La investigación sobre Lebron Group comenzó a revelar una compleja trama de inversiones, promesas de elevados rendimientos y negocios vinculados con la importación de suplementos alimentarios y productos tecnológicos. En el centro del expediente aparece Franco David Alderete, señalado por denunciantes como el responsable de un esquema que habría provocado pérdidas superiores a los $530 millones.
La causa está en manos del fiscal Fernando Blanno y podría crecer significativamente. Los investigadores consideran que, a medida que el caso tome mayor estado público, nuevas víctimas podrían presentarse ante la Justicia. Incluso existe la sospecha de que el perjuicio económico actualmente denunciado represente solamente una parte del dinero involucrado.
Alderete, por su parte, se presentó voluntariamente ante la Justicia, negó haber cometido una estafa y sostuvo que sus empresas atravesaron una crisis financiera que les impidió continuar cumpliendo con los compromisos asumidos.
Las víctimas y sus abogados rechazan esa explicación. Consideran que existen elementos para determinar que la captación de dinero continuó incluso cuando los problemas de pago ya habían comenzado.
Dinero para importar productos y rentabilidades mensuales
El sistema, según las denuncias incorporadas a la investigación, se apoyaba en una propuesta de inversión relativamente sencilla. Los interesados entregaban dinero que supuestamente sería utilizado para financiar la compra de productos en el exterior, principalmente suplementos alimentarios y artículos tecnológicos.
El negocio, siempre según la explicación que habrían recibido los inversores, consistía en comprar mercadería, importarla y luego comercializarla en el país. De las ganancias obtenidas surgirían los fondos para pagar los rendimientos prometidos.
Para las inversiones realizadas en pesos se ofrecían retornos mensuales que partían de aproximadamente el 7%, aunque podían incrementarse cuando los aportes superaban determinados montos. Para quienes entregaban dólares, la rentabilidad prometida rondaba el 3,5% mensual.
La actividad tenía una estructura comercial visible. Alderete explicó ante la Justicia que el proyecto había comenzado en 2020 y que, con el paso del tiempo, se expandió. La firma tuvo su base de operaciones en inmuebles de avenida Mitre y desarrolló, paralelamente, negocios vinculados con la venta de suplementos alimentarios.
La estructura comercial llegó a contar con varios locales en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Lules. También aparecieron diferentes sociedades vinculadas con las operaciones investigadas.
Entre ellas figuran Grupo Lebron, Children SAS y Total Finans SAS. Esta última, de acuerdo con la versión aportada por Alderete, comenzó a intervenir en las operaciones después de que ARCA bloqueara uno de los CUIT utilizados anteriormente.
Los investigadores ahora buscan determinar qué función cumplía cada una de esas sociedades, cómo circulaba el dinero entregado por los inversores y cuál fue el destino final de los fondos.
Los incumplimientos y la disputa sobre el origen de la caída
De acuerdo con la versión de los damnificados, los problemas comenzaron a manifestarse durante 2023. Los pagos empezaron a demorarse y, con el paso del tiempo, los incumplimientos se hicieron cada vez más frecuentes.
Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer qué ocurrió después de que comenzaron esas dificultades.
Los abogados de las víctimas sostienen que la captación de nuevos inversores habría continuado a pesar de que la empresa ya tenía problemas para afrontar sus compromisos. Para la querella, esa circunstancia podría ser clave para demostrar que no se trató solamente de un negocio que fracasó.
Alderete sostiene una versión diferente. Ante la Justicia afirmó que la empresa ingresó en cesación de pagos por problemas financieros y aseguró que se abonó a los acreedores mientras fue posible sostener la actividad.
También señaló que la estructura comercial había alcanzado dimensiones importantes. Según su declaración, llegó a administrar cinco locales, un bar dentro de una sucursal en Yerba Buena y una planta de aproximadamente 40 trabajadores. Los gastos operativos mensuales, de acuerdo con su versión, rondaban los $25 millones.
Los denunciantes incorporaron además fotografías y registros con los que pretenden demostrar el nivel de vida que llevaba el investigado, incluyendo viajes internacionales, vehículos y su residencia en un country de Yerba Buena.
Alderete rechazó esas acusaciones. Afirmó no ser propietario de viviendas y sostuvo que el vehículo que utiliza es modelo 2012.
Otro elemento que aparece en el expediente es la supuesta retención de un contenedor con mercadería en Estados Unidos. Según declaró uno de los denunciantes, Alderete le habría explicado que ese inconveniente había desencadenado los problemas financieros.
Ante la imposibilidad de devolver dinero, algunos inversores habrían recibido propuestas alternativas: suplementos alimentarios, equipos de gimnasio, terrenos, cheques y electrodomésticos. La investigación intenta determinar ahora si esos bienes existían realmente y si podían cubrir las obligaciones asumidas.
Una causa que puede multiplicar sus cifras
El monto denunciado hasta ahora supera los $530 millones, pero la dimensión definitiva del caso todavía es incierta.
En una primera etapa de la investigación se habían contabilizado 15 denunciantes, con reclamos que incluían más de $432 millones y U$S69.300. Sin embargo, tanto fuentes judiciales como representantes de las víctimas consideran que la cantidad de presentaciones puede aumentar.
También se analiza una posible expansión de la operatoria hacia otras provincias del NOA. Existen menciones de operaciones similares en Santiago del Estero y Catamarca, aunque el alcance judicial de esas actuaciones deberá ser determinado por las autoridades competentes.
Mientras avanza la recolección de documentación y el análisis de las operaciones, la discusión central de la causa ya está planteada.
Para Alderete, Lebron desarrollaba una actividad comercial real que terminó afectada por una crisis financiera y una cesación de pagos. Para los denunciantes, en cambio, los incumplimientos formaron parte de una maniobra más amplia y la incorporación de nuevos inversores habría continuado cuando la imposibilidad de cumplir con las obligaciones ya era conocida.
Determinar cuál de esas dos hipótesis puede ser acreditada con pruebas será el principal desafío del expediente. Mientras tanto, la Justicia se prepara para recibir nuevas presentaciones que podrían ampliar tanto la cantidad de damnificados como el volumen económico de uno de los casos financieros más resonantes de los últimos tiempos en Tucumán.
