Durante años fue uno de los centros privados más gravitantes para la atención de jubilados en Tucumán. Hoy, el nombre Luz Médica aparece atravesado por una trama mucho más compleja: una sucesión millonaria, una transferencia accionaria cuestionada, sociedades sucesivas y el interrogante central sobre quién controla realmente el establecimiento.
Una pelea familiar que se convirtió en un caso sanitario
La disputa por la herencia del empresario Julio Ernesto Luna volvió a poner al sanatorio Luz Médica en el centro de la escena judicial. Lo que comenzó como una discusión sucesoria por bienes, acciones y patrimonio terminó derivando en una investigación con impacto público, porque el establecimiento no era un activo cualquiera: durante años funcionó como uno de los prestadores clave del PAMI en Tucumán.
El expediente que tramita en el fuero Civil en Familia y Sucesiones busca reconstruir qué bienes deben integrar la herencia y quiénes se beneficiaron con la explotación económica del sanatorio. En ese camino, la Justicia puso la lupa sobre Luz Médica S.A. y Builder and Design S.A., dos sociedades vinculadas al funcionamiento del establecimiento y al inmueble donde opera.
El caso dejó de ser un conflicto privado porque involucra a un sanatorio que atendió a miles de afiliados jubilados. Por eso, cada movimiento societario, cada factura y cada contrato bajo análisis puede tener consecuencias que exceden a los herederos.
La escritura que encendió las sospechas
Uno de los puntos más delicados del expediente gira en torno a una transferencia de 150.000 acciones de Builder and Design S.A. Según una escritura incorporada a la causa, Julio Ernesto Luna y Mercedes Graciela Haro habrían comparecido ante un escribano en San Miguel de Tucumán el 10 de abril de 2019 para concretar esa operación.
Pero un informe de Aerolíneas Argentinas incorporado al expediente introdujo una contradicción de peso: los registros indican que ambos habían viajado desde Tucumán a San Carlos de Bariloche el 9 de abril y recién regresaron el 14 de ese mes. Es decir, el día en que supuestamente firmaron en Tucumán, se encontraban en otra provincia.
La discusión se agravó porque el mismo contrato mencionado en la causa habría ubicado la operación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras el acta notarial la situaba en Tucumán. Tres escenarios distintos para una misma fecha: Tucumán, Buenos Aires y Bariloche.
Esa contradicción dio impulso a una acción de redargución de falsedad, una herramienta judicial destinada a determinar si un instrumento público contiene hechos verdaderos o afirmaciones falsas. Si la transferencia fuera declarada inválida, esas acciones volverían al patrimonio de los causantes y pasarían a integrar la herencia. Si se la mantiene, una porción sustancial del patrimonio quedaría fuera del reparto.
Sociedades, facturación y el futuro del sanatorio
La causa también se extendió hacia la documentación societaria. Según las actuaciones mencionadas, durante casi tres años no se habrían exhibido en forma completa los libros societarios ni el contrato original que permitirían reconstruir el recorrido de las acciones. Incluso un perito calígrafo dejó asentado que no pudo realizar su tarea porque no se le mostró el documento original que debía analizar.
En paralelo, la Justicia investiga si la actividad médica continuó desarrollándose mediante una estructura de sociedades sucesivas, entre ellas Luz Médica S.A., Sinatrix S.A.S. y Magen David Adom Healthcare S.A.S. El objetivo es determinar quién ocupaba efectivamente el inmueble, quién facturaba las prestaciones y si existió una interposición de sociedades para sostener la explotación del sanatorio bajo distintas denominaciones.
El nombre comercial también aparece en discusión. El establecimiento habría comenzado a operar como Sanatorio Marcos Paz, aunque manteniendo la misma estructura física y, según sostiene una de las partes, con actores vinculados a la conducción anterior.
A ese cuadro se suma el antecedente más sensible: la relación con el PAMI. A comienzos de 2025, el organismo resolvió rescindir el contrato con Luz Médica tras una auditoría interna y redistribuir a sus afiliados en otros centros de salud. La medida provocó incertidumbre entre pacientes, familiares y trabajadores, y terminó de consolidar al sanatorio como uno de los casos sanitarios más controvertidos de Tucumán.
Luz Médica quedó así atrapada en una doble dimensión: por un lado, una disputa patrimonial entre herederos; por el otro, el interés público por saber qué ocurrió con un prestador que ocupó un lugar central en la atención de jubilados. La Justicia deberá definir si detrás de los papeles hubo una transferencia válida, una maniobra irregular o una estructura societaria destinada a conservar el control económico de un sanatorio que todavía concentra demasiadas preguntas.
