La polémica por la presunta compra de una propiedad millonaria atribuida a la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, dejó de ser un tema exclusivamente tucumano. El caso escaló a medios nacionales, donde la jefa municipal fue mencionada como la “Adorni tucumana”, en alusión a los cuestionamientos públicos por el contraste entre el discurso de austeridad, los ingresos declarados y el acceso a bienes de alto valor.
La intendenta quedó bajo la lupa luego de que se difundieran informes periodísticos y una denuncia judicial por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a una vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, valuada entre U$S 1 millón y U$S 1,2 millones.
Una propiedad de lujo en el centro de la polémica
Según las publicaciones periodísticas que originaron el escándalo, la propiedad estaría emplazada sobre dos lotes del exclusivo barrio privado Las Yungas. La operación habría sido concretada sin crédito hipotecario y con pagos en efectivo, un punto que generó sospechas por el perfil patrimonial de la funcionaria.
La denuncia judicial fue impulsada por dirigentes opositores, que pidieron investigar el origen de los fondos utilizados para la supuesta adquisición. El planteo apunta a determinar si los ingresos de Graneros, quien tiene 29 años y registra trayectoria laboral en el Estado, resultan compatibles con una operación inmobiliaria de esa magnitud.
También fue mencionado en las denuncias el secretario de Hacienda municipal, Ariel Mendelek, señalado por supuestamente haber intervenido en el traslado de parte del dinero. Ese dato, en caso de ser confirmado, agravaría el costado institucional del caso, porque involucraría a un funcionario del área encargada de administrar los recursos del municipio.
El contraste con la realidad social de Graneros
El impacto político se explica por el contraste. Graneros es uno de los distritos más vulnerables de Tucumán, con problemas históricos de infraestructura, caminos, servicios y asistencia social. En ese contexto, la presunta compra de una vivienda de lujo en Yerba Buena provocó indignación entre vecinos y dirigentes.
La polémica también se cruza con otro conflicto sensible: las denuncias contra mujeres de Graneros que reclamaban obras y asistencia después de las inundaciones. Esas vecinas terminaron imputadas por presuntas amenazas, a partir de una presentación realizada por la propia intendenta y su entorno familiar.
Ese doble escenario profundizó el malestar. Por un lado, familias afectadas por temporales reclamando soluciones básicas; por el otro, una funcionaria cuestionada por una propiedad valuada en dólares. Allí aparece el núcleo político del escándalo: no sólo se discute una operación inmobiliaria, sino la distancia entre el poder municipal y las necesidades urgentes de la comunidad.
Un caso que exige explicaciones públicas
Hasta ahora, la intendenta no logró despejar públicamente las dudas centrales: si la propiedad le pertenece, cómo se pagó, cuál fue el origen de los fondos y si hubo participación de funcionarios municipales en la operación. En una provincia golpeada por la crisis económica y con municipios dependientes de fondos públicos, esas preguntas no son menores.
El caso ya ingresó en el terreno judicial, pero también tiene una dimensión política. La sociedad reclama explicaciones claras de quienes administran recursos públicos, más aún cuando se trata de funcionarios de distritos con altos niveles de vulnerabilidad.
La nacionalización del escándalo aumenta la presión sobre Raquel Graneros y sobre el sistema político tucumano. La Justicia deberá determinar si hubo delito. Pero, en términos institucionales, el daño ya está instalado: el caso puso bajo sospecha el patrimonio de una intendenta y volvió a exponer la falta de controles eficaces sobre los funcionarios públicos.
