Después de un fin de semana marcado por tres homicidios en Tucumán, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, ensayó una explicación que generó ruido político e institucional. Al referirse a los crímenes, sostuvo que se trata de hechos que reflejan una “sociedad conflictiva”, una frase que puede leerse como un intento de desplazar el foco desde la prevención estatal hacia los comportamientos individuales de los ciudadanos.
El diagnóstico no es menor. En una provincia atravesada por hechos violentos, homicidios en contextos familiares, riñas, armas blancas y hasta un crimen que involucra a un efectivo policial, reducir la explicación a la conflictividad social corre el riesgo de quitarle peso a la responsabilidad del sistema de seguridad.
La violencia social como explicación
Girvau repasó los tres casos ocurridos durante el fin de semana: una pelea dentro de un colectivo que trasladaba trabajadores del limón, un crimen entre hermanos y un homicidio en el que aparece involucrado un policía que, según indicó, estaba fuera de servicio.
En todos los episodios hay un denominador común: conflictos interpersonales que escalaron hasta terminar en muertes. Sin embargo, la función de la seguridad pública no se limita a intervenir después del hecho consumado. También debe trabajar sobre la prevención, los controles, la presencia territorial y la detección temprana de escenarios de riesgo.
Por eso, cuando el jefe policial encuadra los homicidios como expresión de una “sociedad conflictiva”, instala una idea discutible: que la violencia sería, ante todo, un problema social externo a la fuerza. Esa mirada puede servir para describir parte del fenómeno, pero resulta insuficiente cuando quien la expresa es la máxima autoridad policial de la provincia.
Una respuesta que corre al Estado del centro
El punto más sensible de las declaraciones es el lugar en el que queda el Estado. Si los homicidios son presentados principalmente como consecuencias de peleas, discusiones o conductas individuales, la pregunta por las fallas de prevención queda en segundo plano.
La seguridad no puede depender únicamente de la reacción posterior. En Tucumán, la ciudadanía reclama patrullaje, controles, presencia policial efectiva, inteligencia criminal y respuestas antes de que los conflictos terminen en tragedia. En ese marco, el discurso oficial debería explicar qué se hizo, qué no alcanzó y qué se modificará para evitar nuevos hechos.
Incluso en el caso del policía involucrado, Girvau remarcó que el efectivo estaba fuera de servicio y que ya fue apartado de la fuerza. Es una aclaración institucional necesaria, pero también funciona como una forma de tomar distancia del acusado. El problema, sin embargo, sigue siendo grave: una persona formada, armada y perteneciente a la fuerza quedó vinculada a un homicidio.
El contraste con los operativos por el Mundial
Otro tramo de las declaraciones expuso un contraste llamativo. Mientras se describen los homicidios como situaciones propias de una sociedad conflictiva, la Policía anticipa operativos especiales para los partidos de la Selección argentina durante el Mundial, con infantería, patrullas motorizadas y controles sobre el consumo de alcohol en la vía pública.
Ese anuncio demuestra que la fuerza sí puede planificar, anticiparse y desplegar recursos cuando identifica un evento de riesgo. La pregunta inevitable es por qué esa misma lógica preventiva no logra imponerse con mayor eficacia frente a la violencia cotidiana que golpea a los barrios, al transporte, a las familias y a los espacios nocturnos.
Las declaraciones de Girvau dejan una discusión abierta. Tucumán puede ser, efectivamente, una sociedad atravesada por conflictos. Pero la seguridad pública no puede limitarse a señalar ese diagnóstico. La responsabilidad del Estado es intervenir antes, no sólo explicar después.
