Carolina Monteros y su abogado anticiparon que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de que el máximo tribunal tucumano anulara las condenas contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez. La joven, que inició el proceso hace casi una década, aseguró que continuará reclamando justicia pese al nuevo revés judicial.
Una causa iniciada hace casi 10 años
El caso se remonta al 3 de julio de 2016, cuando Monteros salió de un boliche de Tafí Viejo junto con Trapani. Durante el trayecto se incorporó Rodríguez y los tres se dirigieron a una vivienda ubicada en la avenida Constitución al 2.300.
A partir de lo ocurrido en ese domicilio, la joven presentó una denuncia por abuso sexual con acceso carnal. Sostuvo que las relaciones se produjeron sin su consentimiento y comenzó un extenso recorrido judicial que atravesó diferentes instancias.
El 30 de octubre de 2025, el juez Antonio Nicolás Gutiérrez, integrante de la Sala I de la Cámara en lo Penal Conclusional, condenó a Trapani a 10 años de prisión y a Rodríguez a ocho años.
La defensa, encabezada por el abogado Alfredo Falú, cuestionó esa resolución mediante un recurso de casación. Planteó que existió arbitrariedad en la valoración de las pruebas, una afectación al principio de inocencia y un apartamiento de las reglas de la sana crítica.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar al planteo, anuló las condenas y absolvió a los acusados. El fallo fue firmado por los vocales Daniel Leiva, Antonio Estofán y Daniel Posse.
La denunciante habló de una nueva revictimización
Después de conocer la resolución, Monteros describió el impacto emocional que le provocó la decisión y aseguró que el proceso volvió a colocarla en una situación de revictimización.
“No voy a bajar los brazos”, afirmó la joven, quien señaló que continuará luchando para que el caso sea revisado. También sostuvo que el fallo no solo la afecta a ella, sino a otras mujeres y familias que atraviesan situaciones similares.
La Corte provincial consideró que la sentencia condenatoria presentaba deficiencias en su fundamentación. También cuestionó el análisis realizado sobre el testimonio de la denunciante y entendió que no se habían alcanzado los estándares necesarios para sostener una condena penal.
La decisión generó críticas de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y del representante legal de Monteros, Carlos Garmendia. El abogado sostuvo que la resolución contiene errores técnicos y podría convertirse en un precedente perjudicial para futuras investigaciones de delitos sexuales.
Según el letrado, el fallo cuestiona indirectamente que el magistrado haya aplicado la perspectiva de género al momento de valorar el relato de la denunciante junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.
Cuestionan la velocidad con la que resolvió la Corte tucumana
Garmendia también apuntó contra la rapidez con la que se tramitó y resolvió el recurso. Calificó como “escandalosa” la velocidad del proceso y comparó esos tiempos con las demoras que suelen registrarse en otros expedientes penales.
El abogado señaló que al ministro fiscal Edmundo Jiménez le llevó aproximadamente una semana emitir su opinión para que la Corte revisara la sentencia. Posteriormente, el máximo tribunal provincial resolvió la cuestión en apenas tres meses.
Para la representación de Monteros, esa celeridad contrasta con causas que permanecen durante años sin una resolución definitiva, incluso cuando existen personas privadas de su libertad.
Garmendia afirmó que el fallo profundiza la distancia entre la Justicia y la sociedad, además de alimentar la percepción de que las personas con mayores recursos económicos pueden contar con ventajas frente al sistema judicial.
El próximo paso será presentar el recurso correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí, la querella buscará que se revise la decisión adoptada en Tucumán y se analicen los cuestionamientos formulados contra la absolución.
Mientras se prepara esa presentación, Monteros ratificó que continuará con el reclamo iniciado en 2016. La intervención del máximo tribunal nacional aparece ahora como la última posibilidad de revertir el fallo dictado por la Justicia tucumana.
