación institucional brindada ante un requerimiento antilavado por retiros millonarios en efectivo realizados por ventanilla. Según la respuesta elevada al Banco Central a través del Banco Macro, los más de $21.105 millones extraídos entre abril de 2025 y marzo de 2026 correspondían al “pago de haberes del personal” y se encontraban respaldados por documentación contable y administrativa.
La justificación abrió un nuevo frente de sospechas sobre el manejo financiero de la entidad, especialmente porque se trata de una suma equivalente a unos 17 millones de dólares al cambio oficial de cada trimestre. El caso compromete tanto a la gestión anterior como a la actual conducción de la institución, que asumió tras el recambio dispuesto por el gobierno provincial.
Una explicación que no cerró
El requerimiento del Banco Central exigía detallar, trimestre por trimestre, quiénes habían sido los beneficiarios de las extracciones, cuál era el motivo de cada retiro y qué respaldo documental existía. La respuesta institucional fue enviada el 5 de junio por el gerente general Pablo Díaz Sánchez, quien sostuvo que los fondos se usaban para el pago de sueldos bajo una “modalidad operativa habitual”.
Sin embargo, esa explicación quedó bajo cuestionamiento. La masa salarial de cualquier organismo suele tener un comportamiento previsible, con variaciones mensuales acotadas y aumentos excepcionales en períodos de aguinaldo. En este caso, los retiros en efectivo mostraron fuertes saltos entre trimestres, con caídas y subas que no se corresponden con el funcionamiento ordinario de una nómina salarial.
El punto más sensible es la trazabilidad. Si los empleados se encuentran bancarizados, el pago de haberes debería realizarse mediante depósitos en cuenta y no a través de extracciones multimillonarias por ventanilla. Por eso, la explicación oficial terminó alimentando más dudas que certezas.
Del “todo respaldado” al sumario interno
La postura de la Caja cambió después de que el caso tomara estado público. El 3 de julio, el interventor Guillermo Norry, con acuerdo del subinterventor Antonio Bustamante, dictó la Resolución de Intervención N.° 466/26 y ordenó suspender de manera inmediata toda extracción de dinero por ventanilla y todo retiro en efectivo.
Además, se dispuso la apertura de una información sumaria para determinar posibles faltas o irregularidades en la operatoria, se designaron instructores sumariales y se anunció la formulación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de un delito contra la administración pública provincial.
El giro fue evidente: durante casi un mes, la respuesta institucional había sido que los retiros correspondían a haberes y que todo estaba respaldado. Luego de la publicación del caso, la misma conducción pasó a hablar de posibles irregularidades y de una investigación penal.
Silencios, responsabilidades y una crisis institucional
La situación deja interrogantes abiertos sobre quiénes autorizaron las extracciones, quiénes retiraron el dinero, qué destino tuvieron los fondos y qué controles internos fallaron dentro de la Caja Popular. También obliga a revisar el rol de las distintas conducciones, ya que buena parte del período observado corresponde a la gestión anterior, aunque una porción de los retiros también alcanzaría a la actual intervención.
Hasta ahora, la falta de información pública oficial agrava el escenario. La entidad no brindó una comunicación institucional clara sobre el caso, la denuncia penal anunciada no fue difundida en detalle y tampoco se conoce públicamente el número de causa ni la fiscalía interviniente.
El episodio golpea a una institución que administra fondos públicos, maneja el monopolio estatal del juego y se presenta como una entidad financiera de todos los tucumanos. La explicación de los “pagos de haberes” no logró despejar las sospechas. Por el contrario, dejó instalada una pregunta central: cómo pudieron salir más de $21.105 millones en efectivo por ventanilla sin que antes se encendieran todas las alarmas internas del Estado provincial.
