El sistema penitenciario tucumano volvió a quedar bajo la lupa nacional. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advirtió sobre denuncias de malos tratos, posibles hechos de tortura, obstáculos a organismos de control y condiciones de detención cuestionadas en los complejos de Benjamín Paz y Delfín Gallo.
La inauguración de esas unidades había sido presentada por el Gobierno provincial como una respuesta estructural a la crisis de alojamiento en comisarías. Sin embargo, el informe nacional plantea que la ampliación de plazas no resolvió por sí sola los problemas de fondo del sistema carcelario tucumano.
Nuevas cárceles, viejas prácticas
El organismo nacional reconoció que Tucumán incrementó su capacidad penitenciaria con la puesta en marcha de Benjamín Paz y Delfín Gallo. Pero también remarcó que construir cárceles no alcanza si no se controlan la sobrepoblación, el uso extendido de la prisión preventiva y la falta de medidas alternativas al encierro.
Según el informe, la primera inspección del CNPT en 2025 tuvo como objetivo verificar las condiciones de detención de las personas trasladadas desde comisarías hacia las nuevas unidades. La intervención se produjo después de que familiares y organizaciones sociales alertaran sobre presuntos hechos de violencia durante los traslados y los ingresos.
Entre los testimonios relevados se mencionan ingresos violentos, permanencia prolongada de detenidos de pie bajo altas temperaturas, amenazas y agresiones físicas. También se describieron golpes en sectores sin videovigilancia y prácticas que, según el organismo, comprometen la integridad física de las personas privadas de libertad.
Obstáculos al control y responsabilidad estatal
Uno de los puntos más graves del informe es el conflicto con los mecanismos de control. El CNPT señaló obstáculos al trabajo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, incluyendo impedimentos para acceder a centros de detención, entrevistar a personas privadas de libertad y obtener documentación.
Ese dato es central porque el control externo no es una formalidad: es una garantía básica frente a posibles abusos en contextos de encierro. Cuando se limita el acceso de organismos de monitoreo, el sistema pierde transparencia y aumenta el riesgo de violencia institucional.
La responsabilidad política e institucional recae sobre el Estado provincial, que tiene a su cargo la custodia de las personas detenidas. La privación de libertad no habilita malos tratos ni regímenes incompatibles con la ley. El Gobierno, el Servicio Penitenciario y las áreas de Seguridad y Derechos Humanos deben garantizar alojamiento digno, atención sanitaria, acceso a la defensa, comunicación familiar y condiciones mínimas de vida.
Una crisis que no se resuelve sólo con obra pública
El caso muestra los límites de una política basada casi exclusivamente en construir más lugares de encierro. Las nuevas unidades pueden descomprimir comisarías, pero no solucionan la crisis si reproducen prácticas abusivas, encierro intensivo, falta de actividades, dificultades para las visitas y restricciones al contacto con el exterior.
El CNPT incluso volvió a Tucumán en noviembre de 2025 por la continuidad de las irregularidades detectadas y por el fallecimiento de una persona en la unidad penal de Benjamín Paz, ocurrido bajo condiciones sobre las que el organismo ya había advertido.
La situación obliga a una respuesta que vaya más allá de los anuncios de infraestructura. Tucumán necesita controles efectivos, investigación de las denuncias, sanciones cuando correspondan y una política penitenciaria que no reduzca el problema a sumar plazas. El encierro bajo custodia estatal exige responsabilidad permanente: cuando una persona queda detenida, el Estado no sólo la vigila; también debe garantizar su vida, su integridad y sus derechos básicos.
