La tragedia que dejó el último temporal en Tucumán ya empezó a tener una derivación política directa sobre la gestión de Rossana Chahla. Lo que hasta hace horas aparecía como una secuencia de anegamientos, autos arrastrados por el agua y escenas de desesperación en distintos puntos de la capital, ahora se convirtió en una exigencia concreta del Concejo Deliberante: que la intendenta vaya, hable y explique qué se hizo para prevenir inundaciones y por qué la ciudad volvió a exhibir su fragilidad estructural frente a una lluvia intensa.
La ofensiva política no llega sólo desde un sector. José María Canelada y Gustavo Cobos anticiparon que presentarán un proyecto de resolución para que Chahla comparezca ante el cuerpo y detalle qué medidas se adoptaron, qué planificación existe y cuál es el plan concreto para evitar que estas escenas vuelvan a repetirse. En paralelo, los concejales Carlos Ale y Ana González, del bloque PJS, también reclamaron explicaciones, mayor control municipal y una presencia política más visible de la jefa municipal frente a la familia de una de las víctimas.
El dato más incómodo para la intendenta es que el reclamo ya no se limita a la emergencia, sino que apunta al corazón de la gestión: la prevención. Porque si las lluvias fueron extraordinarias, como admitieron distintos funcionarios, también es cierto que los problemas de desagües, anegamientos y puntos críticos en la capital no son nuevos, ni desconocidos, ni sorpresivos. Y esa es exactamente la línea sobre la que ahora la oposición y otros sectores del Concejo buscan correr a Chahla del terreno de la conmoción para llevarla al de las responsabilidades.
El temporal destrozó el argumento de la sorpresa
La gravedad del contexto explica por qué el pedido de explicaciones tomó tanta fuerza. Según la cobertura periodística de las últimas horas, el temporal dejó barrios anegados, vehículos arrastrados y tres muertes en la provincia. A eso se sumó una admisión oficial especialmente sensible: el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, reconoció que la magnitud del fenómeno superó las previsiones y que, por la cantidad de agua caída, el episodio debió haber sido catalogado como alerta roja y no amarilla. También se informó que en algunos sectores se registraron más de 200 milímetros en un lapso de pocas horas.
Ese reconocimiento golpea de lleno sobre cualquier intento de cerrar la discusión con la sola idea de un evento excepcional. Que la lluvia haya sido extraordinaria no cancela el debate sobre cómo se prepara una ciudad que sabe, desde hace años, que los eventos climáticos son cada vez más violentos. Por el contrario, lo profundiza. Porque si el fenómeno superó los modelos, la pregunta política pasa a ser si el municipio trabajó con mapas de riesgo, prioridades claras, mantenimiento suficiente y obras enfocadas en los sectores históricamente vulnerables.
Allí aparece el primer flanco crítico para Chahla. Su respuesta pública, hasta aquí, estuvo más enfocada en el dolor por las víctimas, en remarcar la responsabilidad individual y en pedir que la gente no salga durante una tormenta. La intendenta calificó lo ocurrido como una “fatalidad tremenda”, pidió reforzar la prevención y sostuvo que “no hay que salir de una casa o de una fiesta en medio de una tormenta”. También aseguró que el municipio pondrá a disposición información técnica sobre cómo se trabajó en el lugar donde ocurrió uno de los hechos.
Sin embargo, esa explicación dejó un margen de incomodidad política evidente. Porque en medio de una ciudad otra vez desbordada, poner el foco en la conducta individual puede sonar insuficiente, e incluso defensivo, cuando lo que se discute es si el Estado local estaba o no en condiciones de reducir riesgos en zonas críticas. En otras palabras: la tragedia abrió una pregunta que ya no se responde sólo con condolencias, ni con advertencias a la población, ni con la apelación al cambio climático. Se responde con obras, mantenimiento, planificación y resultados. Y eso es lo que ahora le exigirán en el Concejo.
El Concejo quiere a la intendenta sentada frente a las preguntas
La avanzada más directa la anunciaron Canelada y Cobos. Ambos plantearon que no se puede naturalizar que cada tormenta fuerte convierta a la ciudad en “una lotería” y remarcaron que gobernar también implica anticiparse. El proyecto que impulsarán busca que Chahla informe qué se hizo, qué no se hizo y qué se hará de ahora en más. No es un detalle menor: el pedido no apunta solamente a lo ejecutado durante el temporal, sino también al saldo de estos más de dos años de gestión frente a un problema histórico.
