La causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán volvió a dar un giro con la detención de otros dos sospechosos durante una serie de allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en Famaillá y en la capital.
Los procedimientos forman parte de la investigación que encabeza el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, iniciada después del operativo del viernes 5, cuando una camioneta fue interceptada en la ruta 157 y los efectivos hallaron la droga. El decomiso quedó registrado como el segundo más importante de cocaína en la historia de la provincia.
El primer detenido había sido Marcos Nacif, conductor del vehículo. Luego fueron vinculados a la causa Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y propietario de una reconocida verdulería, y Pablo Abraham, empresario de ese municipio, quien se presentó ante la Justicia al conocer que existía un pedido de captura en su contra.
Allanamientos en concesionarias y domicilios
Los nuevos procedimientos se concretaron en distintos puntos. En Famaillá, los investigadores allanaron un local gastronómico y boliche perteneciente a Abraham, además de un galpón de su empresa de transporte. Allí se secuestraron computadoras y documentación considerada relevante para la causa, aunque no se encontraron drogas ni armas.
En la capital tucumana también se realizaron medidas en una concesionaria ubicada en San Martín al 1.000 y en un departamento de Balcarce al 600, en barrio Norte. En el local comercial, los gendarmes secuestraron un teléfono celular y un vehículo, hicieron un inventario de los 15 autos que estaban en el lugar y dispusieron la clausura del negocio.
Durante ese operativo fue detenido Enrique Santos Catulo, quien ya tenía antecedentes en la Justicia Federal. En 2017 había sido condenado a cuatro años de prisión en el juicio contra el clan Ale, en una causa por lavado de activos vinculados a actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas.
Las sospechas apuntan al negocio automotor
El otro detenido fue Ernesto Catulo Chamas, hijo de Enrique Santos Catulo. Su nombre había aparecido mencionado durante el juicio al clan Ale, aunque nunca había sido procesado.
En el departamento allanado se secuestraron un vehículo, cheques por distintos montos y documentación de interés para los investigadores. Además, se realizaron otros procedimientos en San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y en un local sobre la ruta 301, en Famaillá, pero ambos arrojaron resultados negativos.
Una de las líneas que ahora analiza la Justicia Federal apunta al posible rol de las concesionarias de autos. Los investigadores buscan determinar si esas actividades comerciales eran legítimas o si pudieron haber funcionado como pantalla para mover fondos provenientes del narcotráfico.
Por ahora, la causa mantiene varios interrogantes abiertos: el origen de la cocaína, el destino final del cargamento y la estructura que habría estado detrás del traslado. Lo concreto es que, con el paso de los días, la investigación suma nuevos nombres, conexiones y ramificaciones que podrían ampliar el alcance del expediente.
