El dirigente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, denunció un grave episodio de violencia política en la comuna de Delfín Gallo, donde un militante del espacio, identificado como Juan José Aguilera, habría sido interceptado frente a su domicilio por desconocidos armados.
Según el relato difundido por Catalán, dos personas a bordo de un automóvil exhibieron un arma de fuego y le lanzaron una amenaza directa: “Dejá de mostrar videos y de hablar de La Libertad Avanza porque va a correr sangre”. Para el referente libertario, el hecho no puede leerse como una pelea menor ni como un cruce propio de la campaña, sino como un intento de disciplinamiento mediante el miedo.
Catalán calificó el episodio como de “enorme gravedad institucional” y sostuvo que los tucumanos “están cansados de los aprietes, de los patoteros y de quienes creen que el poder les pertenece”. En esa línea, remarcó que “no es una discusión de ideas”, sino una amenaza orientada a silenciar a quienes se animan a levantar la voz.
Antecedentes que agravan el clima político
La denuncia en Delfín Gallo se suma a una serie de episodios que, en los últimos meses, encendieron luces de alarma sobre el deterioro de la convivencia democrática en la provincia. En marzo, el diputado nacional Federico Pelli, también de La Libertad Avanza, fue agredido en La Madrid mientras participaba de una recorrida solidaria por las zonas afectadas por las inundaciones. El ataque, que le provocó una fractura nasal, derivó en una causa judicial contra Marcelo “Pichón” Segura.
También durante el proceso electoral de 2025, dirigentes opositores denunciaron presuntas maniobras de presión política en comunas rurales. Uno de los casos más resonantes fue el de Gobernador Garmendia, donde el comisionado Marcelo Salazar fue acusado de condicionar la continuidad laboral de empleados comunales al voto por el oficialismo provincial.
A ese antecedente se sumó la denuncia del legislador José Seleme, de Avanza Tucumán, quien afirmó haber recibido mensajes intimidatorios luego de convocar a una marcha contra el IPLA. Para distintos sectores de la oposición, estos hechos muestran un patrón preocupante: amenazas, aprietes, ataques físicos y presiones laborales como herramientas para condicionar la participación política.
Protestas bajo tensión y una respuesta pendiente
El cuadro institucional también se completa con episodios de represión o violencia en protestas sociales y gremiales. En La Madrid, vecinos que reclamaban obras hídricas tras las inundaciones denunciaron golpes, balas de goma y un operativo policial desmedido durante una manifestación sobre la ruta 157. En Concepción, trabajadores bancarios nucleados en La Bancaria denunciaron que Infantería reprimió una protesta frente al Banco Patagonia, en medio de reclamos por hostigamiento laboral. Y en la sede del PAMI Tucumán, una protesta de jubilados por la falta de atención derivó en incidentes con la Policía.
En ese contexto, la amenaza denunciada contra Aguilera aparece como un nuevo llamado de atención. La gravedad institucional no está dada solamente por el uso de un arma o por la frase intimidatoria, sino por el mensaje político que deja instalado: que opinar, militar, fiscalizar o denunciar puede tener consecuencias personales.
Frente a este escenario, la respuesta estatal no puede agotarse en comunicados de repudio. La Justicia deberá investigar el hecho, identificar a los responsables y garantizar protección a la víctima. Pero además, la dirigencia tucumana enfrenta un desafío mayor: evitar que la violencia, los aprietes y la represión se naturalicen como parte del paisaje político provincial.
