Carolina Monteros rompió el silencio después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolviera absolver a Franco Trapani y Álvaro Rodríguez, quienes habían sido condenados en octubre de 2025 a penas de 10 y ocho años de prisión, respectivamente.
La decisión del máximo tribunal provincial significó un nuevo giro en una causa iniciada a partir de un hecho denunciado en 2016 y que atravesó casi una década de demoras, cambios en la investigación, controversias probatorias y una extensa batalla judicial.
Después de conocer la resolución, Monteros expresó su indignación y aseguró sentirse nuevamente revictimizada por el sistema judicial.
“No existe la Justicia en Tucumán; hoy les puedo decir que no existe la Justicia en Tucumán”, afirmó.
La joven cuestionó con dureza la decisión de la Corte y anticipó que la batalla judicial no terminó. Según adelantó, el caso será llevado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Me siento revictimizada”
La decisión de la Corte tucumana dejó sin efecto las condenas que habían sido dictadas en octubre de 2025.
En aquella oportunidad, Franco Trapani había recibido una pena de 10 años de prisión y Álvaro Rodríguez una condena de ocho años. Sin embargo, la sentencia fue apelada por la defensa y finalmente revisada por el máximo tribunal provincial.
La Corte consideró que las pruebas reunidas no alcanzaban el grado de certeza necesario para sostener las condenas y resolvió absolver a ambos por aplicación del beneficio de la duda.
La resolución fue firmada por los vocales Antonio Estofán, Daniel Posse y Daniel Leiva. Entre otros puntos, el tribunal cuestionó la valoración realizada sobre diferentes elementos incorporados al expediente y señaló deficiencias en la investigación, entre ellas la pérdida de evidencia digital.
Para Monteros, la resolución representó un nuevo golpe después de años de exposición y de espera.
“Me siento revictimizada”, expresó al referirse a las consecuencias del fallo y al camino que debió recorrer desde que realizó la denuncia.
Su reacción también volvió a poner en discusión el funcionamiento del sistema judicial tucumano y el tratamiento de las causas por delitos sexuales, especialmente cuando los procesos se extienden durante años.
La causa había comenzado en 2016. Recién en 2025 llegó el juicio y se dictaron las primeras condenas. Menos de un año después, esa sentencia fue anulada por la Corte.
Del fallo condenatorio a la absolución
El expediente se originó por un hecho ocurrido durante la madrugada del 3 de julio de 2016.
De acuerdo con la denuncia, Monteros había salido de un boliche de Tafí Viejo junto a Trapani. Durante el recorrido se sumó Rodríguez y los tres se dirigieron posteriormente a una vivienda.
Monteros denunció que allí fue víctima de abuso sexual.
La investigación atravesó diferentes etapas y se extendió durante años. El proceso llegó finalmente a juicio oral en 2025, con la participación de la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira, la querella encabezada por Carlos Garmendia y la defensa de los acusados a cargo de Alfredo Falú.
En octubre de ese año, el juez Nicolás Gutiérrez consideró penalmente responsables a Trapani y Rodríguez y dictó las penas de 10 y ocho años de prisión.
La defensa recurrió esa resolución y cuestionó la valoración de la prueba. Meses después, el ministro fiscal Edmundo Jiménez se pronunció a favor de revisar las condenas.
Finalmente, la Corte provincial resolvió absolver a los dos acusados.
Entre los argumentos considerados por el máximo tribunal aparecen las contradicciones que, según el fallo, existían en determinados aspectos del relato, la falta de pruebas consideradas concluyentes y los problemas registrados durante la etapa de investigación.
La decisión generó cuestionamientos de organizaciones vinculadas con los derechos de las mujeres y de sectores que acompañaron a Monteros durante el proceso. Esos espacios advierten que el fallo puede tener consecuencias sobre futuras investigaciones de violencia sexual y cuestionan los criterios utilizados para evaluar el comportamiento y el relato de una denunciante.
El debate, de esta manera, excedió rápidamente el expediente particular.
Por un lado, la Corte sostuvo que la perspectiva de género no puede reemplazar la exigencia de certeza necesaria para una condena penal. Por otro, organizaciones feministas cuestionaron que determinados argumentos judiciales puedan reproducir estereotipos sobre cómo debe reaccionar una persona después de atravesar una situación traumática.
La causa seguirá en la Corte nacional
Pese al golpe que significó la absolución, Monteros aseguró que continuará con la batalla judicial.
La intención de la querella es llevar el expediente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la resolución del máximo tribunal tucumano.
“Vamos a apelar ante la Corte Suprema de la Nación”, anticipó.
De esta manera, un caso que comenzó en 2016 y que ya atravesó casi una década de recorrido judicial podría ingresar en una nueva etapa.
La causa estuvo marcada desde el comienzo por fuertes controversias. Las demoras en la investigación y la pérdida de elementos probatorios fueron señaladas en diferentes momentos del proceso. Al mismo tiempo, organizaciones que acompañan a Monteros cuestionaron lo que consideran un proceso de revictimización.
La Fundación Mujeres por Mujeres, que intervino mediante una presentación como amicus curiae, había cuestionado antes del fallo los argumentos utilizados para pedir la revisión de las condenas. La organización sostuvo que ciertas evaluaciones sobre la conducta de la denunciante después del hecho podían responder a modelos estereotipados sobre la reacción de las víctimas de violencia sexual.
La Corte, en cambio, consideró que existía una duda que impedía mantener las condenas penales.
Esa tensión será ahora uno de los puntos centrales de la nueva batalla judicial.
Para Carolina Monteros, sin embargo, la discusión trasciende los aspectos técnicos de una sentencia. Después de diez años de proceso, definió el fallo como una nueva instancia de revictimización y lanzó una de las críticas más duras contra el Poder Judicial provincial.
“No existe la Justicia en Tucumán”, resumió.
Con la decisión de acudir a la Corte Suprema de la Nación, el expediente todavía no está cerrado. La controversia judicial continuará y también lo hará un debate que ya generó repercusiones fuera de los tribunales: cómo se investigan, juzgan y revisan las denuncias de violencia sexual en Tucumán.
