Hay una contradicción que incomoda y que en Tucumán no debería pasar inadvertida. José “Mellizo” Orellana fue condenado por abuso sexual, tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, aun así, volvió a aparecer en actividades ligadas al poder local, presentado como expositor sobre liderazgo, motivación y valores. No se trata de una discusión menor ni de una anécdota de redes sociales: se trata de la calidad institucional de una provincia donde a cualquier ciudadano que quiera entrar al Estado se le exige certificado de buena conducta, pero donde una figura con condena firme puede seguir orbitando espacios políticos y municipales.
Una condena firme que no deja lugar para relativizaciones
El punto de partida no admite maquillajes. La Corte Suprema dejó firme en mayo de 2025 la condena a tres años de prisión en suspenso contra Orellana por abuso sexual simple. El hecho juzgado ocurrió en noviembre de 2016, cuando, según lo acreditado en el proceso, abordó a una secretaria dentro de un anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, la abrazó y la besó en la oreja mientras se valía de su posición de poder. La sentencia no sólo incluyó la pena y la incorporación de su perfil genético al registro correspondiente: también estableció la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Por eso, lo que vuelve especialmente delicada su reaparición no es sólo su regreso a la escena, sino el modo en que ese regreso se produce. Orellana no reapareció como un particular dando vuelta la página en silencio, sino como una figura con centralidad política, convocada para hablar de conducción, superación y valores. Y ahí es donde la gravedad institucional se vuelve evidente: cuando una condena de esta naturaleza deja de ser un límite real para seguir integrando, aunque sea por vías indirectas, el ecosistema del poder.
La estructura municipal sigue funcionando como plataforma
La polémica crece porque su reaparición no ocurrió en un ámbito privado sin conexión política, sino en actividades vinculadas a la Municipalidad de Famaillá, distrito donde el apellido Orellana conserva peso específico y donde actualmente gobierna su hermano, Enrique Orellana. La difusión pública de encuentros de “liderazgo y motivación” con José Orellana, impulsados desde espacios de comunicación ligados a la intendencia, muestra que el corrimiento formal del cargo no necesariamente implicó una salida efectiva del dispositivo político.
Ese es el núcleo del problema. La inhabilitación perpetua le impide ejercer cargos públicos, pero no borra la posibilidad de seguir gravitando desde los márgenes del organigrama, a través de charlas, actos, convocatorias o construcción de liderazgo. Y aunque en términos estrictamente legales no se trate de una designación formal, en términos institucionales sí hay una señal preocupante: el municipio aparece como caja de resonancia para reposicionar a un dirigente condenado por abuso sexual.
No es un detalle menor que esa reaparición se produzca, además, en un formato simbólicamente sensible. No vuelve para una tarea técnica ni para una intervención aislada, sino para hablar de liderazgo y valores. Allí la contradicción se vuelve todavía más áspera, porque el mensaje público que se proyecta es que la condena no impide seguir ocupando lugares de referencia política o moral dentro de una estructura territorial de poder.
El respaldo de una senadora y el contraste con lo que se le exige a cualquier ciudadano
La situación se vuelve todavía más fuerte por el acompañamiento político y personal que lo rodea. Sandra Mendoza, esposa de Orellana y actual senadora nacional por Tucumán, no sólo sigue siendo una figura central en el entramado de poder del espacio: también lo respaldó públicamente. Esa cobertura política agrega otra capa al problema, porque la rehabilitación de imagen no ocurre en los márgenes, sino con aval de una dirigente que ocupa una banca en el Congreso.
Ahí aparece el contraste que más ruido hace. Para ingresar a la administración pública provincial tucumana, el propio Estado exige acreditar idoneidad moral mediante certificado de buena conducta. Es decir: a un empleado raso, a un ingresante común, se le pide una vara mínima de antecedentes y conducta para formar parte del aparato estatal. Sin embargo, cuando se trata de dirigentes con poder, apellido, estructura y redes, esa exigencia parece diluirse en la práctica política.
La discusión, entonces, ya no pasa sólo por Orellana. Pasa por el mensaje que transmite el sistema. Porque una cosa es el derecho de cualquier persona a rehacer su vida fuera del Estado, y otra muy distinta es permitir que un condenado con inhabilitación perpetua siga siendo promovido en actividades asociadas al municipio y acompañado por figuras con representación institucional. Si la vara de la buena conducta vale para el ciudadano común, no puede desaparecer cuando entra en juego el poder.
