Ruth Nadal, la directora de una escuela de Simoca que fue detenida en mayo de 2025 durante un acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, escuchará sentencia el próximo miércoles en el Centro Judicial de Monteros. La mujer podría recibir una condena de un año de prisión de ejecución condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo en prisión.
Nadal está acusada por el delito de resistencia a la autoridad en concurso real con lesiones leves contra Katerin Johana Romano, la policía que intervino en su detención durante la ceremonia por los 69 años de la municipalización de Simoca.
El caso quedó atravesado por una fuerte controversia política y judicial: mientras la acusación sostiene que la docente alteró el acto y agredió a una agente, la defensa afirma que fue víctima de una detención arbitraria por intentar expresarse durante una actividad oficial.
La acusación: resistencia, gritos y agresión a una policía
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Nadal habría desplegado una conducta “progresivamente violenta” durante el acto. El planteo sostiene que la mujer alteró el normal desarrollo de la ceremonia, desobedeció órdenes legítimas y finalmente ejerció violencia física contra una agente policial.
El auxiliar de fiscal José Adle, de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, dirigida por Marcelo Leguizamón, sostuvo durante el juicio que la docente gritó frases contra las autoridades, entre ellas que “todos eran corruptos” y que “roban la plata del pueblo”.
También afirmó que Nadal filmaba de manera “invasiva” a los policías que participaban del operativo de seguridad. Bajo esa hipótesis, la Fiscalía pidió que se la condene a un año de prisión condicional.
La defensa: una detención arbitraria y un mensaje disciplinador
La defensa de Nadal presentó una versión completamente distinta. Su abogado, Benjamín Núñez Arévalo, sostuvo que la docente no cometió ningún delito y que, por el contrario, se defendió de una detención que calificó como arbitraria e ilegal.
El defensor advirtió que una condena en este caso implicaría avanzar en la “criminalización del disenso político”. Según su planteo, Nadal no representaba un peligro ni había cometido una conducta delictiva, sino que fue detenida por intentar manifestarse en un acto público encabezado por el gobernador.
Núñez Arévalo remarcó además que la mujer permaneció 48 horas privada de la libertad y que luego fue estigmatizada públicamente como “la directora loca que intentó llegar al gobernador”. Por esos motivos, pidió la absolución lisa y llana de su defendida y sostuvo que el caso debe analizarse como una violación a los derechos humanos.
El miércoles, Nadal podrá pronunciar sus últimas palabras ante el juez Marcos Núñez Campero. Luego de escucharla, el magistrado dictará sentencia en una causa que volvió a poner en debate los límites entre el orden público, la protesta y el derecho a cuestionar al poder político.
