Un acuerdo del Tribunal de Cuentas de Tucumán reveló que la Caja Popular de Ahorros abrió una investigación interna, suspendió las extracciones de dinero por ventanilla y presentó una denuncia penal para esclarecer una serie de movimientos en efectivo realizados entre abril de 2025 y marzo de 2026.
El procedimiento comenzó después de que el Banco Macro solicitara información detallada sobre las extracciones, en cumplimiento de las normas de la Unidad de Información Financiera que obligan a controlar el destino de los fondos administrados por organismos públicos. El requerimiento comprendió los nombres de los beneficiarios, los motivos de los pagos y la documentación respaldatoria.
La cifra total no aparece consignada en el Acuerdo N.º 2663 del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, documentación atribuida al requerimiento bancario y difundida ubicó los retiros en $21.105.019.379,18 durante los doce meses analizados.
La explicación inicial: los fondos habrían sido destinados a salarios
Según el documento oficial, el gerente general de la Caja Popular informó el 5 de junio que las extracciones correspondían al pago de los haberes del personal, de acuerdo con la modalidad utilizada habitualmente por la institución.
El funcionario aseguró que las erogaciones estaban respaldadas por la documentación contable y administrativa correspondiente. Sin embargo, el área legal observó que la respuesta había sido enviada directamente por correo electrónico, sin intervención previa de los órganos de administración y gobierno de la entidad.
La conducción de la Caja pidió entonces al Banco Macro que remitiera los detalles de las cuentas, los cheques utilizados, los requisitos exigidos para las firmas institucionales y los restantes elementos vinculados con las operaciones.
La intervención también ordenó suspender las extracciones por ventanilla, salvo aquellas autorizadas expresamente mediante la firma conjunta de las autoridades correspondientes. La medida se extendió a todas las entidades bancarias con las que opera la institución.
De acuerdo con la información publicada posteriormente, el interventor Guillermo Norry reconoció que una parte del personal cobra en efectivo y que algunos premios también se pagan de esa manera. No obstante, aclaró que esa modalidad no alcanza por sí sola para justificar la totalidad de los movimientos investigados.
Sumario, auditorías y una denuncia penal
La Resolución de Intervención N.º 466/26 dispuso la apertura de una información sumaria para determinar si existieron faltas, irregularidades o incumplimientos en las extracciones por ventanilla, los retiros en efectivo, la utilización de cheques y cualquier otra modalidad relacionada.
Como instructores fueron designados Antonio Ricardo Chebaia y Juan Carlos Ovejero, quienes tendrán un plazo de 30 días hábiles para elaborar sus conclusiones. La investigación contará con la asistencia de las áreas de Auditoría Interna y Auditoría Externa de la Caja Popular.
La resolución también ordenó presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de un delito contra la administración pública provincial. Esta decisión no implica que ya se haya acreditado una conducta delictiva ni que existan responsables determinados.
Además, mediante otra resolución, la intervención facultó a los gerentes Financiero y Comercial para registrar sus firmas en los bancos y efectuar operaciones necesarias para el funcionamiento cotidiano, como el pago de prestadores y proveedores, la emisión de cheques y el manejo de cuentas corrientes.
El Tribunal de Cuentas consideró que esas disposiciones constituyen medidas internas de resguardo patrimonial y organización operativa. Por esa razón, tomó conocimiento de ellas, pero aclaró que no se trataba todavía de actos sujetos al control preventivo del gasto.
El Tribunal exigió conocer las conclusiones
El organismo de control provincial puso especial atención en el sumario porque sus resultados podrían revelar un eventual perjuicio al patrimonio del Estado.
Por ese motivo, ordenó que la Caja Popular remita el acto administrativo que disponga la clausura o finalización definitiva de la investigación, junto con todas sus conclusiones. La documentación deberá ser enviada dentro de los cinco días posteriores a la resolución interna.
El Tribunal recordó que tiene competencia exclusiva para determinar responsabilidades administrativas, formular cargos y aplicar sanciones cuando se detectan daños ocasionados a los fondos públicos.
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía avanzará de manera independiente. El propio acuerdo aclara que la actuación del Ministerio Público Fiscal no reemplaza ni desplaza el análisis administrativo y patrimonial del Tribunal de Cuentas.
El caso también generó cuestionamientos porque el 1 de junio, antes de que se conociera públicamente el conflicto, el Gobierno provincial había informado que la Caja Popular realizó su capacitación anual contra el lavado de activos. En esa oportunidad, el subinterventor Antonio Bustamante aseguró que la institución cumplía con los estándares de la UIF y que contaba con un oficial encargado de supervisar las normas internas.
La sucesión de hechos dejó ahora una pregunta central: quiénes fueron los destinatarios de cada pago y qué documentación respalda las extracciones. Hasta que concluyan el sumario, las auditorías y la investigación penal, no puede afirmarse que los fondos hayan sido desviados. Sin embargo, la suspensión de las operaciones, la denuncia y la intervención del Tribunal muestran que las explicaciones iniciales no fueron suficientes para cerrar el caso.
