La designación de Agustín Fernández al frente de la Defensoría del Pueblo dejó una señal política nítida: Osvaldo Jaldo logró imponer a su postulante en una votación que mostró el peso del oficialismo y la capacidad de la Casa de Gobierno para alinear voluntades en la Legislatura. Fernández, ex intendente de Aguilares y dirigente de estrecha sintonía con el gobernador, se quedó con el cargo con 38 votos sobre 48 legisladores presentes.
Una votación que exhibió el control del oficialismo
La sesión especial duró menos de una hora, pero alcanzó para confirmar el predominio del jaldismo en el recinto. Fernández superó con amplitud a Claudia Boyanovsky, que obtuvo seis votos, mientras que hubo cuatro abstenciones. Más allá del trámite formal, el resultado dejó en evidencia que el oficialismo no sólo retuvo la iniciativa, sino que además consiguió respaldos por fuera de su bancada para asegurar una diferencia contundente.
Un dirigente propio para un cargo clave
La elección de Fernández no apareció como una sorpresa. Encabezaba la terna final junto a José Antonio Alcaraz y Boyanovsky, pero llegaba al recinto con el aval del bloque oficialista y el apoyo explícito del gobernador. Su recorrido político, con tres mandatos como intendente de Aguilares y un paso reciente por la Cámara de Diputados de la Nación, reforzó la idea de que la conducción de la Defensoría quedaría en manos de un dirigente de confianza del poder provincial.
La señal política detrás de la designación
La votación tuvo un valor institucional, porque definió quién ocupará durante cinco años un cargo de rango constitucional. Pero también dejó una lectura política inevitable: Jaldo consiguió trasladar su influencia territorial al ámbito legislativo y cerrar una designación sensible con un nombre propio. Así, la Defensoría del Pueblo, un organismo pensado para resguardar derechos colectivos, quedó bajo la conducción de un dirigente identificado con el armado político del gobernador.
