La escena se repite cada vez que llueve y, por eso mismo, ya no puede presentarse como una contingencia excepcional. En Leales, los colectivos volvieron a quedar varados en el barro y muchos chicos no pudieron llegar a la escuela, en un cuadro que expone el pésimo estado de los caminos y el deterioro de la red vial en el interior tucumano. La denuncia fue difundida este 21 de abril y se suma a una seguidilla de episodios similares registrados durante las últimas semanas en distintos puntos de la provincia.
El problema no es sólo de transporte: cuando un colectivo no puede avanzar, lo que queda interrumpido es el acceso a un derecho básico. En Tucumán, después del temporal de comienzos de abril, el propio Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en 96 escuelas del interior por caminos anegados, daños edilicios y dificultades de acceso. Es decir, la situación de Leales no aparece como una rareza, sino como parte de un colapso más amplio de infraestructura que castiga sobre todo a las zonas rurales.
El Gobierno ya no puede escudarse en la herencia
Frente a esta postal de abandono, el argumento de la herencia pierde cada vez más fuerza. No se trata de una administración recién llegada ni de un problema heredado de otro signo político: el peronismo gobierna Tucumán desde hace dos décadas y Osvaldo Jaldo forma parte central de esa estructura desde hace años, primero como ministro, luego como vicegobernador y desde octubre de 2023 como gobernador.
Por eso, cuando las rutas provinciales se vuelven intransitables y los chicos quedan sin clases, la responsabilidad política ya no puede correrse hacia atrás. Lo que ocurre en Leales muestra el resultado de una desatención sostenida, no de un accidente aislado. El oficialismo provincial administra la obra pública, las áreas viales y la respuesta territorial desde hace años, y aun así los vecinos siguen dependiendo del clima para saber si habrá clases o no.
No es sólo barro: es el fracaso de una gestión que se repite
En el fondo, lo que pasa en Leales desnuda algo más profundo que un camino roto. Expone un modelo de gestión que naturalizó que en el interior los alumnos pierdan días de escuela, que los docentes queden aislados y que el transporte público funcione hasta donde el barro lo permita. Cuando eso se vuelve costumbre, ya no se está ante una emergencia climática, sino ante un fracaso estatal.
La crítica no pasa sólo por la falta de obras, sino por la persistencia de una lógica política que gobierna hace años y sigue ofreciendo excusas frente a problemas estructurales que nunca resolvió. En Leales, una vez más, los que pagan las consecuencias son los de siempre: familias del interior, trabajadores y chicos que quedan fuera del aula porque la provincia no garantiza algo tan básico como un camino transitable.
