La causa federal que involucra al secretario de Energía de la Provincia, Martín Sebastián Viola, sumó un giro de alto voltaje político y judicial. El fiscal federal Agustín Chit rechazó la propuesta de reparación integral presentada por el funcionario, al considerar que no cumplió con dos condiciones centrales que habían sido planteadas para intentar cerrar el proceso por una vía alternativa: ofrecer disculpas públicas y realizar un aporte económico significativo para los damnificados por las inundaciones en el sur tucumano.
La negativa de Viola a avanzar con una disculpa formal no fue leída solo como un incumplimiento procesal. En el entorno de la causa, la decisión ya se interpreta como un gesto político con consecuencias que exceden el plano estrictamente judicial. El expediente dejó de ser apenas una denuncia por suplantación de identidad digital y se transformó en una pulseada que roza de lleno la interna de poder entre sectores de Casa de Gobierno y el municipio capitalino que conduce Rossana Chahla.
Con el rechazo fiscal, el funcionario provincial perdió la posibilidad de acceder a una salida alternativa. El Ministerio Público Fiscal pidió la clausura de la instancia de mediación y la continuidad del trámite penal. Eso deja a Viola más cerca de la indagatoria ante el Juzgado Federal N° 2 y de un eventual procesamiento por el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad.
El dato político más sensible es que, en este tramo, el caso no aparece ya como una simple disputa entre particulares. El episodio tuvo como blanco a un funcionario municipal, Alejandro Sangenis, y quedó inscripto en una zona de tensión cada vez más visible entre el poder provincial y la administración capitalina. La resistencia de Viola a pedir disculpas, aun cuando esa era una condición clave para evitar el avance de la causa, terminó alimentando una lectura inevitable: el expediente también expone una guerra subterránea entre dos espacios con peso real dentro del oficialismo tucumano.
La prueba técnica que compromete al secretario de Energía
La investigación se aceleró cuando se comprobó que los comentarios difamatorios publicados en LA GACETA contra Sangenis habían sido realizados desde una cuenta digital creada con el DNI de Julián Echazú Toneatti. A partir de allí, la fiscalía reunió una serie de elementos técnicos que considera determinantes para sostener la acusación.
Según la reconstrucción del expediente, la suscripción digital desde la cual se emitieron los mensajes fue abonada con una tarjeta de crédito perteneciente a Viola. A eso se sumó otro dato relevante: la cuenta fue dada de alta desde una dirección IP vinculada al funcionario. Para la acusación, esa combinación de pruebas bancarias e informáticas redujo drásticamente el margen para sostener una explicación alternativa.
La fiscalía también puso el foco en un aspecto de cercanía física que considera significativo. Tanto el imputado como la víctima residen en el mismo edificio. En ese contexto, Echazú Toneatti había extraviado meses antes su billetera con el documento nacional de identidad, una circunstancia que para los investigadores no aparece como un dato menor. En la lógica del caso, esa proximidad territorial alimenta la hipótesis de que el DNI pudo haber sido utilizado por alguien con acceso o conocimiento del entorno inmediato del denunciante.
Desde el inicio, Viola negó las acusaciones. Su defensa sostuvo que sus cuentas bancarias habían sido hackeadas y que, a partir de esa maniobra, se había pagado la suscripción digital utilizada para atacar a Sangenis bajo la identidad de Echazú Toneatti. También habló de una maniobra política. Sin embargo, esa versión no logró desactivar el peso de los peritajes, de los registros bancarios y de los informes técnicos reunidos por el fiscal Chit, que mantuvo firme la imputación.
Ese punto es central para entender por qué fracasó la salida negociada. La acusación considera que no se trata de un episodio confuso ni de un hecho con prueba débil, sino de un caso con una base indiciaria sólida. Por eso, cuando la defensa intentó encauzar el conflicto mediante una reparación, el fiscal exigió condiciones concretas que implicaran, además de una compensación, un reconocimiento institucional del daño causado.
El fracaso de la reparación y el mensaje político de no pedir perdón
Luego de una audiencia de acercamiento, Viola recibió la posibilidad de evitar que el caso siguiera escalando. La propuesta impulsada desde la fiscalía incluía dos ejes: disculpas públicas en el mismo medio donde se difundieron los agravios y una contribución económica de relieve para asistir a los afectados por las inundaciones en el sur de la provincia.
