La denuncia penal presentada por Gonzalo Heredia y Santiago Flores, dos referentes de La Libertad Avanza en Tucumán, abrió un frente judicial y político de alto voltaje en la provincia. El caso no sólo involucra a la subsecretaria de Prensa y Difusión del Gobierno, Mariana Lucenti, y al responsable del medio digital Tucumán Registrado, Agustín Clar, sino que además expone un planteo mucho más amplio: los denunciantes sostienen que fueron blanco de una maniobra de intimidación con trasfondo político, que el episodio fue amplificado de manera deliberada en redes sociales y que, después de esa difusión, comenzaron a sufrir situaciones de acoso y persecución.
La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y está formulada como una denuncia penal con pedido de medidas urgentes de protección. En el escrito, Heredia y Flores se presentan como “representantes ideológicos y afiliados activos” de La Libertad Avanza en Tucumán y enmarcan lo ocurrido dentro de un “contexto político” que, según afirman, viene escalando en violencia en los últimos tiempos. Esa caracterización le da a la causa una dimensión que va más allá de un conflicto entre particulares: los denunciantes intentan instalar que lo sucedido no fue un hecho aislado, sino parte de un clima de confrontación que, a su entender, pone en riesgo su integridad y la de otros miembros del espacio libertario.
Qué dice concretamente la denuncia y cuál es el episodio central
El núcleo de la presentación judicial gira en torno a un hecho ocurrido, según el escrito, el 1 de abril de 2026. Heredia y Flores señalan que ese día tomaron conocimiento de un video difundido desde una cuenta vinculada a Tucumán Registrado, en el que se habría exhibido un recorte de una conversación privada. De acuerdo con la denuncia, en ese intercambio aparecían mensajes atribuidos a Mariana Lucenti con frases que ellos interpretan como amenazantes.
El texto judicial reproduce el tramo que consideran más sensible. Allí se consigna que, desde un perfil identificado con el nombre de la funcionaria, se habría leído una frase que incluía la expresión “los voy volver locos” y una secuencia en la que se mencionaba primero a Flores y luego a Heredia. Siempre según la denuncia, ante ese mensaje Lucenti habría respondido “Bárbaro”. A partir de esa escena, los denunciantes sostienen que existió una acción coordinada para exponer ese contenido y que la finalidad fue infundir temor.
En el escrito, Heredia y Flores afirman que el material fue publicado desde un perfil con acceso restringido a sus administradores y remarcan la capacidad de alcance del medio digital involucrado. Incluso consignan la cantidad de seguidores de las cuentas de Instagram asociadas a Clar y a Tucumán Registrado, con el objetivo de reforzar la idea de que la difusión no fue marginal, sino masiva. Para los denunciantes, ese punto es central porque entienden que la amenaza no se agotó en el supuesto contenido del mensaje, sino que se potenció por el modo elegido para su circulación pública.
Otro aspecto importante del relato es la interpretación política que hacen de la secuencia. En la denuncia, ambos sostienen que el mensaje no debe leerse de manera aislada, sino dentro de una cadena de episodios previos que, según ellos, afectaron a dirigentes libertarios. Por eso el escrito habla de una situación de “violencia en escalada” y deja planteado que podría haber otros responsables o nuevos hechos a incorporar con el avance de la investigación.
El planteo judicial: amenazas, pedido de protección y secuestro de teléfonos
En términos penales, la presentación menciona como punto de partida el delito de amenazas simples, aunque aclara que esa calificación sería provisoria y que los hechos podrían derivar en figuras más graves a medida que avance la pesquisa. Esa aclaración no es menor: los denunciantes buscan dejar asentado desde el inicio que, a su criterio, la conducta atribuida a Lucenti y Clar excede un simple exabrupto o una expresión aislada y que podría existir un entramado más amplio detrás de la difusión del material.
Por eso, además de formular la denuncia, Heredia y Flores pidieron medidas de protección urgentes. En concreto, solicitaron restricciones de acercamiento, prohibición de actos de turbación, hostigamiento o intimidación, tanto de manera directa como a través de terceros, y reclamaron que esas limitaciones también alcancen a redes sociales y medios digitales. El pedido apunta a fijar una distancia mínima de 500 metros y por un plazo de seis meses. La presentación se apoya en las normas procesales locales y en la ley de víctimas para fundamentar la solicitud.
El escrito también va más allá de la protección personal. Los denunciantes reclamaron allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de Lucenti y Clar. La razón que exponen es que la conversación exhibida públicamente no sería, según su hipótesis, el único intercambio entre ambos y que de esos aparatos podrían surgir nuevas pruebas, otros participantes o incluso otros delitos. En otras palabras, pretenden que la Justicia preserve de inmediato la evidencia digital para evitar que sea alterada, borrada o perdida antes de que se profundice la investigación.
Además, Heredia y Flores dejaron expresa reserva de constituirse en querellantes. Esa decisión muestra que no buscan limitarse al rol de denunciantes, sino que evalúan involucrarse activamente en el expediente para impulsar medidas de prueba y controlar el desarrollo del proceso. También pidieron fecha para ampliar o ratificar la denuncia, lo que deja abierta la posibilidad de sumar más elementos en los próximos pasos judiciales.