Los concejales recordaron además que en 2024 ya habían realizado presentaciones junto a vecinos de los barrios Modelo, Kennedy y Ampliación Kennedy por problemas de anegamientos, desagües y falta de respuestas. Esa referencia refuerza el argumento de que la crisis actual no puede ser presentada como un episodio aislado. Según su planteo, hay sectores de la ciudad que se inundan desde hace años, por lo que la discusión ya no pasa por diagnosticar el problema, sino por explicar por qué sigue sin resolverse.
Canelada y Cobos también fueron especialmente duros con el enfoque municipal. Advirtieron que no alcanza con mencionar la limpieza de canales o de imbornales si no existe una política integral de prevención, mantenimiento, obras e intervención en puntos críticos. Y allí tocaron un nervio central de la gestión de Chahla: la distancia entre el discurso operativo del municipio y la persistencia del problema en la vida real de los vecinos. Cuando el agua entra a las casas, cuando un comerciante pierde la jornada o cuando una familia debe afrontar arreglos que no puede pagar, el argumento del operativo ya no basta.
Por su parte, Ale y González sumaron una presión distinta, pero complementaria. Los ediles del PJS no sólo reclamaron controles y prevención. También dijeron que una situación así no puede tratarse como un hecho aislado ni inevitable y apuntaron directamente a Chahla al sostener que esperaban que hubiera estado presente junto a la familia afectada. “Es momento de dar la cara, escuchar y hacerse cargo”, señalaron, en una frase que resume el clima político que empieza a rodear a la intendenta.
Ese es, probablemente, el punto más delicado para la jefa municipal. Porque el Concejo ya no parece dispuesto a conformarse con partes de prensa ni con balances generales. Lo que está reclamando es una comparecencia política, pública y con respuestas precisas: qué trabajos se hicieron, cuáles están en marcha, qué zonas fueron priorizadas y con qué criterio se actuó. Es decir, no una puesta en escena de la emergencia, sino una rendición de cuentas.
Entre el relato del operativo y la realidad de una ciudad vulnerable
La tensión se vuelve todavía más notoria cuando se revisa lo que el propio municipio venía comunicando semanas atrás. El 11 de marzo, la Municipalidad informó que había desplegado más de 100 operarios en distintos barrios afectados por anegamientos, con camiones Vactor, tareas de desagote, limpieza de desagües, poda y supervisión en zonas comprometidas como Ampliación Alejandro Heredia, 2 de Abril, Nueva Esperanza, 360 Viviendas y Policial 4. Funcionarios municipales llegaron a afirmar que la prevención y la limpieza se realizaban “los 365 días del año”.
Ese antecedente hoy juega en contra de la intendenta. No porque el operativo no haya existido, sino porque expone una contradicción difícil de esquivar: si había despliegue, maquinaria, monitoreo y prevención permanente, ¿por qué la capital volvió a mostrar autos flotando, vecinos desesperados y zonas colapsadas? Esa pregunta no invalida el esfuerzo de asistencia posterior, pero sí golpea sobre la eficacia de la estrategia previa. Y es justamente la clase de interrogante que el Concejo promete poner sobre la mesa.
En rigor, el problema de fondo para Chahla no es sólo técnico. Es político. Porque después del temporal quedó instalada la sensación de que la gestión municipal reaccionó, pero no logró convencer de que estuviera realmente adelantada al problema. La propia discusión pública se desplazó muy rápido hacia esa zona: menos debate sobre la excepcionalidad de la lluvia y más preguntas sobre una infraestructura urbana que parece no estar a la altura de una crisis que ya dejó de ser extraordinaria para convertirse en recurrente.
El gobernador Osvaldo Jaldo, al encabezar el Comité de Emergencia, habló de precipitaciones extraordinarias, detalló que en San Miguel de Tucumán se registraron entre 100 y 150 milímetros y describió el impacto provincial del temporal. Pero en el caso de la capital, la presión política tiene un destinatario claro: la intendenta. Porque si el Gobierno provincial puede escudarse en la dimensión general del fenómeno, el municipio debe dar explicaciones concretas sobre desagües, limpieza, escurrimiento, control territorial y obras urbanas.
Por eso, la discusión que se abre en el Concejo puede marcar un punto de inflexión. Si Chahla va y responde con datos, cronogramas, prioridades y autocrítica, podrá intentar recuperar iniciativa. Pero si elige el repliegue, las generalidades o el argumento de que todo fue imprevisible, corre el riesgo de quedar atrapada en una imagen que ya empezó a consolidarse entre sus críticos: la de una gestión que habla de prevención, pero que cada vez que llueve fuerte vuelve a correr desde atrás.