Nada de eso ocurrió en los términos que esperaba la acusación. Al presentar su descargo por escrito, la defensa omitió el pedido de disculpas públicas y ofreció una donación que fue calificada como “absolutamente insuficiente”. Esa respuesta fue interpretada como un incumplimiento frontal de las condiciones mínimas para cerrar la causa por una vía excepcional.
En el expediente, la ausencia de disculpas tiene un valor simbólico y jurídico a la vez. No era un formalismo. Era la pieza que debía mostrar voluntad real de reparación frente a una maniobra que, según la acusación, lesionó el nombre de un ciudadano y además fue utilizada para atacar políticamente a un funcionario municipal. Sin ese gesto, la propuesta quedó vaciada de contenido.
La lectura que hizo la querella fue todavía más dura. Para la representación de Echazú Toneatti, lo presentado por Viola no fue una reparación seria sino un intento de eludir la responsabilidad penal sin reconocer el hecho. Esa interpretación agravó todavía más la situación del secretario de Energía, porque consolidó un rechazo total entre las partes y dejó sin sustento el camino de la conciliación.
En términos políticos, el episodio también dejó una imagen delicada para la gestión provincial. Un funcionario de primera línea del gabinete de Osvaldo Jaldo, lejos de cerrar rápidamente un expediente incómodo, eligió no disculparse y quedó expuesto a seguir imputado en una causa federal. En una provincia donde los gestos pesan tanto como los escritos, el mensaje fue contundente: Viola prefirió sostener su posición defensiva antes que aceptar una rectificación pública que, en otro escenario, habría servido para descomprimir el conflicto.
La querella endurece su postura y el Juzgado Federal debe decidir
La abogada Stella Belén Salas, apoderada de Echazú Toneatti, ratificó su rechazo total a la pretensión de Viola y pidió que el proceso avance “hasta las últimas consecuencias”. La postura de la querella no deja lugar a matices: considera inadmisible que un delito federal pueda ser compensado con una suma baja y sin una admisión pública del agravio.
Desde ese lugar, la representación legal de la víctima viene planteando que la cercanía del imputado con el poder político no debe operar como cobertura, sino como un agravante desde el punto de vista institucional. En otras palabras, cuanto mayor es la responsabilidad pública del acusado, mayor debería ser la exigencia de conducta, transparencia y reparación.
La querella también solicitó que se completen todas las medidas de prueba necesarias para restituir el buen nombre de Echazú Toneatti, quien quedó involuntariamente involucrado en una maniobra de difamación digital. Ese punto no es menor: el expediente no solo discute quién escribió determinados comentarios, sino también quién cargó con las consecuencias de una identidad presuntamente utilizada sin autorización.
Con el dictamen fiscal ya emitido, el margen para nuevas maniobras defensivas parece haberse reducido. La acusación fue formalizada y ahora la atención está puesta en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez subrogante Guillermo Díaz Martínez. Tras la caída de la reparación integral, el siguiente paso natural del expediente es el llamado a indagatoria de Viola.
A partir de allí, el escenario puede volverse todavía más incómodo para el oficialismo provincial. Si el secretario de Energía es indagado y eventualmente procesado, la causa pasará de ser un ruido político a convertirse en un problema institucional concreto para Casa de Gobierno. Y en ese tablero, el hecho de que el funcionario atacado pertenezca a la estructura municipal de Chahla refuerza una sospecha que ya circula en distintos despachos: detrás de la trama judicial hay una disputa más profunda por poder, influencia y control político en la Capital.
Lo que dejó el rechazo de la reparación, en definitiva, es una foto mucho más nítida del conflicto. Viola no quiso pedir disculpas, perdió el beneficio de una salida alternativa y quedó a tiro de una indagatoria federal. Pero, además, el caso terminó revelando algo más grande que una pelea entre nombres propios: expuso una fractura de poder dentro del oficialismo tucumano, con Casa de Gobierno de un lado y la intendencia capitalina del otro. En ese marco, cada movimiento judicial ya tiene, también, lectura política.
